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Gobierno rechaza liberación de presos políticos solicitada por Bachelet  

Nicolás Maduro insiste en negar que en Venezuela existen detenidos por razones políticas. En su respuesta a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también niega la emergencia humanitaria compleja
Reporte Proiuris
Erick S. González Caldea

El gobierno de Nicolás Maduro rechazó la solicitud de liberación de presos políticos formulada por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

“Esta recomendación resulta inaplicable y por tanto equivocada, pues en Venezuela no existen personas detenidas por tal condición”, se indica en el documento mediante el cual el gobierno dio respuestas al informe elaborado por Bachelet, que se presentará formalmente ante el Consejo de Derechos Humanos este viernes 5 de julio.

El gobierno asegura que la situación de los derechos humanos en el país no es la descrita por la Alta Comisionada, Michelle Bachelet. “Ninguna autoridad ha reconocido la existencia de una crisis humanitaria en Venezuela”, se insistió.

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Consideran que hubo “graves errores de hechos” en la redacción del documento por parte del Acnudh. “El informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela, que contradice los principios que deben regir el tratamiento de los asuntos de derechos humanos, recogidos en la Declaración y Programa de Acción de Viena”.

Para el gobierno de Maduro hubo muchas omisiones sobre los avances que ha tenido el país en materia de los derechos humanos, así como las sanciones que ha aplicado el sistema judicial penal a los violadores de los derechos humanos. “El informe señala que el Estado venezolano no habría investigado las denuncias de supuestas violaciones a los derechos humanos. Esta afirmación es errónea, tal como lo demuestra la información aportada a la Ocnudh en respuesta al cuestionario remitido por esa Oficina”, se lee en el documento.

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El gobierno enfatiza que “resulta injustificable que la Oacnudh haya priorizado en su análisis los testimonios recabados fuera de Venezuela, sin considerar los elementos que el personal de esa Oficina pudo directamente apreciar en sus visitas al país”.

También, argumenta que el informe “no es objetivo ni imparcial un análisis donde se privilegien al extremo los señalamientos negativos y se invisibilice o minimice los avances y medidas adoptadas en materia de derechos humanos”. Además, rechaza la metodología empleada por la Alta Comisionada.

Seguridad ciudadana y otros “errores”

Según el documento enviado por el gobierno a la Alta Comisionada, las autoridades explican que los operativos policiales, realizados en las zonas populares del país, han tenido una incidencia positiva para bajar la criminalidad en el país.

“En este apartado, la OACNUDH omite la información entregada por el Gobierno sobre el sostenido descenso de los indicadores de criminalidad en el país, especialmente del delito de homicidio. Este dato es relevante para un análisis objetivo de la situación venezolana (…)  En efecto, tal como se mencionó en la respuesta al cuestionario enviado por la OACNUDH, el año 2016 cerró con un total de 17.407 homicidios (56 por cada 100 mil habitantes), el año 2017 con 14.665 homicidios (47 por cada 100 mil habitantes) y 2018 con 10.598 homicidios (33 por cada 100 mil habitantes). Como se observa, existe una marcada tendencia descendente en este importante indicador”, se lee en el documento.

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En cuanto a la situación de salud, el gobierno señala que las situaciones descritas en el documento corresponden a entrevistas hechas en el extranjero. “Dicho análisis resulta errado, pues omite la información recabada directamente por el personal de la OACNUDH durante su visita al país, así como los datos aportados por el Estado a esa Oficina y el impacto generado por las medidas coercitivas unilaterales”, se lee.

Enfatiza que durante la misión realizada a Venezuela en marzo de 2019, la Oficina visitó tres establecimientos de salud públicos, “en esas visitas, el personal de la Oficina pudo apreciar directamente que la situación de esos establecimientos no se corresponde con el diagnóstico realizado en el informe A/HRC/41/18”.

Agrega que, durante esa visita, los expertos de la ONU accedieron a a salas de emergencia, depósitos de medicamentos, salas de diálisis, áreas de hospitalización y áreas de imagenología, entre otros espacios, constatando la atención brindada y los reales niveles de disponibilidad de equipos, insumos y medicamentos, así como de personal.

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