La Asociación Civil Sures, Estudios y Defensa en Derechos; la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin); el Comité de Víctimas de Venezuela; el Centro Juvenil de Derechos Humanos; y la Asociación Nacional de Consejeros de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Asonacop) serán oídas por los comisionados en la sesión prevista para el 27 de febrero de 2018
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Cinco organizaciones venezolanas vinculadas con el oficialismo participarán en una audiencia denominada “Empresas y derechos humanos en Venezuela”, que ha sido convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como parte del 167 período de sesiones que se llevará a cabo entre el 22 de febrero y el 2 de marzo, en Bogotá.
La Asociación Civil Sures, Estudios y Defensa en Derechos; la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin); el Comité de Víctimas de Venezuela; el Centro Juvenil de Derechos Humanos; y la Asociación Nacional de Consejeros de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Asonacop) serán oídas por los comisionados en la sesión prevista para el 27 de febrero de 2018.
Las audiencias públicas han servido para que las organizaciones de la sociedad civil venezolana puedan informar directamente a la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en el país y el Estado venezolano de respuestas a las denuncias que se formulan. Es un espacio de interlocución especialmente valioso en vista de que el Estado venezolano ha rechazado reiteradamente la posibilidad de que los organismos del sistema interamericano visiten el país y obtengan información por sus propios medios.
Jóvenes con “el proceso”
Según su página de Facebook, la Fundación Centro Juvenil de Derechos Humanos “es una ONG constituida el 29 de Noviembre de 2012 con el aporte económico, material y humano de un equipo promotor y posteriores miembros fundadores, para contribuir en la promoción de los derechos fundamentales de la población juvenil venezolana”.
Además se señala que “todos los miembros de la organización son jóvenes profesionales y estudiantes universitarios de las diversas áreas del conocimiento, altamente sensibilizados con las causas y problemas sociales, formados académicamente y o vinculados a los temas de derechos humanos”.
La organización está presidida por Denis Guédez, quien apoyó la instauración de la Asamblea Nacional Constituyente promovida por el oficialismo al margen de la Constitución. En declaraciones difundidas por la agencia estatal de noticias AVN aseguró que parlamentarios de oposición fomentan la violencia.
En fotos posteadas el 14 de julio de 2016 en la cuenta en Twitter @cjddhh, los miembros de la organización aparecen al lado de la ex senadora colombiana Piedad Córdoba y la ex defensora del Pueblo Gabriela Ramírez.
@piedadcordoba Seguiremos trabajando #DDHHyJuventud pic.twitter.com/Vz3NhF4QkX
— Centro Juvenil DDHH (@cjddhh) July 14, 2016
En mayo de 2015, el Centro Juvenil de Derechos Humanos remitió un informe al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación del derecho a la libertad de expresión en Venezuela. Entre otras afirmaciones contenidas en el documento destaca la siguiente: “Exaltamos que el Estado venezolano promueve políticas publicas basadas en la democracia participativa y protagónica, garantizando progresivamente el goce y ejercicio irrenunciable de los derechos humanos consagrados en la Constitución, las leyes y demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados por la República”.
Ante la ONU también afirmaron: “Referente al ámbito político vemos con mucho beneplácito que sectores como el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) estimulen la participación de la juventud como protagonistas de un proceso electoral, comprometiéndose con la sociedad en garantizar que el 50% de sus candidatos a las venideras elecciones parlamentarias sean jóvenes menores de 30 años, otro hecho sin precedentes en toda la historia política venezolana”.
Funcionarios públicos, es decir agentes del Estado
La Asociación Nacional de Consejeros y Consejeras de Protección en Venezuela (Asonacop), “es una asociación civil sin fines de lucro, concebida como una organización de derechos humanos de la niñez basada en los valores de la solidaridad social, Compromiso, cooperación, justicia y el respeto que agremia a los consejeros y consejeras de protección de niños, niñas y adolescentes del país”, se señala en su página web http://asonacop.com.ve/
Los consejeros de protección son funcionarios públicos, encargados de hacer cumplir la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Son agentes del Estado, de manera que no constituyen una expresión organizada de la sociedad civil, las cuales se caracterizan por su independencia y autonomía.
