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Memorias de la brutalidad (VI) | “Probaremos que la muerte de Juan Pablo fue una ejecución extrajudicial”  

¿Quién mató a Juan Pablo Pernalete? Para sus familiares  y abogados no hay dudas: un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana. No obstante, la  identidad del autor material del asesinato aún no se ha determinado por las fallas en esta y todas las investigaciones sobre los excesos cometidos por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado contra las personas que salieron a la calle a protestar contra el gobierno entre abril y julio de 2017

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María Yolanda García

El fallecimiento del estudiante de economía de la Universidad Metropolitana no solo abrió una herida incurable en las vidas de sus padres, Elvira Llovera y José Pernalete, sino que puso en evidencia las debilidades del sistema de administración de justicia. Surgieron dos versiones “oficiales”. Por una parte el gobierno (que no debe inmiscuirse en los procesos penales) se apresuró a afirmar que el joven de 19 años había muerto a causa del disparo de una pistola de perno, presumiblemente efectuado por otro manifestante opositor. Y por la otra, la fiscal general de la República,  Luisa Ortega Díaz, con pruebas en la mano, aseguró que el muchacho fue asesinado por el impacto de una bomba lacrimógena, lanzada por la Guardia Nacional Bolivariana, que le provocó un shock cardiogénico cerrado de torax,  según indica la autopsia.

El 24 de mayo, en una conferencia de prensa, Ortega detalló el acervo probatorio: testimonios de  testigos presenciales, videos, análisis químicos de los residuos del explosivo hallados en la ropa de Pernalete, entre otros. “Ya está identificado el grupo responsable de hacer el disparo. En los próximos días se sabrá quién es el responsable directo” dijo la fiscal general  en esa oportunidad. Sin embargo, hasta la fecha no se ha determinado el nombre que reclaman los familiares de la víctima.

Para Waldemar Núñez, abogado de la familia Pernalete, altos representantes del gobierno han impedido que se conozca la identidad del responsable. “El caso está resuelto desde el punto de vista científico, criminalístico y técnico. Lo que falta es la individualización del guardia nacional. Pero altos funcionarios como los generales Antonio Benavides Torres y Favio Zabarce Pabón han obstruido la investigación. Desde el primer momento, ambos crearon estrategias para tergiversar las responsabilidades de ese guardia nacional que estaba allí. Nosotros tenemos elementos de convicción claros que indican que la Guardia Nacional estaba allí”.

Ni las acciones de altos funcionarios para impedir que se llegue a la verdad ni el aparato comunicacional del gobierno activado para exculpar a los militares han hecho mella en la exigencia de justicia de la familia del joven asesinado. Están dispuestos a hacer todos los esfuerzos para comprobar que el fallecimiento de Pernalete y las otras 123 personas asesinadas  durante las protestas corresponden a una política de Estado. “Fueron ejecuciones extrajudiciales” asegura Núñez.


 

“Se trata de una  política de Estado. Primero se aprobó la resolución 008610 del Ministerio de la Defensa que permitía el uso de armas letales para el control de manifestaciones de calle. Luego, el 18 de abril Nicolás Maduro  la implementación del Plan Zamora, que es un plan militar inadecuado para el control del orden público, pues está concebido para neutralizar, extinguir, eliminar a los enemigos. El gobierno ya consideraba a los estudiantes como enemigos. Probaremos que la muerte de Juan Pablo fue una ejecución extrajudicial”.

Núñez confía en que demostrará  que la ejecución extrajudicial fue una práctica sistemática durante las protestas, a pesar de que se trata de un delito que no está tipificado en las leyes venezolanas. “Iremos a instancias internacionales para demostrar que, más que un homicidio calificado, en el caso de Juan Pablo se cometió una ejecución extrajudicial; que se hizo con la connivencia del Estado y que ha sido una práctica repetitiva y sistemática. Es un planteamiento novedoso pero está fundamentado en  la Constitución, la cual indica que los derechos y garantías que no estén expresamente establecidos en el ordenamiento interno venezolano pueden ser reivindicados mediante los convenios internacionales suscritos por Venezuela”, insistió el abogado.

El apoderado judicial de la familia Pernalete sabe que antes de acudir a las instancias internacionales de protección de derechos humanos debe agotar los recursos legales que ofrece la legislación venezolana. En ese sentido solicitó antejuicio de mérito contra seis altos funcionarios del Estado ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

Los funcionarios señalados fueron Ernesto Villegas, en ese entonces ministro de Comunicación; Vladimir Padrino López, ministro de Defensa; Fabio Zavarce Pabón, general de la GNB; Antonio Benavides Torres, ex comandante de la GNB, y los diputados oficialistas Diosdado Cabello y Pedro Carreño.

Núñez destacó que la solicitud de enjuiciamiento se fundamenta en La Ley para Prevenir la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes que, precisamente, se sancionó cuando la Asamblea Nacional estaba presidida por Cabello.

Actuaron irresponsablemente al asegurar que a Juan Pablo lo mataron con una pistola de perno, al calificarlo como guarimbero.  Al ensuciar su memoria causaron daños emocionales y físicos a sus padres. ¿Se han preguntado cómo se sentían sus padres cuando escuchaban ese tipo de cosas en la televisión del Estado? Solo queremos justicia”.

Recordó que en 2002 la Sala Constitucional abrió la posibilidad de que, además del fiscal general de la República,  las víctimas solicitaran el enjuiciamiento de altos funcionarios.

Waldemar Núñez está convencido que dentro o fuera del país lograrán su cometido: “Convoco a los familiares de los demás jóvenes que murieron. Sé que podemos hacer justicia”.

 

Lee nuestras entregas anteriores de Memorias de la brutalidad en los siguientes enlaces:  (I) , (II)(III) , (IV), (V)

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