La Encuesta de Condiciones de Vida de la Población Venezolana (Encovi) 2017 reveló que solo 80% de los venezolanos desayuna. Las carnes, hortalizas, lácteos y harina de maíz desaparecieron de la dieta. Tres de cada cuatro estudiantes no asiste a clases porque no tiene qué comer.
Por los efectos de la inflación, la pobreza reciente aumentó hasta 56% en 2017, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población Venezolana (ENCOVI).
El programa de trasplantes del Servicio de Nefrología está paralizado desde junio de 2017. No hay inmunosupresores, antibióticos ni otras medicinas vitales para los niños trasplantados y con insuficiencia renal. ¡Queremos soluciones! gritaron los representantes.
“Nuestro deber, además de servir a la comunidad y custodiar la comida, es apoyar al gobierno y ser voceros de su proyecto”, relata la delegada del gobernador del estado Vargas para la distribución de alimentos a precios subsidiados en el sector Las Perlas, en Maiquetía
Padres de varios jóvenes asesinados durante las manifestaciones de abril de 2017 exigen justicia. Aseguran que continuarán luchando porque cada caso sea resuelto y que se determinen las responsabilidades. Califican los hechos como ajusticiamientos extrajudiciales.
Los miembros de los Comités Locales de Abastecimiento deben demostrar absoluta fidelidad al oficialismo. Los que reciben alimentos a precios subsidiados también quedan obligados a respaldar “la revolución” incondicionalmente. La comida barata se paga con apoyo electoral al gobierno
Durante la “Concentración por la vida”, Codevida solicitó a la Asamblea Nacional abrir una investigación que determine la responsabilidad individual por la falta de medicamentos e insumos médicos que ha ocasionado una “devastadora crisis de salud” en el país. Más de 300.000 personas dependen de medicamentos que suministra el IVSS
El Estatuto de Roma no precisa plazos para el eventual enjuiciamiento penal de venezolanos por los excesos cometidos durante la represión de las protestas antigubernamentales de 2017. Sin embargo, las violaciones de derechos humanos son imprescriptibles.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los representantes de la víctima (Cofavic y Cejil) han emplazado al máximo tribunal hemisférico a hacer una calificación jurídica justa de los los hechos que truncaron el proyecto de vida de la joven y de sus familiares
La mujer de 35 años que sufrió graves violaciones, tortura y golpizas a manos de Luis Carrera Almoina, entre el 27 de marzo y el 19 de julio de 2001, alzó su voz ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Es importante que valoren mi testimonio. Vine aquí porque confío en este sistema”, expresó
Representantes de organizaciones de promoción y defensa de los derechos de la mujer se concentraron en la plaza Juan Pablo II, en Chacao, en apoyo a Linda Loaiza López Soto, mientras la joven ultrajada hace 16 años comparecía ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
La Asociación Civil Sures, Estudios y Defensa en Derechos; la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin); el Comité de Víctimas de Venezuela; el Centro Juvenil de Derechos Humanos; y la Asociación Nacional de Consejeros de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Asonacop) serán oídas por los comisionados en la sesión prevista para el 27 de febrero de 2018.
Las áreas de hematología y quirófano del Hospital de Niños J.M. de Los Ríos no tienen aire acondicionado, lo que preocupa a los familiares de los pacientes porque las intervenciones quirúrgicas se han postergado y el riesgo de contraer enfermedades se incrementa.
La periodista venezolana relató a Proiuris que tuvo sentimientos encontrados cuando supo que sería condecorada por su lucha en defensa de la libertad de expresión. “No sabía cómo hacer para no convertir en celebración aquello cuyo germen es la lamentable situación de mi país”, dijo.
El director general de la ONG Proiuris cuestionó “el silencio absoluto” que han mantenido el fiscal general de la República, Tarek William Saab, y el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz.
La organización internacional cuestionó el uso que se ha dado a la Asamblea Nacional Constituyente para promulgar leyes que sancionan penalmente mensajes críticos al gobierno.
Globovisión no ha ofrecido información oficial sobre la situación.
106 de los casos tienen como móvil el robo de arma de fuego a los efectivos. La fundación calificó la cifra como alarmante ante la situación del país.
