Nacionales, Reportes

Memorias de la brutalidad (III) | “Hacer periodismo es un riesgo que estamos dispuestos a asumir”

Los comunicadores sociales que documentaron y sufrieron en carne propia los atropellos cometidos por los cuerpos de seguridad contra los que salieron a la calle a protestar contra el gobierno consideran que es muy poco probable que se haga justicia

Reporte Especial Proiuris | @Proiuris_VE  | IG: @Proiuris | Facebook: @ProiurisVE 

David Matos – Periodista
Mikel Ferreira – Productor audiovisual 

Elyangélica González se encuentra en el exilio. Hasta mayo de 2017 fue corresponsal de Univisión y Caracol Radio en Venezuela. Las agresiones de la Guardia Nacional Bolivariana no la doblegaron. Pero un riesgo mayor, insoportable, la obligó a dejar el país: un intento de secuestro de sus hijas.

González fue una de las primeras periodistas  agredidas en medio de la conflictividad social que sacudió a Venezuela en 2017. Fue agredida por funcionarios de la GNB apostados en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, específicamente el 31 de marzo, dos días después que La Sala Constitucional emitió las sentencias N° 155 y 156, a través de las cuales la Asamblea Nacional fue anulada y se agudizó la crisis institucional en el país.

El caso de González es uno de los 273 registrados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) entre el 1 abril y 31 de julio de 2017, meses en los que la fuerza pública y grupos paraestatales impidieron por acción u omisión la cobertura periodística sobre hechos de interés público, siendo mayo el mes con el mayor número de incidencias, 99 ataques.

Los impedimentos al ejercicio periodístico fueron diversos: agresiones verbales y físicas, despojo y destrucción de equipos, intimidación y persecución.

Los 498 casos registrados por el Sntp en 2017 aumentaron 26,5% en comparación con el año 2016, cuando se registraron 360. La escalada de la violencia involucró la participación de los cuerpos de seguridad del Estado en 70% de los casos.

Las agresiones contra periodistas constituyen una violación al derecho a la libertad de expresión establecido en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, así como en los artículos 57 y 58 de la Constitución. Estos hechos también vulneraron los artículos 44, 46, 47 y 49 de la carta magna, que consagran la libertad personal, la integridad física, psíquica y moral, la inviolabilidad de los recintos privados y el debido proceso.

La disidencia ante el gobierno de la ex fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, pudo haber incentivado a los comunicadores sociales a denunciar (en 22 oportunidades) las limitaciones al ejercicio periodístico, según datos de la asociación civil Espacio Público. La cifra representa un incremento significativo si se compara con las dos  denuncias registradas por esta organización en 2016, cuando 50 de los casos registrados eran denunciables.

La instalación de la Asamblea Nacional Constituyente al margen de la institucionalidad democrática, el 4 de agosto; la destitución de Ortega Díaz, al día siguiente, y los resultados de las elecciones regionales y municipales en los meses octubre y diciembre de 2017, respectivamente, generaron una sensación de desamparo y desconfianza que lleva a los reporteros a reflexionar y sentenciar que sus agresores nunca serán identificados ni sancionados.

La falta de independencia del sistema de administración de justicia empeora la crisis institucional en Venezuela. Un informe del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) señala que las autoridades no demuestran interés en las investigaciones que confieren un caso mientras que otras ocultan deliberadamente la verdad al prohibir las investigaciones correspondientes. Esta organización registró que 23 periodistas fueron asesinados durante el primer semestre de 2017 en México, Guatemala, Honduras, Perú y República Dominicana. En su mayoría, los hechos respondieron a  encargos pagados a sicarios para evitar que los reporteros investigaran y revelaran hechos de corrupción política existente en algunas entidades de poder.  En estos casos, la impunidad absoluta es el común denominador.