La asociación se fundó el 15 de junio de 2007 y los integrantes de su junta directiva son Dilcimar Meléndez, Joicy Vera, Milangela Pérez, Deybis Araujo, Marilyn Hernández, Aymara Saavedra y Lily Torres
Según una nota de prensa difundida por la Vicepresidencia de la República el 2 de noviembre de 2017, Asonacop pidió a la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente investigar el “uso de niños” en manifestaciones de la oposición. En esa oportunidad Larry Davoe, precisamente el representante del Estado venezolano ante el sistema interamericano de derechos humanos, avaló la iniciativa de Asonacop.
En defensa de la gestión gubernamental
La Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin) fue creada el 9 de junio de 1978 por el sacerdote Juan Vives Suría. Tiene 39 años laborando como una organización ecuménica que impulsa “numerosos programas de educación y promoción en derechos humanos”, según se lee en la cuenta en Twitter @fundalatin.
La fundación la preside María Eugenia Russián, quien en una entrevista con el Diario La Razón, aseguró que “el país no está en una emergencia humanitaria”.
Fundalatin, entrega informe de DDHH a Alfred de Zayas, Experto Independiente de la ONU, Sobre un Orden Internacional Democrático y Equitativo pic.twitter.com/oqrKomwRLW
— Fundalatin (@fundalatin) November 29, 2017
La organización ha calificado como violentos y promotores de movimientos insurreccionales, a quienes participaron en las protestas ocurridas en Venezuela durante los meses de protestas entre abril y julio de 2017.
Desde @fundalatin se ha informado de encuentros de Russián con altos funcionarios del gobierno venezolano como Tarek William Saab, actual fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, o el ministro de relaciones interiores y justicia, Néstor Reverol.
El 14 de julio de 2017, la fundación emitió un comunicado donde acusó al Programa Venezolano de Educación–Accion de Derechos Humanos (Provea) de “ejercer violencia psicológica contra funcionarios públicos”.
Fundalatin denuncia a Provea por ejercer violencia psicológica contra Funcionarios Públicos. pic.twitter.com/07N1JVGxy9
— Fundalatin (@fundalatin) July 14, 2017
“La República Bolivariana de Venezuela fortalece su Democracia con la Asamblea Nacional Constituyente. Sigamos Construyendo Paz con Justicia”, expresan la fundación en unos de sus tweet, publicado el 12 de julio de 2017.
30 de julio salgamos todos a ejercer nuestro derecho al voto. Y fortalecer nuestra participación protagonica. ANC Es Camino hacia Paz pic.twitter.com/QygCrs4cqD
— Fundalatin (@fundalatin) July 12, 2017
Durante un derecho de palabra en la 36º sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, efectuada el 12 de septiembre de 2017, Russián rechazó el informe presentado por el Alto -Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, sobre los hechos de violencia desarrollados en Venezuela durante los meses de abril hasta julio de este año.
“Denunciamos la falta de rigurosidad del Informe presentado por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, que invisibiliza a las víctimas y promueve la impunidad en cada uno de los casos de las personas afectadas por la violencia de grupos que se oponen al gobierno de Venezuela. El derecho a la manifestación no puede convertirse en una excusa para atentar contra el derecho a la vida”, señaló.
En esa misma oportunidad aseguró que los sectores de la oposición “incluso actuales diputados del parlamento venezolano, siguen promoviendo violencia entre sus partidarios, con el fin de generar caos, escudándose en el derecho a la manifestación pacífica para cometer verdaderos delitos”.
Russián viajo durante 2017 por las sedes de la ONU para presentar informes y denuncias en contra de la oposición y quienes manifestaron contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Reunidos con equipo del Relator Especial del Derecho a la Libertad de Expresión ONU. Medios deben adoptar un compromiso ético con la verdad pic.twitter.com/Ekiidc7ldr
— Fundalatin (@fundalatin) September 16, 2017
1/3 Sostuvimos un encuentro con Annalisa Ciampi, Relatora Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación de ONU pic.twitter.com/l7IHpRR9Ql
— Fundalatin (@fundalatin) September 26, 2017
2/3 Mostramos evidencias a Relatora de la ONU de que las manifestaciones de grupos antigubernamentales presentan un alto nivel de violencia pic.twitter.com/zztSyWhP5W
— Fundalatin (@fundalatin) September 26, 2017
3/3 Entregamos un informe donde se evidencia uso de armas de fuego y explosivos para cometer delitos en las manifestaciones de la oposición pic.twitter.com/onlI8CHzAo
— Fundalatin (@fundalatin) September 26, 2017
Insistimos en la #ONU que grupos violentos, a través de una intensa campaña comunicacional, pretenden mostrarse como presos políticos. pic.twitter.com/z6eH32LoFN
— Fundalatin (@fundalatin) September 20, 2017
Fieles a la ANC
El Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado fue creado en 2014 luego de los hechos suscitados durante febrero de ese año.
