En horas de la mañana de este miércoles, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana dispersaron con bombas de gases lacrimógenos la concentración opositora que se encontraban en Santa Mónica, a la altura del Crema Paraíso.
Fuente: el estímulo
Johnalex Iriarte, de 17 años de edad, fue arbitrariamente detenido por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana en una protesta el 22 de enero de 2019. Durante 17 horas estuvo confinado en un pequeño calabozo de la sede de la PNB en San Agustín del Norte donde fue agredido verbal y físicamente. El joven protestaba en rechazo al régimen de Nicolás Maduro y en memoria de su hermano mayor, asesinado en 2017 en un operativo de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar
Miembros de la sociedad civil se movilizaron para asistir a la marcha convocada por la Asamblea Nacional en la Plaza Juan Pablo II de Chacao. Aunque hubo episodios de represión, los miles de marchantes se mantuvieron entusiastas en apoyo a la juramentación de Juan Guidó como presidente encargado de la República
Espacio Público aseguró que se hostiga a los funcionarios del Estado, sobre todo a quienes exigen mejores condiciones laborales. Por su ocupación, las principales víctimas fueron los reporteros con 73 violaciones de libertad de expresión y prensa
Ningunas de las personas presuntamente involucradas con la detonación de dos drones con cargas explosivas en las inmediaciones de la avenida Bolívar este sábado 4 de agosto fueron identificadas por Tarek William Saab. “Por cuestiones legales inherentes a la investigación, no se darán detalles”, dijo.
Ha transcurrido un año desde la muerte del joven enfermero de 22 años de edad durante las protestas de 2017 y aunque el dolor forma parte de la vida de su padre, la aflicción no le impide ayudar a quienes lo necesitan.
A pesar de que hay pruebas que demuestran la responsabilidad del sargento Arli Cleiwi Méndez Terán por el asesinato del joven enfermero, el proceso está trabado. La audiencia preliminar se ha diferido cuatro veces.
En junio de 2015 (y con siete años de retraso) el Estado venezolano presentó ante Naciones Unidas el cuarto informe sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En esa oportunidad fue evaluada la situación en el país, se identificaron las violaciones de derechos humanos y las autoridades gubernamentales se comprometieron a aplicar correctivos. Casi tres años después (este 26 de marzo de 2018) el Comité de Derechos Humanos determinó que el Estado no ha cooperado con el escrutinio internacional y, por ello, Venezuela recibió la calificación “D”, la penúltima en una escala de cinco. El próximo 24 de julio de 2018, las autoridades estatales deben presentar el próximo informe. Proiuris recuerda las obligaciones pendientes.
En la presentación del Informe Anual sobre Libertad de Expresión, la CIDH considera que la persecución judicial y la violencia contra comunicadores sociales es el método más usado por el gobierno de Nicolás Maduro para condicionar información de interés público.
La organización no gubernamental precisó que en enero de 2017 había 114 detenidos por razones políticas y 368 en febrero de 2018. En el informe Venezuela y presos políticos, se afirma que el uso artificioso del sistema de administración de justicia equivale a “terrorismo de Estado”.
El Estatuto de Roma no precisa plazos para el eventual enjuiciamiento penal de venezolanos por los excesos cometidos durante la represión de las protestas antigubernamentales de 2017. Sin embargo, las violaciones de derechos humanos son imprescriptibles.
Los comunicadores sociales que documentaron y sufrieron en carne propia los atropellos cometidos por los cuerpos de seguridad contra los que salieron a la calle a protestar contra el gobierno consideran que es muy poco probable que se haga justicia.
Salió a la calle, a protestar contra el gobierno, al menos 60 veces. Aún padece las consecuencias de los maltratos por los cuales responsabiliza a la Policía Nacional Bolivariana. Cuenta cómo fue reprimida y por qué ahora está decepcionada.
