Univisión Por: Bill Barreto
Miles de personas salieron a las calles de Guatemala, tanto en la capital como en la provincia, para pedir la renuncia del presidente, Jimmy Morales, y de los diputados al Congreso de la República. Esto luego de que los diputados decidieran no retirarle la inmunidad la semana pasada, por una acusación de financiamiento electoral ilícito, y que los congresistas reformaran dos leyes, que luego derogaron, para garantizarse la inmunidad por delitos electorales.
Este miércoles 20 de septiembre la ciudadanía guatemalteca reactivó las movilizaciones contra la corrupción en todo el país. Al menos unas 30,000 personas en diferentes puntos de la Ciudad de Guatemala, y miles más en el interior del país, ocuparon plazas y abarrotaron las calles con pancartas y banderas pidiendo la renuncia del presidente, Jimmy Morales; de los congresistas que intentaron reformar delitos electorales que los podían afectar; y exigieron cambios en la Ley Electoral para depurar el sistema político.
Las manifestaciones de este día fueron convocadas por la Asociación de Estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, AEU, la semana pasada. Bajo la consigna de “Paro Nacional”. A las movilizaciones se unieron personas particulares, pequeños empresarios, organizaciones sociales y movimientos campesinos e indígenas. El gran ausente fue la patronal que agrupa a los mayores empresarios del país, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF.
Los asistentes al paro nacional de este miércoles fueron del más variado origen. Jeannete Menéndez, estudiante de Educación Especial en la Universidad de San Carlos, indicó que se unió al paro al sentirse indignada por las decisiones del Presidente y los diputados durante las últimas semanas que impedían el combate a la corrupción. “Estoy a favor de que le retiren el antejuicio al Presidente y que renuncien los diputados, si no tenemos una buena cabeza que nos dirija no vamos a tener un buen cuerpo. No estoy de acuerdo con las leyes que intentaron pasar los diputados” afirmó la estudiante.
Las consignas más recurrentes en esta jornada fueron en contra de la corrupción y exigiendo la renuncia del Presidente y los diputados. Sin embargo, algunas consignas también se centraron en pedir reformas al sistema político, desde la Ley Electoral hasta modificaciones más profundas como cambios en la Constitución y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.
Nicolas Velásquez, líder comunitario de Retalhuleu, participante en las protestas en la Plaza de la Constitución, forma parte de este segundo grupo de manifestantes que además de pedir renuncias y el combate a la corrupción, exige reformas al sistema político. “Es necesario una nueva revolución, una nueva Constitución, necesitamos construir un Estado que reúna las diferentes expresiones de la sociedad, a través de una Asamblea Plurinacional Constituyente para reformar el sistema económico y político que ha permitido la corrupción y cooptación del Estado” afirmó Velásquez.
Solicitud de antejuicio y “Pacto de corruptos”
La indignación ciudadana que alimentó las más recientes protestas tiene su origen en la decisión del presidente Jimmy Morales, el pasado 27 de agosto de pedir la salida del comisionado Iván Velásquez de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Esto luego de que Velásquez, en conjunto con una investigación del Ministerio Público, pidiera el retiro de la inmunidad a Morales por delitos electorales.
Tras la decisión del mandatario la solicitud llegó al Congreso de la República el cual votó en contra de retirarle la inmunidad al Presidente. Luego de esto un día previo al feriado del 15 de septiembre, por la declaración de independencia nacional, los congresistas aprobaron reformas a la Ley Electoral y al Código Penal que favorecían a diputados y al mismo Presidente acusados del delito de financiamiento electoral ilícito.
Esta decisión de los diputados fue denominado por los medios de comunicación con la etiqueta #PactoDeCorruptos y provocó un profundo rechazo entre la población. Manifestantes rodearon al día siguiente el Congreso y exigieron a los diputados derogar las leyes aprobadas. Frente a la presión ciudadana los congresistas dieron marcha atrás.
En medio de esta situación el pasado martes 19 de septiembre el presidente Morales asistió a la Asamblea General de las Naciones Unidas. En su declaración el mandatario indicó que realizará una revisión del convenio de creación de Cicig para determinar “su correcta aplicación” y para «evitar la persecución selectiva, la politización de la justicia y la judicialización de la política». Morales, al igual que su hijo y su hermano, enfrentan diferentes procesos iniciados por investigaciones penales en conjunto entre el MP y Cicig.
Congreso bajo la presión social
“No caigamos en presiones. No por 20 tuiteros que tiene 200 cuentas que se les están aliando en este momento ustedes van a tener que desacreditar una institución”, dijo el pasado martes el diputado Javier Hernández, jefe de bancada del Frente de Convergencia Nacional, FCN-Nación, en una reunión con otros congresistas.
Estas palabras exacerbaron el ánimo de los manifestantes. Este jueves el Congreso enfrenta, nuevamente, la decisión sobre retirarle o no la inmunidad al mandatario. Los jefes de bloque de las bancadas acordaron reunirse en un hotel y posteriormente sesionar en el parlamento. Los diputados enfrentan tres alternativas: votar a favor del retiro de la inmunidad del Presidente y conseguir los votos necesarios; no alcanzar las dos terceras partes de los votos y dejar la solicitud archivada, o ausentarse del hemiciclo y posponer la votación.
La presión contra los diputados, en esta oportunidad, no sólo es contra la figura del Congreso como institución. Las manifestaciones de este miércoles han mostrado que ahora los señalamientos se han personalizado contra los diputados. Congresistas han sido declarados “ingratos” en numerosos comercios en Guatemala, organizaciones comunitarias han desconocido a sus diputados distritales, y ahora enfrentan una presión individualizada.
El destino de Morales queda, ahora, en manos de una institución desprestigiada que busca salvar lo poco que resta de su credibilidad.
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