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Proiuris, organización no gubernamental de promoción y defensa de los derechos humanos, manifiesta su profunda preocupación por los sucesos ocurridos el lunes 15 de enero, en el kilómetro 16 de El Junquito, donde, según la versión oficial ofrecida por el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, “fueron abatidas siete personas, entre las que figura el ex inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Óscar Pérez”.
Es necesario e impostergable que se emprenda una investigación independiente y eficaz, ajustada al debido proceso, que permita verificar las alarmantes denuncias de violación de derechos humanos derivadas del uso desproporcionado de la fuerza pública durante el operativo policial-militar.
No es admisible que se alegue que las personas que resultaron muertas habrían cometido supuestos actos “terroristas” para justificar el uso letal de la fuerza. Los pactos internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela, así como la Constitución y las leyes nacionales, obligan al Estado a investigar, juzgar y sancionar la presunta comisión de delitos respetando siempre la dignidad humana de las personas involucradas y garantizándoles el acceso a la tutela judicial efectiva.
Proiuris lamenta que el presidente de la República, Nicolás Maduro, se haya limitado a felicitar a los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado que intervinieron en los referidos sucesos, al tiempo que las autoridades del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo no hayan ofrecido información sobre estos sucesos.
Por último, Proiuris destaca la gravedad de la presunta participación de integrantes de grupos civiles armados en el procedimiento policial-militar que se realizó este lunes 15 de enero, en el kilómetro 16 de El Junquito. Ello constituiría el reconocimiento gubernamental de la existencia y actuación de estos grupos al margen de la ley con apoyo del Estado, lo cual implica una grave amenaza para el ejercicio de los derechos humanos en Venezuela.
