Reporte Proiuris
Jackelin Díaz
Casi 80% de la población venezolana sufre fallas de suministro de agua potable. En Zulia optaron por explorar el subsuelo, pero estudios han demostrado que el líquido que se halla por esta vía no es apto para el consumo humano
En una búsqueda desesperada de agua, tres personas han fallecido electrocutadas en el estado Zulia en lo que va de 2020. Los ciudadanos en esta región han optado por excavar pozos, incluso en los patios de sus casas, para abastecerse de un líquido que en muchos casos no es apto para el consumo humano.
El periodista Edwin Prieto Rosales, de Impacto Venezuela, informó una de las víctimas fatales fue identificada como Jorge Luis Frías. Tenía 45 años de edad, vivía en el sector El Manzanillo y junto a otras tres personas estaba excavando al frente de su casa un pozo profundo en el que encontró agua después de excavar durante horas. Sin embargo, Frías falleció luego de hacer contacto con un cable de alta tensión.
“La persona se encontraba en el pozo y cuando intentó salir la mecha se le fue para la guaya, y él quiso pararla pero ya la guaya lo jaló y se electrocutó”, detalló Wilmer Perdomo, hijo de la víctima.
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La hermana de la víctima, Arelis Medina, sostuvo que Frías realizaba esta peligrosa labor con la esperanza de ayudar a su familia y a los vecinos de la zona. “Él veía el desespero de la gente y ya los pozos que hay en el sector no dan basto para la comunidad”.
El costo de perforación de un pozo artesanal de agua es bajo, si se compara con el monto cancelado por las pipas y cisternas de agua. Se requieren pocos materiales de plomería como tubos, conexiones y gravilla.
Los ciudadanos utilizan palas y un tubo de metal con el que perforan hasta los 12 o 10 metros de profundidad. A ese nivel suelen encontrar agua.
El agua de los pozos artesanales, que tienen entre 6 y 15 metros de profundidad, es agua de lluvia que se ha ido filtrando por los poros del suelo y su uso tiene fecha de caducidad.
El Laboratorio de Investigación Ambiental la Universidad del Zulia realizó un estudio químico para determinar las cualidades del agua extraida de este tipo de pozos. La conclusión es que el agua no es apta para el consumo humano, ya que requiere tratamiento a través de un sistema de filtración para eliminar impurezas .
Derecho al agua
El estado Zulia, como el resto del país, presenta fallas en el abastecimiento de agua mucho antes de la cuarentena establecida en orden nacional.
La Comisión de Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) reportó que la mayoría de las zonas de Maracaibo tienen más de tres meses sin agua. Habitantes denunciaron que un tambor del suministro cuesta 125.000 bolívares en efectivo, pero en caso de pagarlo por transferencia el precio aumenta. Y en divisas, el precio mínimo es un dólar por recipiente.
Durante la cuarentena, de acuerdo con cifras de la Asamblea Nacional, 18,7 % de todo el país reporta ausencia en el suministro de agua de más de siete días; 3,4 % tiene acceso a ella de forma regular y le llega limpia, al tiempo que 77,9 % de la población la recibe de forma intermitente y con baja calidad. Los estados más afectados son Zulia, Delta Amacuro y Amazonas.
Recientemente, un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas, advirtió que “la lucha mundial contra la pandemia tiene pocas posibilidades de éxito si la higiene personal, la principal medida para prevenir el contagio, no está al alcance de los 2.200 millones de personas que no tienen acceso al agua potable”.
Los expertos de la ONU dijeron que Nicolás Maduro ha tratado de descargarse de responsabilidad, al alegar que el desabastecimiento de agua y demás bienes esenciales es culpa de las sanciones impuestas a personeros del oficialismo por su vinculación con hechos de corrupción, narcotráfico y violaciones sistemáticas de derechos humanos Sin embargo, la escasez de alimentos y las fallas en servicios esenciales son previas a estas sanciones.
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La crisis del agua en Venezuela se ha agudizado con la llegada de la COVID-19. En todo caso, el Estado debe garantizar el suministro de agua potable a todos los ciudadanos y prioritariamente a los que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, como personas con discapacidad, privados de libertad y los que están recluidos en centros de salud.
