El coordinador del Foro Penal Venezolano en Carabobo, Luís Armando Betancourt, denunció que los 63 detenidos en Carabobo durante el “Gran Plantón”, del pasado lunes , fueron llevados a Tribunales Militares, donde no se les ha permitido contacto alguno con sus familiares, ni ningún tipo de asesoría legal.
Espacio Público aseguró que se hostiga a los funcionarios del Estado, sobre todo a quienes exigen mejores condiciones laborales. Por su ocupación, las principales víctimas fueron los reporteros con 73 violaciones de libertad de expresión y prensa
El Ministerio Público acusó a Gerson Alberto Quintero, Jhonny Azócar Gómez y Miguel Pacheco Palencia por el homicidio del joven valenciano, ocurrido el 24 de abril de 2017, en el contexto de las protestas antigubernamentales. Los dos primeros permanecerán presos, mientras que el tercero continuará afrontando el proceso en libertad condicional.
Ha transcurrido un año desde la muerte del joven enfermero de 22 años de edad durante las protestas de 2017 y aunque el dolor forma parte de la vida de su padre, la aflicción no le impide ayudar a quienes lo necesitan.
A pesar de que hay pruebas que demuestran la responsabilidad del sargento Arli Cleiwi Méndez Terán por el asesinato del joven enfermero, el proceso está trabado. La audiencia preliminar se ha diferido cuatro veces.
En junio de 2015 (y con siete años de retraso) el Estado venezolano presentó ante Naciones Unidas el cuarto informe sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En esa oportunidad fue evaluada la situación en el país, se identificaron las violaciones de derechos humanos y las autoridades gubernamentales se comprometieron a aplicar correctivos. Casi tres años después (este 26 de marzo de 2018) el Comité de Derechos Humanos determinó que el Estado no ha cooperado con el escrutinio internacional y, por ello, Venezuela recibió la calificación “D”, la penúltima en una escala de cinco. El próximo 24 de julio de 2018, las autoridades estatales deben presentar el próximo informe. Proiuris recuerda las obligaciones pendientes.
Defensores de derechos humanos coinciden en advertir que el uso artificioso de la jurisdicción castrense constituye una práctica cada vez más recurrente del gobierno de Nicolás Maduro con el objetivo de inhibir las manifestaciones públicas de descontento por la profundización de la crisis política, económica y social de Venezuela.
En la presentación del Informe Anual sobre Libertad de Expresión, la CIDH considera que la persecución judicial y la violencia contra comunicadores sociales es el método más usado por el gobierno de Nicolás Maduro para condicionar información de interés público.
La organización no gubernamental precisó que en enero de 2017 había 114 detenidos por razones políticas y 368 en febrero de 2018. En el informe Venezuela y presos políticos, se afirma que el uso artificioso del sistema de administración de justicia equivale a “terrorismo de Estado”.
El Estatuto de Roma no precisa plazos para el eventual enjuiciamiento penal de venezolanos por los excesos cometidos durante la represión de las protestas antigubernamentales de 2017. Sin embargo, las violaciones de derechos humanos son imprescriptibles.
Los comunicadores sociales que documentaron y sufrieron en carne propia los atropellos cometidos por los cuerpos de seguridad contra los que salieron a la calle a protestar contra el gobierno consideran que es muy poco probable que se haga justicia.
Salió a la calle, a protestar contra el gobierno, al menos 60 veces. Aún padece las consecuencias de los maltratos por los cuales responsabiliza a la Policía Nacional Bolivariana. Cuenta cómo fue reprimida y por qué ahora está decepcionada.
Los excesos cometidos por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana durante las protestas contra el gobierno entre abril y julio de 2017 dejaron secuelas físicas y psicológicas en las víctimas. Un estudiante de Comunicación Social, cuya identidad resguarda Proiuiris, cuenta lo caro que pagó haber sido solidario.
