Este jueves, simpatizantes de la oposición llegaron a la sede de la Defensoría del Pueblo en Valencia y desde ahí insistieron en que el titular de ese organismo debe velar por los derechos de la comunidad y condenar los actos de represión violenta contra manifestante pacíficos.
Fuente: El estímulo
Espacio Público aseguró que se hostiga a los funcionarios del Estado, sobre todo a quienes exigen mejores condiciones laborales. Por su ocupación, las principales víctimas fueron los reporteros con 73 violaciones de libertad de expresión y prensa
Alfredo Ruiz, entrevistado por la periodista Vanesa Davies, aseguró que el parlamentario sería evaluado psicológica y psiquiátricamente para determinar si se le obligó a declarar bajo coacción, para convalidar la versión oficial sobre el supuesto atentado contra el presidente Nicolás Maduro.
Los abogados defensores de Fred Mavares y Reggie Andrade, trasladados el 11 de julio a la cárcel “26 de Julio”, exigieron a la jueza Luisa Romero que ratifique la orden de excarcelación emitida por el Tribunal Séptimo de Control de Caracas, el 8 de agosto de 2016
Ha transcurrido un año desde la muerte del joven enfermero de 22 años de edad durante las protestas de 2017 y aunque el dolor forma parte de la vida de su padre, la aflicción no le impide ayudar a quienes lo necesitan.
A pesar de que hay pruebas que demuestran la responsabilidad del sargento Arli Cleiwi Méndez Terán por el asesinato del joven enfermero, el proceso está trabado. La audiencia preliminar se ha diferido cuatro veces.
En junio de 2015 (y con siete años de retraso) el Estado venezolano presentó ante Naciones Unidas el cuarto informe sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En esa oportunidad fue evaluada la situación en el país, se identificaron las violaciones de derechos humanos y las autoridades gubernamentales se comprometieron a aplicar correctivos. Casi tres años después (este 26 de marzo de 2018) el Comité de Derechos Humanos determinó que el Estado no ha cooperado con el escrutinio internacional y, por ello, Venezuela recibió la calificación “D”, la penúltima en una escala de cinco. El próximo 24 de julio de 2018, las autoridades estatales deben presentar el próximo informe. Proiuris recuerda las obligaciones pendientes.
En la presentación del Informe Anual sobre Libertad de Expresión, la CIDH considera que la persecución judicial y la violencia contra comunicadores sociales es el método más usado por el gobierno de Nicolás Maduro para condicionar información de interés público.
La organización no gubernamental precisó que en enero de 2017 había 114 detenidos por razones políticas y 368 en febrero de 2018. En el informe Venezuela y presos políticos, se afirma que el uso artificioso del sistema de administración de justicia equivale a “terrorismo de Estado”.
A casi dos años de la masacre de Tumeremo, una operación del Ejército concluyó con el asesinato de 18 personas en la mina Cicapra. Un reporte del Cicpc indica que fueron “dados de baja”, por “resistencia a la autoridad”
El Estatuto de Roma no precisa plazos para el eventual enjuiciamiento penal de venezolanos por los excesos cometidos durante la represión de las protestas antigubernamentales de 2017. Sin embargo, las violaciones de derechos humanos son imprescriptibles.