No voy a ser mártir de este gobierno”

Las redes sociales Twitter y Facebook y los canales de televisión por suscripción difundieron durante la mañana y horas de la tarde del 31 de marzo de 2017 el video que demuestra el abuso de poder del que fue víctima la corresponsal de Caracol Radio, Elyangélica González, cuando fue tirada al suelo, golpeada y pateada por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana a las afueras del Palacio de Justicia, donde se desarrollaba una protesta estudiantil en contra de las sentencia 155 y 156 del TSJ, emitida el 29 de marzo, que despojó a la AN de sus funciones legislativas.  

“Como periodista debemos alzar nuestra voz contra la censura. Estamos en una guerra: la información contra la desinformación”

La presencia de un civil armado en el lugar motivó a González a retirarse y buscar resguardo en la sede del organismo. Sin embargo, cuando intentaba resguardarse, un efectivo militar la acusó de ser una de los provocadores. Los militares la abordaron de forma violenta. Eran cuatro funcionarias mujeres y seis hombres.

Video cortesía. Hispano Post.

“Ellos me pidieron el celular y me negué. Me lo arrancaron de la mano. Uno de los militares decía: ‘rómpele el teléfono, quítaselo’. Lo tiraron al suelo, lo pisaron, le rompieron la pantalla”, recordó.

Los funcionarios dieron puñetazos, rasguños y patadas a la periodista, quien quedó con una lesión en el cuello. En todo momento estuvo sola. “Siempre exigí, gritándoles, que me respetaran como persona y como periodista. La militar me tiró el teléfono con la pantalla partida, cuando me lo metí en el bolsillo, me pidieron el celular de vuelta porque era evidencia, me negué y volvieron a golpearme”, dijo.

“Un funcionario me advirtió ‘Quédate tranquila, vete de aquí, porque si no esto va a perjudicar a tu marido’. Dijo que mi marido era militar, que era mayor, y en efecto así fue, mi esposo se retiró siendo teniente”

González fue arrastrada por el suelo a la fuerza hacia el interior de la sede judicial, donde se encontraba detenido Andry Rincón, camarógrafo de Vivo Play, y que minutos antes también había sido agredido por los funcionarios. 15 minutos después fueron liberados. “Primera vez en 18 años de carrera que me ocurre esto en una cobertura de calle. Nunca había recibido una paliza así, menos de la autoridad”, aseguró.

Las fiscalías 34° y 126° del Área Metropolitana de Caracas, ambas con competencia en materia de Derechos Fundamentales, fueron designadas para investigar los hechos.

Varias semanas habían transcurrido de la agresión y la periodista continuaba ejerciendo sus funciones como periodista en el país, pero una llamada telefónica interrumpió su trabajo. Dos hombres desconocidos habían preguntado por las dos hijas de González a las afueras del colegio con la intención de llevárselas, pero la dirección del plantel no se los permitió porque no estaban autorizados.

La madre acudió de inmediato a la escuela de las niñas, donde recibió una llamada que determinó el rumbo de su familia: “Esta vez estuvimos cerca, la próxima vez nos las llevamos”. Esta fue la gota que derramó el vaso. “Yo dije No más. Yo no voy a ser una mártir de este gobierno. Todos los días recibía llamadas amenazadoras contra mí y contra mi esposo. Había una persecución directa contra mi familia”, aseveró. González y su familia se fueron a vivir a los Estados Unidos.

 Para mí el exilio se ha convertido en una palestra para hacer más fuerte la voz y hablar por mis colegas que tienen miedo de alzar la voz dentro de mí país, sienten miedo porque el miedo es legítimo. Yo quise salir, el miedo me hizo salir”

Nueve meses después, Elyangélica González, solo ha visto el registro audiovisual de su agresión en dos oportunidades. “Solo recuerdo flashes, la verdad es que no puedo verlo. Me siento totalmente fuera de contexto… Siento que esa no puede ser la autoridad de mi país. Eso no es autoridad, eso no es respeto. El ataque no fue contra una periodista, sino contra la libertad de expresión”, dijo.

