Por medio de un tweet la reportera de Runrun.es Ronna Rísquez denunció con un video el lanzamiento de bombas lacrimogenas desde un helicoptero de la policia nacional Bolivariana. (Twitter de Ronna Rísquez)
https://twitter.com/ronnarisquez/status/851507809904676865/video/1
Johnalex Iriarte, de 17 años de edad, fue arbitrariamente detenido por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana en una protesta el 22 de enero de 2019. Durante 17 horas estuvo confinado en un pequeño calabozo de la sede de la PNB en San Agustín del Norte donde fue agredido verbal y físicamente. El joven protestaba en rechazo al régimen de Nicolás Maduro y en memoria de su hermano mayor, asesinado en 2017 en un operativo de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar
Miembros de la sociedad civil se movilizaron para asistir a la marcha convocada por la Asamblea Nacional en la Plaza Juan Pablo II de Chacao. Aunque hubo episodios de represión, los miles de marchantes se mantuvieron entusiastas en apoyo a la juramentación de Juan Guidó como presidente encargado de la República
Ningunas de las personas presuntamente involucradas con la detonación de dos drones con cargas explosivas en las inmediaciones de la avenida Bolívar este sábado 4 de agosto fueron identificadas por Tarek William Saab. “Por cuestiones legales inherentes a la investigación, no se darán detalles”, dijo.
En junio de 2015 (y con siete años de retraso) el Estado venezolano presentó ante Naciones Unidas el cuarto informe sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En esa oportunidad fue evaluada la situación en el país, se identificaron las violaciones de derechos humanos y las autoridades gubernamentales se comprometieron a aplicar correctivos. Casi tres años después (este 26 de marzo de 2018) el Comité de Derechos Humanos determinó que el Estado no ha cooperado con el escrutinio internacional y, por ello, Venezuela recibió la calificación “D”, la penúltima en una escala de cinco. El próximo 24 de julio de 2018, las autoridades estatales deben presentar el próximo informe. Proiuris recuerda las obligaciones pendientes.
El Estatuto de Roma no precisa plazos para el eventual enjuiciamiento penal de venezolanos por los excesos cometidos durante la represión de las protestas antigubernamentales de 2017. Sin embargo, las violaciones de derechos humanos son imprescriptibles.
Funcionarios de la Guardia Nacional reprimieron 82% de las manifestaciones convocadas por la comunidad académica.
Defensores de Derechos Humanos solicitaron la visita de la CIDH al país para que recabe información sobre la reiterada violación de derechos humanos.
Representantes de universidades públicas y privadas en Venezuela aseguraron que la persecución política y las restricciones económicas desmejoran la producción del conocimiento académico.
