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CIDH: Abuso de poder estatal venezolano continúa coartando expresiones ciudadanas

En la presentación del Informe Anual sobre Libertad de Expresión, la CIDH considera que la persecución judicial y la violencia contra comunicadores sociales es el método más usado por el gobierno de Nicolás Maduro para condicionar información de interés público
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Las agresiones físicas y el hostigamiento contra periodistas y medios de comunicación en Venezuela durante 2017 sucedieron en un contexto en el que las libertades de expresión ciudadana, como el derecho constitucional a la manifestación pacífica, fueron restringidas por el aparato judicial a la medida que fue incrementándose el descontento popular contra el gobierno de Nicolás Maduro. Así lo reseñó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este viernes 23 de marzo, en el Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión correspondiente a 2017.

La Relatoría expresó su preocupación ante la postura del gobierno de criminalizar el trabajo periodístico basándose en delitos de difamación criminal, instigación al odio y la violencia, tras la publicación de informaciones de interés público que resultaron incómodas para los dirigentes. “Las autoridades tienden a justificar las restricciones al derecho a la libertad de expresión en la protección de bienes vinculados a la seguridad, soberanía y paz nacional, pero en la práctica, estas medidas han estado dirigidas al silenciamiento de las voces críticas del actual gobierno”, refiere el informe.

En el texto, la CIDH asegura que el Estado venezolano continúa ejerciendo acciones legales contra periodistas, medios de comunicación, profesores universitarios y ciudadanos que hacen críticas a la acción u omisión de las autoridades estatales o que divulgan violaciones de derechos humanos en el país.  “Estas medidas son aplicadas al margen de la ley o sobre la base de disposiciones legales ambiguas y excesivamente amplias”, explicó la Comisión.

El organismo del sistema interamericano también tuvo conocimiento de periodistas y manifestantes que fueron despojados de sus herramientas de trabajo y resultaron agredidos por acciones directas e indirectas de funcionarios policiales y militares durante la cobertura de las protestas antigubernamentales entre abril y julio de 2017.

En el informe se citaron escenarios que corroboran el uso abusivo del poder estatal para restringir la información a través de normas ordinarias, como:

1) Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, para condicionar la divulgación de información de interés público en el espacio radioeléctrico.

2) Leyes de desacato contempladas en el Código Penal con las que se sanciona a periodistas, articulistas y empresas de medios por los delitos de difamación e injuria.

3) Código Orgánico de Justicia Militar, con los que se sancionó a referentes sociales, periodistas, políticos y manifestantes acusados por delitos de soberanía nacional.

Represión del Estado contra la expresión ciudadana

La Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión rechazó el asesinato de personas durante el ejercicio pleno de su derecho legítimo a la manifestación durante las protestas de 2017 y advirtió sobre el uso que se dio a la Resolución Nº 008610, publicada el 23 de enero del 2015, con la que se permitió a la Fuerza Armada de ejercer acciones de control en la gestión ordinaria del orden público y, a su vez, se le autorizó el uso de armas letales para el control de manifestaciones sociales.

“La Comisión ha señalado reiteradamente al Estado venezolano que las armas de fuego deben estar excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales. La prohibición de portar armas de fuego y munición de plomo por parte de los funcionarios que pudieran entrar en contacto con los manifestantes se ha probado como la mejor medida de prevención de la violencia letal y la ocurrencia de muertes en contextos de protestas sociales”, señala el texto.

El informe anual de la Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión de la CIDH precisó que 11.993 personas fueron detenidas entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de octubre de 2017, de las cuales 7.040 se encontraban en libertad bajo medidas cautelares por participar en manifestaciones ciudadanas y, según datos del Foro Penal Venezolano, 590 se debían a razones políticas para el 31 de agosto del año pasado.

 
 

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