“Quizás me acerqué demasiado”

El reportero de sucesos Román Camacho desconoce si algún día la Fiscalía  podrá determinar quién fue el funcionario militar que disparó el cartucho de bomba lacrimógena que fracturó su pierna derecha, el 10 de abril de 2017, cuando registraba imágenes sobre un enfrentamiento entre un contingente de la GNB y un grupo de manifestantes en la autopista Francisco Fajardo.

Román Camacho recibió 3 meses de reposo por una fractura de tibia que le impidió cubrir las manifestaciones antigubernamentales. Foto Mikel Ferreira.

Los venezolanos tenían 10 días de protestas sostenidas en las principales ciudades del país. Exigían elecciones de gobernadores y alcaldes limpias, así como la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Eran las 9:00 a.m. cuando policías y militares tomaron el Boulevard de Sabana Grande, desde donde partiría una marcha de oposición con destino a la sede del Consejo Nacional Electoral.

Funcionarios de la PNB y efectivos de la GNB dispersaron la concentración con el uso de gases lacrimógenos en horas del mediodía, cuando los manifestantes apenas comenzaban a movilizarse. La acción desmedida de los funcionarios se prolongó hasta el final de la tarde y varios reporteros resultaron heridos o limitados en su cobertura. Entre ellos, el reportero Román Camacho.

“Quizás me acerqué demasiado”, lamenta Camacho al recordar que pudo esquivar ocho cartuchos antes que uno le fracturara la pierna y lo tumbara al suelo. Manifestantes y trabajadores de las agencias de noticias Reuters y AFP lo auxiliaron y lo trasladaron hasta Salud Chacao, donde fue examinado y enviado a casa con 12 semanas de reposo. No acudió al Ministerio Público para formular la denuncia.

Una placa y ocho clavos de metal fijaron la tibia rota de Camacho. “El enseñamiento fue lo que diferenció ese día de otro. Los militares dispararon las bombas lacrimógenas directamente hacia las personas”, recuerda el reportero.

Un día después de la agresión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado de prensa, con el fin de exhortar al Estado venezolano a garantizar el ejercicio de los derechos políticos, la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica de los manifestantes en el país. Para ello, el organismo internacional instó a Venezuela a cumplir con doce estándares internacionales; el primero de ellos reconocer públicamente los derechos a la reunión pacífica y la libertad de expresión sin discriminación por razones políticas.

Un mes con yeso y otros tres en recuperación impidieron que Camacho pudiese cubrir las protestas que se prolongaron hasta el mes de julio. “Fue frustrante quedarse en casa mientras ocurría todo. Me gusta estar en la calle. Resultaba muy incómodo cubrir las protestas con un par de muletas”, recordó.

Nueve meses después, Camacho no puede correr, ni brincar. Ejerce el periodismo, pero adelanta cada paso con cautela. “No se justifica que por acercarte demasiado, un funcionario militar te dispare y te rompa una pierna”, aseveró. Ocho meses después, el reportero afirma que los periodistas deben permanecer en la calle y mostrar con el lente, un grabador o una libreta lo que el poder intenta ocultar: la verdad.

Ese día otros 13 trabajadores de la prensa resultaron heridos, limitados o detenidos cuando cumplían sus funciones en el Área Metropolitana de Caracas y los estados Anzoátegui y Lara.

¿Y si me reconocen?

Una, dos o tres pautas diarias estructuran la agenda de trabajo del periodista Luis Gonzalo Pérez. El reportero aún recuerda los rostros de algunos de sus agresores durante la cobertura informativa de las protestas antigubernamentales en Caracas, y se pregunta qué serían capaces de hacer siete meses después si llegasen a identificarlo como trabajador de un medio de comunicación social.

Miembro de un colectivo intentó cortarle el cuello al periodista Luis Gonzalo Pérez en plena cobertura. Foto Mikel Ferreira.

Reconocido por su trabajo en los portales Caraota Digital y VPI TV, Pérez fue uno de los reporteros que sufrió los embates contra los trabajadores de la prensa en la ciudad capital del país en el contexto de las manifestaciones antigubernamentales. Entre los meses abril y julio de 2017, el reportero fue agredido en seis oportunidades por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y colectivos armados que simpatizan con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Las agresiones físicas y los robos contra el equipo periodístico de Caraota Digital fueron denunciados ante el Ministerio Público. Ningún agresor ha sido imputado y las herramientas reporteriles no han sido devueltas.

