Con pancartas y en actitud pacífica los enfermeros iniciaron la marcha desde la avenida Bolívar cruce con Cedeño este viernes 12 de mayo para denunciar la grave situación que padece el sector salud.Un funcionario les advirtió que el Plan Zamora impide a la manifestación llegar a instituciones como la Gobernación.
El experto en Derecho Internacional Público, Fernando Fernández, propone estrategias de documentación de violaciones de derechos humanos que pueden contribuir a alimentar la actuación de la Corte Penal Internacional contra el presidente de Venezuela
Espacio Público aseguró que se hostiga a los funcionarios del Estado, sobre todo a quienes exigen mejores condiciones laborales. Por su ocupación, las principales víctimas fueron los reporteros con 73 violaciones de libertad de expresión y prensa
Ha transcurrido un año desde la muerte del joven enfermero de 22 años de edad durante las protestas de 2017 y aunque el dolor forma parte de la vida de su padre, la aflicción no le impide ayudar a quienes lo necesitan.
A pesar de que hay pruebas que demuestran la responsabilidad del sargento Arli Cleiwi Méndez Terán por el asesinato del joven enfermero, el proceso está trabado. La audiencia preliminar se ha diferido cuatro veces.
En junio de 2015 (y con siete años de retraso) el Estado venezolano presentó ante Naciones Unidas el cuarto informe sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En esa oportunidad fue evaluada la situación en el país, se identificaron las violaciones de derechos humanos y las autoridades gubernamentales se comprometieron a aplicar correctivos. Casi tres años después (este 26 de marzo de 2018) el Comité de Derechos Humanos determinó que el Estado no ha cooperado con el escrutinio internacional y, por ello, Venezuela recibió la calificación “D”, la penúltima en una escala de cinco. El próximo 24 de julio de 2018, las autoridades estatales deben presentar el próximo informe. Proiuris recuerda las obligaciones pendientes.
En la presentación del Informe Anual sobre Libertad de Expresión, la CIDH considera que la persecución judicial y la violencia contra comunicadores sociales es el método más usado por el gobierno de Nicolás Maduro para condicionar información de interés público.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertó sobre la posibilidad de que el gobierno venezolano haya cometido crímenes de lesa humanidad
La organización no gubernamental precisó que en enero de 2017 había 114 detenidos por razones políticas y 368 en febrero de 2018. En el informe Venezuela y presos políticos, se afirma que el uso artificioso del sistema de administración de justicia equivale a “terrorismo de Estado”.
El Estatuto de Roma no precisa plazos para el eventual enjuiciamiento penal de venezolanos por los excesos cometidos durante la represión de las protestas antigubernamentales de 2017. Sin embargo, las violaciones de derechos humanos son imprescriptibles.
¿Quién mató a Juan Pablo Pernalete? Para sus familiares y abogados no hay dudas: un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana. No obstante, la identidad del autor material del asesinato aún no se ha determinado por las fallas en esta y todas las investigaciones sobre los excesos cometidos por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado contra las personas que salieron a la calle a protestar contra el gobierno entre abril y julio de 2017.
Los comunicadores sociales que documentaron y sufrieron en carne propia los atropellos cometidos por los cuerpos de seguridad contra los que salieron a la calle a protestar contra el gobierno consideran que es muy poco probable que se haga justicia.
Salió a la calle, a protestar contra el gobierno, al menos 60 veces. Aún padece las consecuencias de los maltratos por los cuales responsabiliza a la Policía Nacional Bolivariana. Cuenta cómo fue reprimida y por qué ahora está decepcionada.
