La mujer de 35 años que sufrió graves violaciones, tortura y golpizas a manos de Luis Carrera Almoina, entre el 27 de marzo y el 19 de julio de 2001, alzó su voz ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Es importante que valoren mi testimonio. Vine aquí porque confío en este sistema”, expresó
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Andreina Domínguez Urbina
Este martes 6 de febrero, Linda Loaiza López Soto compareció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el 121 período de sesiones, en San José, Costa Rica. La mujer pidió a los jueces de la Corte declarar al Estado venezolano como el responsable de las violaciones a la libertad personal, a la no discriminación y al derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.
Aseguró que durante su proceso judicial que se llevó a cabo en tribunales venezolanos hubo complicidad de poderes y personalidades que actuaron de manera negligente para no dar cumplimiento a la ley solo porque el agresor fue Luis Carrera Almoina, “el hijo de Gustavo Carrera Damas, rector de la Universidad Nacional Abierta de Venezuela”.
Linda Loaiza solicitó a la Corte IDH abrir una investigación para que sean sancionados todos los operadores de justicia que obstaculizaron el acceso a la justicia en su caso. “El Estado venezolano debe reconocer y sancionar el delito de violencia sexual, tortura y homicidio calificado que desestimó en su oportunidad”, agregó.
Aseguró que hubo componendas ilegales entre jueces y fiscales venezolanos que nunca valoraron su testimonio, razón por la cual protestó durante 13 días en las afueras del Tribunal Supremo de Justicia. Aún así, el resultado fue una sentencia absolutoria a favor de su agresor. Para la víctima, hubo suficientes acciones que demostraron las influencias que asediaron la investigación a favor de Carrera Almoina.
“Me causó mucha afectación escuchar en una audiencia cuando una experta señalaba que las paredes y el colchón estaban impregnados de sangre, y la juez preguntó: ¿Y usted cree que esa sangre no pudo ser de menstruación de la mujer´?”, dijo López.
Acerca de su núcleo familiar, explicó que ocurrió una “desintegración total”. “Fue como una catástrofe humana que cayó en nuestras vidas. Si algo puede resumir mi testimonio, llévese esa frase: una catástrofe humana”, dijo a los jueces de la Corte Interamericana.
Linda Loaiza insistió en señalar que siempre se sintió bajo amenazas. “Desde el momento de mi cautiverio, estuve amenazada por grandes personalidades: el vicepresidente de la República, el fiscal general, el presidente de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura”, detalló.
También pidió a los jueces una respuesta efectiva, una sentencia tomada con equidad y verdadera justicia. Contraria a la que recibió en su país con un poder que a su parecer, actuó en forma orquestada con el fin de apoyar y beneficiar al culpable de estos delitos. “Señores estuve cuatro meses secuestrada. Hay informes que certifican que estuve casi muerta. Es importante que ustedes valoren mi testimonio. Vine aquí porque confío en este sistema. Espero que justicia de esta corte”.
Sostuvo: “Mi voz aquí en esta corte es la voz de muchas mujeres que han estado en silencio. Muchas mujeres que no han tenido la oportunidad de denunciar los hechos de violencia de las cuales han sido víctimas durante años. Ciertamente, me he sentido indignada por la falta de acceso a la justicia en mi país”.
Antes de iniciar el interrogatorio a López, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Relator para Venezuela, Francisco Eguiguren, presentó el informe sobre el caso. Recordó que Linda Loaiza fue secuestrada en el año 2001 cuando tenía 18 años de edad. “El hecho ocurrió en Caracas. La víctima estuvo en esta condición aproximadamente cuatro meses donde fue objeto de las más extremas formas de violencia física, psicológica y sexual con secuelas permanentes que aún subsisten”, aseveró.
Señaló que la CIDH atribuyó estos hechos al Estado de Venezuela dado que, tuvo conocimiento de la situación de la víctima, y en lugar de juzgarla y protegerla, se negó a recibir la denuncia de la hermana de Linda Loaiza pese a sus reiterados intentos en las etapas más tempranas del secuestro.
Asimismo, recordó que este caso, es el primero que se expone ante la Corte IDH que deja en evidencia el contexto de impunidad a la violencia contra la mujer que se vive en Venezuela. “El caso ofrece especulaciones sobre la vida privada de la víctima y no en el esclarecimiento de lo sucedido. La Comisión decidió someter este caso ante la Corte ante la necesidad de justicia y reparación para la víctima, tomando en cuenta la falta absoluta en una respuesta del estado venezolano a nuestro informe de fondo”, agregó.
Linda Loaiza aseguró que su recuperación ha sido “bastante difícil, traumática e irremediable” y que aún recibe tratamientos psicológicos y psiquiátricos para reparar los daños causados.
El agente del Estado venezolano, Larry Davoe, no hizo preguntas a la víctima. Prefirió aprovechar la oportunidad para manifestar «solidaridad por los terribles hechos de violencia que sufrió».
Al final de la jornada, el Estado no admitió su responsabilidad por la falta de investigación de los hechos y, en general, por la alegada negligencia del sistema de administración de justicia venezolano.