40 miembros de un colectivo, armados con tubos, cabillas y cuchillos, lograron acorralar a Pérez, junto con su camarógrafo y dos motorizados de Caraota Digital, en la avenida Adrián Rodríguez del municipio Chacao. El 22 de mayo, allí  manifestantes y funcionarios militares y policiales protagonizaban una refriega.

“¡Te cortó, te cortó!”, fueron las palabras que el camarógrafo alcanzó a decirle a Pérez en medio de la turba. Un hombre, que intentaba despojarlo de su teléfono celular, se abalanzó contra él y le cortó el cuello. “Menos mal que logré esquivar el cuchillo, aun así me causó un corte superficial y el sangrado no fue severo”, dijo.

Al reportero también le robaron una máscara anti gas, un casco blindado, un teléfono celular y una gorra.  El camarógrafo fue golpeado con una cabilla en dos oportunidades. El casco blindado que portaba logró protegerlo de la agresión. Los trabajadores lograron recuperar una motocicleta que les fue robada durante el ataque.  

¡Luis, cuidado!, el grito de la periodista Mildred Manrique, del portal digital 800 Noticias, alertó a Pérez lo suficientemente rápido para esquivar la bomba lacrimógena que un funcionario de la GNB disparó a 30 metros de su cabeza, el 10 de mayo, cuando se encontraba cubriendo la acción de este cuerpo de seguridad estatal contra diputados de oposición y manifestantes en la avenida Páez de El Paraíso. La represión duró entre 20 y 30 minutos.

La omisión de la PNB. Dos chalecos anti balas, dos máscaras anti gas y dos teléfonos celulares fueron los equipos que 10 civiles robaron a mano armada a los motorizados de Caraota Digital, el 12 de mayo, cuando prestaban servicio a Pérez, quien se encontraba cubriendo la represión de las fuerzas policiales contra manifestantes en las inmediaciones dell Sambil de La Candelaria. Aunque la PNB presenció el ataque de estas personas armadas y que quedó registro en video el momento que dispararon contra los motorizados, los policías no hicieron nada para proteger a los comunicadores sociales.

Un chorro de agua disparado desde un vehículo anti motín de la GNB fue disparado directamente contra 20 trabajadores de la prensa nacional e internacional, el 31 de mayo, cuando Pérez registraba imágenes de una manifestación en  la autopista Francisco Fajardo. “Menos mal que logré agarrarme de la baranda, sino me hubiese caído al Guaire”. En horas de la tarde, fue impactado con un perdigón en la parte posterior de la pierna derecha mientras cubría otro disturbio en la avenida Río de Janeiro.

“Aprendimos a hacer periodismo de una forma diferente… Debías estar pendiente de los funcionarios, de los colectivos, incluso de los mismos manifestantes. Todos se alteraban al ver una cámara. La gente no entendía que estábamos ahí para registrar el choque de un pueblo contra un gobierno y no para agredirlos audiovisualmente”, dijo Luis Gonzalo Pérez.

El reportero lamenta que aunque existen suficientes pruebas (en fotografías y videos) de las agresiones y los robos, no se hayan ejercido acciones legales contra los responsables. “Las protestas pueden suscitarse en algún momento y debemos estar preparados. Por ahora, me cuidado más que antes, sobre todo en el centro de Caracas”, advierte.

“Es imposible que se haga justicia”  

La destitución de la Fiscal General el 5 de agosto de 2017 significó para la periodista Raylí Luján, así como para muchos otros, que su agresión posiblemente quedaría olvidada en los archivos de alguna de las oficinas del Ministerio Público.

Las investigaciones por la agresión contra la periodista Raylí Luján y sus ex compañeros de El Nuevo País siguen en curso. Foto Mikel Ferreira.

