“Me arrebataron un hijo y no quiero perder al segundo”

Johnalex Iriarte, de 17 años  de edad, fue arbitrariamente detenido por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana en una protesta el 22 de enero de 2019.  Durante 17 horas  estuvo confinado en un pequeño calabozo de la sede de la PNB en San Agustín del Norte donde fue agredido verbal y físicamente. El joven protestaba en rechazo al régimen de Nicolás Maduro y en memoria de su hermano mayor,  asesinado en 2017 en un operativo de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar

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Represión de la GNB no logró empañar la jornada del 23E en Caracas

Miembros de la sociedad civil se movilizaron para asistir a la marcha convocada por la Asamblea Nacional en la Plaza Juan Pablo II de Chacao. Aunque hubo episodios de represión, los miles de marchantes se mantuvieron entusiastas en apoyo a la juramentación de Juan Guidó como presidente encargado de la República

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Fiscal reporta dos detenidos “in fraganti” por presunto magnicidio, pero no da nombres

Ningunas de las personas presuntamente involucradas con la detonación de dos drones con cargas explosivas en las inmediaciones de la avenida Bolívar este sábado 4 de agosto fueron identificadas por Tarek William Saab. “Por cuestiones legales inherentes a la investigación, no se darán detalles”, dijo.

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Las 15 violaciones de derechos humanos sobre las cuales el gobierno venezolano no rinde cuentas

En junio de 2015 (y con siete años de retraso) el Estado venezolano presentó ante Naciones Unidas el cuarto informe sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En esa oportunidad  fue evaluada la situación en el país, se identificaron las violaciones de derechos humanos  y las autoridades gubernamentales se comprometieron a aplicar correctivos. Casi tres años después (este 26 de marzo de 2018) el Comité de Derechos Humanos determinó que el Estado no ha cooperado con el escrutinio internacional y, por ello, Venezuela recibió la calificación “D”, la penúltima  en una escala de cinco. El próximo 24 de julio de 2018, las autoridades estatales deben presentar el próximo informe. Proiuris recuerda las obligaciones pendientes.

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