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Defensores suman esfuerzos para exigir la responsabilidad del Gobierno ante violación sistemática de DD HH

Representantes de la sociedad civil reflexionaron sobre las alianzas estratégicas entre organizaciones y la documentación precisa para dar visibilidad a los casos de violaciones de Derechos Humanos en Venezuela.

DAVID MATOS-PRENSA PROIURIS.

“La exigencia de responsabilidad a las instituciones del Estado no implica que se les reconozca”, así lo aseveró Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), ante el llamado a no abandonar los espacios y fomentar la denuncia ciudadana en contextos en los que hay ausencia de instituciones estatales legítimas.

Las declaraciones de Bolívar formaron parte del Tercer Encuentro de Defensores de Derechos Humanos que se llevó a cabo este 3 y 4 de noviembre en los espacios de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab).

La investigadora explicó que los defensores deben actuar con precaución ante situaciones coyunturales, pues aseguró que en las dictaduras también pueden convivir elementos expresivos y de asociación.

Bolívar hizo un llamado a las organizaciones a documentar cada caso, como un elemento fundamental de estrategia política, priorizando el valor de la información por encima de su carácter divulgativo.

El encuentro fue moderado por Feliciano Reyna, presidente de la asociación civil Acción Solidaria, quien exhortó a las organizaciones por la participación y las alianzas regionales para hacer frente a la impunidad ante emergencias humanitarias complejas. “Los poderosos pierden capacidad de gestión durante períodos coyunturales y, por ende, reprimen la disidencia”, explicó.

Reyna afirmó que la violación reiterada  de los Derechos Humanos en el país pudiese empeorar ante los esquemas represivos del gobierno de Nicolás Maduro. Con base en cifras de Ecoanalítica, el activista advirtió sobre una hiperinflación de 1.438% que pudiese incidir aún más en el presupuesto familiar de los venezolanos a finales de 2017. Debido a la crisis humanitaria, precisó que 27.000 venezolanos solicitaron asilo en 2016 y otros 50.000 lo hicieron en 2017 a países como Aruba, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Curazao, Ecuador, España, Estados Unidos, México, Perú y Trinidad y Tobago.

Explicó que Acción Solidaria diseña junto a otras organizaciones internacionales programas de acción humanitaria con énfasis en redes de apoyo, la documentación y el acompañamiento legal de casos en los que haya violación de Derechos Humanos.

Rafael Uzcátegui, coordinador general del Programa Venezolano de Acción-Educación en Derechos Humanos (Provea), aseguró que el gobierno pasa por una crisis institucional, independientemente de los resultados de las elecciones regionales del 15 de octubre. Considera que las organizaciones deben enfocar su eje de acción con base en la justicia transicional, la cual emana de la rendición de cuentas y de una reparación adecuada para las víctimas.

Uzcátegui pidió revisar el Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad de Naciones Unidas como un instrumento guía para la documentación, la representación y la reparación adecuadas a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos.

Beatriz Borges, directora del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), afirmó que la participación de los defensores de DD HH es fundamental para que las acciones de incidencia surtan efecto.

Borges explicó que el rol de los defensores debe enfocarse en la conciencia colectiva, a través de la labor pedagógica de los activistas; el diálogo y la negociación entre los actores políticos y sociales, y las acciones de movilización y resistencia.

Pidió a los representantes de las regiones a documentar de manera precisa los casos de violaciones de Derechos Humanos y a respetar la condición de las personas como sujetos de derecho ante su temor por denunciar los hechos.

Violaciones al derecho a la vida, a la manifestación pacífica, a la salud, a la libertad, al agua potable, entre otros, fueron denunciadas por representantes de las organizaciones Amnistía, del estado Aragua; Aula Abierta, del estado Zulia; CODHECIU, del estado Bolívar; Cátedra de DDHH de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, del estado Lara; Comisión DDHH, de los estados Apure, Barinas y Táchira; Estrella de la Mañana, del estado Yaracuy; Incide, del estado Sucre; Padres Organizados, del estado Carabobo; Promedheum, del estado Mérida; Sohi, del estado Anzoátegui; Stop VIH, del estado Nueva Esparta, y UVP, del Área Metropolitana de Caracas.

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