A Luján, coordinadora de Redacción del diario El Nuevo País, le correspondió cubrir una manifestación de estudiantes de bachillerato, el 22 de mayo. Las protestas antigubernamentales no eran comunes en el municipio Libertador de Caracas y el hecho debía cubrirse.

Como los manifestantes eran menores de edad, los funcionarios de la PNB y los colectivos de la zona se mantuvieron a unos 200 metros. A las 11 de la mañana, colectivos en motocicleta rodearon el lugar y tomaron fotografías a Luján, quien se encontraba en compañía de los periodistas Karisa López y Héctor Becerra, y el chofer del periódico. Estos eran los únicos trabajadores de un medio de comunicación social en el sitio.

 Todos estuvimos dispuestos a enfrentar la represión, el hostigamiento y la agresión viniera de donde viniera. Lo importante era cumplir con nuestra  misión: informar”, aseguró Luján.

Antes de mediodía, una llamada alertó a los reporteros, quienes habían regresado a la Redacción de  El Nuevo País para descargar imágenes y videos y difundirlas en redes sociales. Los efectivos policiales habían dispersado la manifestación con gas lacrimógeno y los escombros que bloqueaban el tránsito estaban siendo retirados.

“¡Ellos están tomando fotos!”. El alarido de los grupos colectivos produjo que alrededor de 30 personas se abalanzaran contra los reporteros que habían regresado a registrar el final de la protesta. “Al chofer lo tiraron contra el suelo, le pegaron con cascos y cabillas, lo patearon. Sabían que yo le había entregado mi teléfono”, dijo.

A Luján le pidieron que cooperara y les entregara el celular porque era “el procedimiento normal”. La periodista se negó a entregar su herramienta de trabajo. En ese momento, una mujer se acercó la pateó en la espalda y un hombre le dio un puñetazo que alcanzó romper su ceja izquierda. “¿Esta es la paz de la que hablan? ¡Ustedes no son policías!”, recordó.

La periodista intentó defender al conductor del vehículo en el que se movilizaron, pero recibió un codazo en el estómago y una advertencia: “Es suficiente que estés sangrando, puede empeorar”. Otra mujer agarró a la periodista de un brazo y comenzaron a caminar en dirección a la sede del Palacio de Justicia por la misma avenida. A Luján la llevarían a conocer al coronel del colectivo que perpetraba la agresión. “¿Estás consciente de que me estás secuestrando? Porque eso es lo que estás haciendo conmigo”, trataba de razonar Luján. La captora retrocedió, se tomó unos minutos para pensarlo y dejó ir a la reportera, no sin antes decirle: “agradece que te agarré yo, porque otro te hubiese desaparecido”.

Un motorizado que vio el rostro ensangrentado de la periodista la trasladó hasta la sede de El Nuevo País, ubicado en Santa Rosalía, a pocas cuadras del lugar. Sus compañeros llegaron a salvo a los pocos minutos.

Pasadas las tres de la tarde, los reporteros denunciaron las agresiones en el Ministerio Público. La Fiscalía 34° fue designada para investigar los hechos. Cuando los reporteros salían del organismo fueron abordados por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) quienes les pidieron acercarse a la sede de este cuerpo policial para registrar la denuncia.

Los reporteros se comunicaron con el fiscal que lleva el caso. “La fiscal Emy Rivero nos dijo que el proceso le parecía irregular y que, en todo caso, los efectivos podían solicitar el expediente al Ministerio Público porque ya se había tomada la denuncia”, recordó Luján.

A través de la aplicación de mensajería instantánea Whatsapp, los funcionarios policiales les pidieron a Karisa López y César Becerra fotografías de las lesiones que fueron producto de la agresión. Sin embargo, los reporteros se negaron a entregarlas.

A la sede del periódico llegó una boleta de citación. Los reporteros debían presentarse. “Ese día fuimos muy cautelosos con la información que dimos. Nos dijeron en alguna oportunidad que la información se filtraba en El Paraíso”, recordó la reportera, quien aseguró que los efectivos guardaron silencio cuando se les cuestionó por pedir las fotografías que formaban parte del expediente que reposaba en Fiscalía.

