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Sociedad civil denunció política de violencia y represión estatal contra la disidencia en Venezuela

Defensores de Derechos Humanos solicitaron la visita de la CIDH al país para que recabe información sobre la reiterada violación de derechos humanos.

DAVID MATOS-PRENSA PROIURIS.

Organizaciones de la sociedad civil en Venezuela alertaron  que el gobierno de Venezuela  hace uso sistemático del aparato represivo del gobierno de Nicolás Maduro para hostigar y amedrentar a todo aquel que sea señalado como promotor de la violencia en contra de las instituciones del Estado por el hecho de dar cumplimiento a derechos constitucionalmente establecidos, como el derecho a la protesta pacífica y a la libertad de expresión.

Detenciones arbitrarias contra manifestantes pacíficos, agresiones a periodistas y hacinamiento carcelario fueron algunas de las violaciones a derecho atribuidas al gobierno venezolano por parte del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, Foro Penal Venezolano, Espacio Público y Una Ventana a la Libertad durante el 165° período de sesiones públicas de la Comisión de Derechos Humanos (Cidh) en la ciudad de Montevideo Uruguay.

Política de persecución y detenciones arbitrarias

Marco Antonio Ponce, director del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), aseguró que el gobierno venezolano mantiene un discurso que difiere de los derechos sociales que pretende evocar, debido a las violaciones reiteradas de Derechos Humanos, como política de represión contra las manifestaciones sociales.

Ponce precisó que en los últimos cinco años se registraron 38.947 protestas, de las cuales 70% (28.210) fueron para exigir derechos económicos, sociales y culturales, a través del cierre de calles, huelgas y concentraciones que fueron reprimidas por un Estado que califica a la población civil como agentes desestabilizadores y terroristas.

El OVCS analizó y determinó la configuración de un patrón represivo contra la población entre los que subrayan los ataques conjuntos de la Guardia Nacional Bolivariana y civiles armados contra manifestantes, el uso sistemático de sustancias químicas para dispersas concentraciones, tratos inhumanos y degradantes contra manifestantes pacíficos, detenciones arbitrarias y allanamientos a la vivienda de población civil, agresiones comunicadores sociales y procesamiento de civiles en tribunales militares.

Hasta ahora no se ha condenado a ninguno de los responsables por los 102 civiles fallecidos producto de la represión estatal en las manifestaciones antigubernamentales entre el 1 de abril y el 31 de julio de 2017.

Gonzalo Himiob, representante del Foro Penal Venezolano (FPV), precisó la detención de 11.899 personas, desde el 1 de enero de 2014 hasta la fecha, como consecuencia de las protestas pacíficas antigubernamentales en el país. De esta cifra, 7.030 fueron criminalizadas con medidas cautelares y de libertad restringida y 391 forman parte de la categoría de presos políticos. Aclaró que la cifra no comprende registros de personas que hayan incurrido en hechos violentos.

Rechazaron las cifras ofrecidas por representantes del gobierno durante la audiencia, que señalan que hubo una disminución del índice delictivo en 19% en comparación con 2016, así como una baja en la tasa de homicidios, de 51% en 2016 a 39% en 2017. Aseguran que los datos discrepan de la realidad venezolana.

Ataque a las voces críticas

Carlos Correa, director de la asociación civil Espacio Público, exhortó a los representantes del gobierno a investigar y sancionar de manera expedita violaciones a la libertad de expresión. Aseguró que hay una serie de denuncias hechas por periodistas y reporteros ciudadanos, que no son procesadas o que son víctimas de retardos procesales y otros mecanismos que violentan el estado de derecho.

Correa aseguró que el gobierno utiliza a los cuerpos de seguridad e inteligencia para detener y confiscar herramientas de trabajo a los comunicadores. Esto ha ocurrido en reiteradas oportunidades y en muchas de ellas los equipos nunca son devueltos.  Denunció que impera también la impunidad ya que en otros casos, particulares que se identifican como grupos adeptos al gobierno roban, equipos a los reporteros ante la mirada indiferente de los representantes de los cuerpos de seguridad.

El director de la ONG mencionó casos como los de la periodista aragüeña, Beatriz Lara, y los reporteros gráficos, Gabriel Osorio y Alejandro Ledo, quienes fueron víctimas de vejaciones y agresiones entre 2014 y 2016 por parte de funcionarios policiales y militares, y simpatizantes oficialistas; casos en los que prevalece una falta de diligencia procesal presuntamente por temor a represalias oficiales.

Aseguró que la impunidad forma parte de una lógica que implementa el gobierno de Nicolás Maduro para acallar las voces críticas y reducir el espectro informativo venezolano.

“El fin de la concesión por sí misma no es motivo para sacar del aire a emisoras”. Así lo aseguró Edison Lanza, Relator para la Libertad de Expresión de la Cidh, con relación a los más de 50 medios audiovisuales cerrados por órdenes expresas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en los primeros nueve meses de 2017.

Correa precisó que 49 radioemisoras y 8 canales de televisión internacionales fueron sacados del aire por orden de Conatel, a través de procedimientos administrativos sancionatorios que vulneran los estándares internacionales sobre Libertad de Expresión vinculados el derecho a la información y la labor de los medios audiovisuales con líneas informativas críticas e independientes.

Sistema carcelario en crisis

Carlos Nieto Palma, director de la ONG Una Ventana a la libertad solicitó que una representación de la CIDH visite el país. “Venezuela está viviendo la más grave situación carcelaria en toda su historia” dijo. Informó que hay 100.000 presos,  cifra que comprende 55.000 detenidos en centros de detención del sistema penitenciario y 45.000 en centros de detención preventiva.

Nieto Palma aseguró que los 45.000 detenidos padecen de un hacinamiento de 350% en calabozos policiales, militares y de inteligencia que tienen capacidad solo para 5.000 personas. Esta situación incide en la propagación de brotes infecciosos y enfermedades como la tuberculosis y el paludismo en estados como Bolívar, Táchira y Zulia.

Lamentó la muerte de privados de libertad por diversas enfermedades y complicaciones por VIH. También precisó que ocho detenidos murieron por falta de alimentación. “Si la familia no tiene comida, debido a la crisis que se vive en Venezuela,  lo presos no comen y su estado de salud se deteriora rápidamente”, dijo.

Criminalización de la protesta pacífica

Representantes del gobierno nacional cuestionaron los registros ofrecidos por las organizaciones de la sociedad civil.  Aseguraron que varios sectores de la oposición presentaron un escenario de confrontación, que configuraron crímenes de odio. Dijeron que hubo pérdidas por  135 millones de dólares por cierre de empresas, daños de las vías públicas y asedio a las instituciones del Estado.  Desestimaron los motivos de las manifestaciones y aseguraron que hubo linchamientos por condición política y racial. Suzany González, viceministra del Ministerio de Interior, aseguró que 64 de los fallecidos en las protestas participaron en hechos de alteración al orden público, sin dar más detalles.

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