El abogado Jesús Ollarves considera que la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) sobre la lista Tascón representa un avance, pues deja en evidencias las represalias que puede aplicar un gobierno, en este caso el venezolano, contra los ciudadanos por la expresión de opiniones contrarias a los intereses del oficialismo.
Los detenidos fueron en primera instancia trasladados a la Casa Amarilla y luego al Helicoide donde los familiares esperaban que se concretaran las liberaciones.
En junio de 2015 (y con siete años de retraso) el Estado venezolano presentó ante Naciones Unidas el cuarto informe sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En esa oportunidad fue evaluada la situación en el país, se identificaron las violaciones de derechos humanos y las autoridades gubernamentales se comprometieron a aplicar correctivos. Casi tres años después (este 26 de marzo de 2018) el Comité de Derechos Humanos determinó que el Estado no ha cooperado con el escrutinio internacional y, por ello, Venezuela recibió la calificación “D”, la penúltima en una escala de cinco. El próximo 24 de julio de 2018, las autoridades estatales deben presentar el próximo informe. Proiuris recuerda las obligaciones pendientes.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas calificó al país con “D” (la penúltima de cinco categorías) pues no ha cumplido con las normas para hacer seguimiento a los compromisos que adquirió el Estado Venezolano en 2015 en materia de derechos civiles y políticos
Pobreza, violencia, inseguridad social y alimentaria, inflación, corrupción y deserción escolar son los principales factores que inciden en el repunte de casos de personas que son víctimas de esclavitud moderna en el país
Defensores de derechos humanos coinciden en advertir que el uso artificioso de la jurisdicción castrense constituye una práctica cada vez más recurrente del gobierno de Nicolás Maduro con el objetivo de inhibir las manifestaciones públicas de descontento por la profundización de la crisis política, económica y social de Venezuela.
En la presentación del Informe Anual sobre Libertad de Expresión, la CIDH considera que la persecución judicial y la violencia contra comunicadores sociales es el método más usado por el gobierno de Nicolás Maduro para condicionar información de interés público.
Foro Penal, organización defensora de derechos humanos, señaló que hasta la fecha existen 241 personas bajo privativa de libertad por razones políticas. 63 son militares
Desde el Hospital Clínico Universitario de Caracas, los empleados reclamaron la falta de insumos médicos y de limpieza así como la mala alimentación que se les brinda a los pacientes. “No tenemos miedo de que nos despidan porque el trabajo ya perdió valor”, dijo Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de Fetrasalud.
Acceso a la información y libertad de expresión; que haya organismos de justicia transparentes, autónomos e imparciales, así como cooperación internacional para combatir irregularidades en la administración de fondos públicos son algunas de las recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
La entrega estuvo a cargo del comisionado Joel Hernández y el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, quienes detallaron la situación actual en el país.
Integrantes de las organizaciones no gubernamentales agrupadas en la Red Naranja se concentraron en la Plaza Brión de Caracas para conmemorar del Día Internacional de la Mujer. Allí cada representante explicó los problemas de las luchadoras y alertaron que la “pobreza tiene cara de mujer en Venezuela”.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertó sobre la posibilidad de que el gobierno venezolano haya cometido crímenes de lesa humanidad
El director de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida obtuvo el Premio de Derechos Humanos de la Embajada de Canadá y el Centro para la Paz y los Derechos Humanos “Padre Luis María Olaso” de la Universidad Central de Venezuela.
La organización no gubernamental precisó que en enero de 2017 había 114 detenidos por razones políticas y 368 en febrero de 2018. En el informe Venezuela y presos políticos, se afirma que el uso artificioso del sistema de administración de justicia equivale a “terrorismo de Estado”.
En la primera audiencia pública: “Empresas y derechos humanos en Venezuela” solo serán escuchadas cinco organizaciones vinculadas al gobierno nacional, entre ellas: Fundalatin, Asonacop y el Comité de Víctimas de Venezuela.
Los representantes de las ONG Cecodap y Prepara Familia recordaron que el organismo internacional intervino luego de que cuatro tribunales venezolanos desconocieran la obligación del Estado a efectos de garantizar una adecuada dotación de medicinas e insumos en el principal centro de salud pediátrica del país.
Durante la concentración instaron al gobierno y al Ministerio de Salud a dotar los medicamentos que requieren para evitar el rechazo de órganos y las diálisis. 3.500 personas de todo el país con trasplantes de hígado y riñón corren riesgo de morir.
“No existe en América Latina un país que haya estado expuesto por tanto tiempo a un shock de tanto sufrimiento”, dijo Marino González, de la Unidad de Políticas Públicas de la USB. Aseguró que en Venezuela existe la peor desprotección financiera en el ámbito de la salud.