Luján acudió el 24 de mayo a la sede del Ministerio Público para hacer un retrato hablado de sus agresores. No obstante, una falla eléctrica dejó sin servicio el edificio, lo que impidió la diligencia.

Ocho meses después de las agresiones, la periodista perdió la pista del caso. Los reporteros cambiaron sus lugares de trabajo y aún, cuando visitan la sede de El Nuevo País, pueden ver a sus agresores, los mismos que han hostigado a este medio de comunicación social impreso hace tres años.   

“Luego de la destitución de la fiscal Luisa Ortega Díaz vemos imposible que estas personas puedan ser sancionadas”, considera la periodista.

Ocho meses después de las agresiones, la periodista perdió la pista del caso. Los reporteros cambiaron sus lugares de trabajo y aún, cuando visitan la sede de El Nuevo País, pueden ver a sus agresores, los mismos que han hostigado a este medio de comunicación social impreso hace tres años.   

Ocho meses después de las agresiones, la periodista perdió la pista del caso. Los reporteros cambiaron sus lugares de trabajo y aún, cuando visitan la sede de El Nuevo País, pueden ver a sus agresores, los mismos que han hostigado a este medio de comunicación social impreso hace tres años.   

“Dios mío ¿será que hoy nos va a tocar?”

Las dos agresiones que sufrió el reportero Bernardo Luzardo en menos de 48 horas fueron atípicas y permitieron verificar que los manifestantes también podían ser victimarios.

Encapuchados rociaron con gasolina al equipo reporteril de Globovisión, encabezado por el periodista Bernardo Luzardo. Foto Mikel Ferreira.

El 8 de mayo, Luzardo se encomendó a Dios para cubrir la manifestación que fue reprimida después de mediodía en las inmediaciones de El Rosal. El reportero y sus camarógrafos pretendían hacer una transmisión en directo cuando cinco encapuchados los abordaron con la  intención de destruir los equipos técnicos que los reporteros cargaban en la espalda.

“Nos rociaron con gasolina. Uno de ellos llegó a decirnos que iban quemar los equipos de transmisión, pero la gente se acercó y los hizo desistir”, dijo Luzardo. Por razones de seguridad, el equipo se retiró del lugar y no pudo continuar con la cobertura de calle. El hecho fue denunciado en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del municipio Chacao.

Este fue el tercer ataque registrado en el contexto de manifestaciones contra trabajadores del canal Globovisión, luego de que equipos reporteriles, conformados por las periodistas Fabiana Ortega y Silvhia Montoya, fuesen atacados por manifestantes y personas encapuchadas, respectivamente.

Ese día 14 trabajadores de medios de comunicación vieron limitada su labor informativa durante la cobertura de la movilización opositora que tenía como destino la sede del Ministerio de Educación, donde representantes de oposición consignarían un documento en el despacho del ministro Elías Jaua para rechazar el proyecto de Asamblea Nacional Constituyente. Jaua había sido designado presidente de la Comisión Presidencial de esa iniciativa del Ejecutivo.

“Decir que éramos periodistas Globovisión fue lo peor…”, recordó Luzardo.

En menos de 48 horas se reportó un cuarto ataque. Esta vez, Luzardo quedó en la línea de fuego. Lo acompañaba el asistente Jhony Moreira. Iban a  cubrir la jornada convocada por la Mesa de la Unidad Democrática denominada “Mi escudo es la Constitución”, la cual fue reprimida en varios puntos del este de la ciudad por cuerpos de seguridad y grupos paramilitares. El hecho ocurrió en los alrededores de la plaza Francia de Altamira.

El vehículo en el que los reporteros se trasladaban fue rodeado por encapuchados, quienes los obligaron a bajar los vidrios de las ventanas e identificarse. Ante una posible agresión, los reporteros procuraron huir en dirección a la avenida Luis Roche. El conductor perdió el control e impactó contra un poste. En ese momento, los agresores tomaron las cámaras de video y las arrojaron al suelo. Efectivos de Protección Civil acudieron al lugar para controlar la situación y atender a los trabajadores del canal, quienes resultaron lesionados. El ataque fue denunciado en el Ministerio Público.

