Aunque algunos especialistas comprenden la intención de la Alta Comisionada de ayudar a los países que han sido sancionados, consideran que el apoyo debería destinarse a las ONG y no al gobierno que preside Nicolás Maduro
Alejandro Romero
Reporte Proiuris
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo un llamado a “reconsiderar las sanciones sectoriales impuestas a países como Venezuela”, con el fin de agilizar la atención sanitaria que se requiere para afrontar la pandemia del Covid-19.
Bachelet ordenó la reevaluación de las medidas, en vista de su posible repercusión negativa sobre el sector salud y los derechos humanos en los países sancionados.
“Las exenciones humanitarias ajenas a las sanciones deberían aplicarse de manera más amplia y eficaz, mediante la autorización rápida y flexible de suministrar equipos y material médico”, dijo Bachelet en el comunicado.
El internacionalista Félix Arellano comprende la intención de la Alta Comisionada de ayudar a los países que sufren de sanciones; no obstante, precisó que el apoyo debería destinarse a las ONG y no al gobierno que preside Nicolás Maduro.
“Es cierto que la banca internacional se ha vuelto muy sensible ante el tema Venezuela, de modo que la adquisición de equipos y medicamentos puede complicarse; sin embargo, las ONG puede prestar ayuda de manera más eficiente”, señaló Arellano.
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El experto le parece poco consistente que Maduro haga hincapié en que las sanciones le impiden tener un plan de recuperación del sistema sanitario.
“Bachelet conoce la gravedad del problema y quiere solventarlo, sin embargo, a Maduro no le interesa solventar las crisis estructural porque implicaría un cambio profundo de su política”, señaló Arellano.
De acuerdo con el internacionalista, este cambio implicaría la participación activa de las ONG en el panorama nacional para que los sectores puedan recibir recursos de forma transparente.
La comunidad internacional puede ayudar, pero Arellano desestima la capacidad del gobierno de Maduro para garantizar los derechos fundamentales de las personas, pues, además, ha obstaculizado las labores humanitarias de la sociedad civil.
“A un gobierno autoritario no le interesa el bienestar de la sociedad, solo los beneficios políticos. Aunque sean levantadas las sanciones el Estado no tomaría las acciones necesarias para evitar el potencial desastre”.
Por otro lado, el economista Aaron Olmos recordó que las sanciones económicas aplicadas a Venezuela no eximen la importación de productos farmacéuticos o aparatos médicos y que el gobierno pudiese trabajar bajo esa norma para organizar un plan sanitario de contingencia.
Puntualizó que el Poder Ejecutivo ha hecho ver que requiere del levantamiento de las sanciones para solventar la crisis del Covid-19, pero los antecedentes de la gerencia presupuestaria para la sector salud generan dudas.
“Hospitales que nunca se construyeron, equipos que nunca se compraron, reparaciones a centros médicos que nunca fueron efectuadas… Ese es el histórico que tiene el gobierno, que lejos de ayudar, solo ha perjudicado la vida de los venezolanos”, indicó Olmos a modo de ejemplos.
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El economista señaló que es menester que el gobierno suministre a todos los venezolanos una prueba de diagnóstico para Covid-19. Aun partiendo de esta premisa, Olmos advirtió que los tiempos de respuesta no serían lo suficientemente rápidos para abordar la crisis en su totalidad.
Eexplicó que el estado real de las instituciones médicas no puede recuperarse en los tiempos perentorios que impone la pandemia, debido a los años de desidia que derivaron en la crisis humanitaria compleja.
“No tendría que generarse una pandemia para que un gobierno dote el sistema de salud para garantizar el derecho a la salud y a la vida de sus habitantes. Eso pone de manifiesto la falta de transparencia hacia las necesidades del colectivo”, sostuvo Olmos.
La sociedad civil como agente clave
Olmos afirmó que la participación dela sociedad civil debe fomentarse para afrontar la situación de emergencia sanitaria y que no deben descartarse opciones que ofrezcan soluciones a las personas que provengan de estas fuentes.
El economista ponderó que el gobierno no debe asumir la pandemia como una vía de fuerza para levantar las sanciones y generar provecho político. La prioridad es velar por la dignidad de las personas.
“La petición de Bachelet tiene sentido en el marco de la crisis sanitaria, pero no podemos olvidar por qué surgen las sanciones”.
Por lo demás, Bachelet señaló en el comunicado que los países sancionados deberían proporcionar información transparente, aceptar las ofertas de asistencia humanitaria y dar prioridad a las necesidades y los derechos de los sectores más vulnerables de la población.