@VictimaGuarimba es la cuenta oficial de la ONG integrada por víctimas y familiares de víctimas de los sucesos 2013 y 2014.
Pedimos a senadores españoles del PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, Compromis, IU y EH-Bildu rechazar violencia de la oposición. pic.twitter.com/NB5TRCNUn0
— Víctimas Guarimba (@VictimaGuarimba) May 9, 2017
El 21 de abril de 2017, el comité a través de su cuenta en twitter escribió: “Aunque se ha garantizado el derecho a la manifestación, estas han transgredido el carácter pacífico que contempla nuestra Constitución”.
En la página del Ministerio de Comunicaciones se encuentra un documento donde se explica la misión del comité.
El 19 de mayo de 2017, el Comité de Víctima de Guarimba apoyó que se realizara las elecciones para la constituyente. “El derecho humano fundamental sagrado es la vida y todo medio donde se pueda sentar y dirimir las diferencias políticas, donde no hayan más víctimas, donde no haya más odio y se pueda utilizar el diálogo nosotros lo aplaudimos, y la Constituyente es un medio para que se diriman todas esas diferencias”, dijo Desiree Cabrera, vocera del comité de víctimas, en entrevista este viernes en el programa Encendidos, de Venezolana de Televisión.
Nueva y también firmó por la Constituyente
“Sures es una asociación civil venezolana dedicada al estudio, educación y defensa de los Derechos Humanos. Es una ONG independiente sin fines de lucro”, se lee en la biografía de la organización no gubernamental en la red social Twitter.
La Asociación Civil Sures, Estudios y Defensa en Derechos, tiene como usuario en la red Twitter @SuresDDHH. Solo tiene 11 tweet posteados y 19 seguidores. No tienen información de cuando fue creada o quien es el representante oficial.
El 29 de noviembre se reunieron con Alfred de Zayas, experto independiente enviado por la ONU, para hablar sobre la situación de DD HH en el país. “Saludamos la visita del Experto Independiente de la ONU @Alfreddezayas, que permita mirar con imparcialidad y objetividad la situación de los Derechos Humanos en nuestro país”, se lee en el mensaje online.
Nos reunimos con el Experto Independiente de la ONU @Alfreddezayas para revisar la situación de los Derechos Humanos en el país pic.twitter.com/ebTzjMxNT5
— Organización Sures (@SuresDDHH) November 29, 2017
Cuatro semanas antes representantes de la ONG Sures se reunieron con la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, a quien le dieron un documento con solicitudes para investigar el uso indebido de menores de edad en lo que calificaron como “violencia política”, haciendo referencia a las manifestaciones opositoras de abril de 2017.
PresidentaComisión deVerdad @DrodriguezVen recibe solicitud de @asonacop y @SuresDDHH de investigar uso de niños durante violencia política pic.twitter.com/uaVxFsWjH5
— Constituyente (@ANC_ve) November 2, 2017
Asociación Civil Sures, Estudios y Defensa en Derechos fue una de las 28 organizaciones y movimientos dedicados a la defensa de los Derechos Humanos en Venezuela en firmar y ratificar que la ANC se lleve a cabo.
“La Constituyente es una oportunidad para fortalecer y ampliar el catálogo de derechos humanos reconocidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Por estos motivos, hemos decidido instalar un equipo de trabajo con voceras y voceros de todas nuestras organizaciones para elaborar una propuesta en materia de derechos humanos, garantías y deberes, a los fines de presentarla a la nueva Asamblea Nacional Constituyente, cuando sea debidamente instalada”, se lee en el documento.
