Representantes de universidades públicas y privadas en Venezuela aseguraron que la persecución política y las restricciones económicas desmejoran la producción del conocimiento académico.
DAVID MATOS – Prensa Proiuris.
Rectores de las principales universidades del país denunciaron que la autonomía de esos centros de estudio, tanto públicos como privados, está en peligro ante lo que calificaron como la sistematización de la represión por parte del gobierno. Así lo indicaron durante la presentación de “El pensamiento bajo riesgo”, un informe elaborado por las cátedras y los centros universitarios de derechos humanos.
El padre Jesús Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), denunció que la intervención de los funcionarios de seguridad del Estado en las sedes universitarias, así como la posición injerencista del Consejo Nacional de Universidades (CNU) en la designación de las autoridades, impide que cumplan con su labor como representantes de instituciones autónomas. “Con estas intervenciones estamos frente al aniquilamiento de la capacidad de presión que pueden ejercer las instituciones universitarias”, aseveró.
Benjamin Scharifker, rector de la Universidad Metropolitana, advirtió sobre el deterioro en la calidad de la educación superior, como consecuencia de políticas estatales de persecución, detención, intimidación y amenaza que vulneran el derecho a la libertad de expresión, reunión pacifica y asociación de los estudiantes y profesores.
“30% de los estudiantes egresaban en un lapso de 5 o 6 años en 2008, ahora es de menos de 10%”, aseguró Scharifker al afirmar que los alumnos abandonan las casas de estudio por razones de criminalización y violencia, así como también por la crisis económica que incide negativamente en la producción de conocimiento académico.
El rector aseguró que existe un éxodo de 50% de profesores e investigadores con experiencia, así como una reducción de los fondos destinados para la actualización de laboratorios, bibliotecas y otros equipos necesarios para la docencia y la investigación.
Ignacio Belisario, consejero universitario de la Ucab, aseguró que las restricciones económicas del sector impiden que los docentes reciban el pago que merecen. La crisis también ha afectado el servicio de comedor para los estudiantes. “Nos sentimos amenazados, limitados por la asignación de presupuestos que no van acorde con la realidad del país”, dijo.
Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Ucab, denunció que el Ejecutivo impone desde 2014 la concepción del Estado docente, que privilegia la asignación de cupos por medio de criterios no académicos.
Las autoridades y el Movimiento Estudiantil (ME) han denunciado que la aplicación de este modelo amplía la brecha entre quienes tienen cupo asignado y los que entregaron recaudos para ingresar a las universidades. La figura del Estado docente fue plasmada en la Ley Orgánica de Educación aprobada en 2009 por la Asamblea Nacional, y vetada por el fallecido presidente Hugo Chávez.
Bolívar explicó que la elaboración del informe “El pensamiento bajo riesgo”, por parte de la coalición de centros universitarios de investigación de derechos humanos, no tiene precedentes en la región y será llevado a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y la Relatoría Especial de Naciones Unidas para la educación.