“El ataque en Plaza Francia me traumó. Pensé que íbamos a terminar golpeados, reventados o muertos. Nunca estás preparado para eso. Estoy seguro que muchas de nuestros atacantes ven la pantalla de Globovisión para informarse”, aseguró el reportero.

Equipos reporteriles de nueve medios y un reportero independiente fueron agredidos, perseguidos y amedrentados durante la cobertura informativa  de las manifestaciones que hubo el 10 de mayo de 2017.

El reportero tomó una semana de descanso y, aunque por primera vez sintió temor de salir a ejercer su labor en las calles, contó con el apoyo de familiares, amigos y la directiva del canal. “Llegué a preguntarme ‘Dios mío, ¿será que hoy nos va tocar?’. No es recuerdo grato, pero forma parte de la experiencia, guardaremos estas vivencias para la posteridad”, aseguró.

Arremetida contra el Parlamento

Alicia De La Rosa, Jefa de Prensa de la Asamblea Nacional, siempre quiso hacer una especialización en periodismo de guerra. Le tocó vivir una verdadera batalla cuando  civiles armados que simpatizan con el gobierno irrumpieron en la sede del Parlamento, sin que los funcionarios de la Guardia Nacional encargados de la custodia del Palacio Federal Legislativo hicieran nada para impedirlo.

Alicia De La Rosa sufrió quemaduras en la parte baja de su espalda el 27 de junio durante la sesión parlamentaria por el Día Nacional del Periodista. Foto Mikel Ferreira.

90 agresiones físicas y 44 actos de intimidación a miembros del Parlamento entre enero y junio de 2017 registró Transparencia Venezuela.

De La Rosa recuerda tres irrupciones dentro de la AN. La primera de ellas ocurrió el 23 de junio de 2017, cuando trabajadores del órgano legislativo protestaron por reivindicaciones laborales.  La actividad tuvo lugar en el edificio administrativo de la AN, ubicado en la esquina de Pajaritos, donde grupos de colectivos, simpatizantes con el gobierno nacional, se apersonaron para amedrentar a los manifestantes. Cinco trabajadores resultaron heridos, entre ellos los fotógrafos Julio Rojas y Luis Dávila, a quienes intentaron despojar de sus cámaras fotográficas luego de ser amenazados con un cuchillo. Un motorizado perteneciente a uno de estos colectivos logró astillar la puerta de vidrio de la sede administrativa al intentar derribarla en cinco oportunidades con los neumáticos de su motocicleta. Los trabajadores se agruparon en el interior del edificio y bloquearon la entrada con escritorios, sillas y escaparates de madera.

La violencia retornó al Parlamento cuatro días después, el 27 de junio. Colectivos armados con cohetones, palos, cabillas y piedras irrumpieron en la sede del Palacio Federal Legislativo y mantuvieron cercados a 150 diputados y trabajadores de la prensa que registraban la cobertura de la sesión parlamentaria por el Día Nacional del Periodista y que contaría con un acuerdo de rechazo a la violencia contra los trabajadores de los medios durante los primeros 87 días de protestas antigubernamentales.

La jefa de Prensa de la AN recordó que entre las 4:00 p.m y las 10:00 p.m. los trabajadores esperaron que los simpatizantes del gobierno se retiraran del lugar. A su vez, estos aseguraban que no dejarían salir a los parlamentarios y a los periodistas de la sede legislativa. La sesión fue suspendida. Los trabajadores coincidieron en afirmar que los funcionarios militares que se encontraban dentro del hemiciclo argumentaron que “tenían órdenes de no actuar”.

Un cordón humano armado por la GNB protegió a 30 trabajadores del ataque de los colectivos desde la sede del hemiciclo hasta la sede de Pajaritos. “Sentí el sonido de la explosión y luego un ardor en la espalda, un cohetón que lanzaron me había quemado, recordó la periodista al abordar la camioneta del diputado Luis Stefanelli con la intención de acudir a un centro asistencial de salud. “Nunca voy a olvidar que, al intentar irnos, vi a 10 civiles armados con ametralladoras que nos impidieron el paso. Pensé que aquí moriríamos cuando el diputado dio la orden de acelerar”, recordó. Los trabajadores lograron salir del Parlamento. Las periodistas Silvia Alegrett y Eva Gutiérrez resultaron heridas. Con las llamas de un soplete rompieron vidrios y cauchos del vehículo personal del reportero de Vivo Play, Manuel Trujillo.

De La Rosa pensaba que nada superaría los hechos del 27 de junio, pero no fue así. El 5 de julio, Día de la Declaración de Independencia en Venezuela, el “horror” comenzó  a las 8:00 am,con un cierre de calle a las afueras de la AN por parte de simpatizantes oficialistas. El asedio se prolongó hasta las 6:00 pm y 100 trabajadores quedaron atrapados en el Palacio Federal Legislativo. La periodista recordó que la historiadora Inés Quintero terminaba su discurso en la sesión que tuvo lugar en el Salón Protocolar, cuando varios gritos y la explosión de cohetones alertaron a los presentes. El reportero de NTN24, Rafael Hernández, sufrió laceraciones en un brazo por una de estas explosiones. “Un mar de gente me impidió salir para ver lo que estaba sucediendo. Habían irrumpido de nuevo en el Parlamento. Minutos después, pude ver a varias personas heridas, como el diputado Américo De Grazzia”, dijo.

Dos irrupciones al Parlamento ocurrieron  ese día. La primera a las 3:00 p.m. y la segunda a las 5:30 p.m. La violencia desmedida caracterizó ambos hechos y resultaron heridas 12 personas, entre ellas Gerardo Sotero, reportero del departamento de prensa de la AN, el periodista Gregory Jaimes y el asistente de cámara de Capitolio TV, Luis Heredia. Todos fueron golpeados con tubos en la cabeza.

Impunidad

Desde 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas conmemora cada 2 de noviembre como el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. “Es preocupante que el 90 por ciento de los asesinatos quede impune”, aseguró Naciones Unidas al afirmar que la impunidad deteriora a toda la sociedad dado que de esa forma, proliferan mayores actos de corrupción o violación a derechos fundamentales.

Especialistas en libertad de expresión y el derecho a la información consideran que existe una política implícita por parte de los organismos de justicia que impide dar celeridad a las investigaciones por agresiones y ataques contra los periodistas.

Oswaldo Cali, abogado de la asociación civil Espacio Público, asegura que la Fiscalía General de la República mantiene una política de opacidad que deriva en la dilación de casos, de modo que los responsables no suelen ser identificados ni sancionados. “Desde hace 6 años, no he visto ni un caso sobre periodistas y libertad de expresión que haya sido resuelto con 100% de éxito”, recordó.

Luisa Torrealba, periodista del Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la UCV (Ininco), advierte que la impunidad fomenta los ataques a la prensa en Venezuela. “Existen casos en los que jueces y fiscales actúan de cierta manera para generar retraso en las investigaciones, al no permitirle a los abogados ver los expedientes de los casos y al final estos terminan perdiendo vigencia, dijo.

“La gente no está denunciando porque no cree o no confía en los organismos de justicia de Venezuela. La víctima también tiene la responsabilidad de denunciar y apostar no solo su testimonio en detalle de los hechos, sino de ofrecer fotografías, videos o cualquier evidencia que ayude en la resolución del caso”, aseveró Cali.

Cali y Torrealba coinciden en que el desprestigio del sistema de administración de justicia fundamentan la desconfianza de los reporteros venezolanos, que, por lo general,  no formalizan las denuncias de las agresiones que sufren. La peor consecuencia, advierten, es la autocensura.

Lee nuestra entrega anterior por el siguiente enlace: (I), (II)

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