El reporte de la Fiscalía de la CPI divulgado este 14 de diciembre advierte que procurará determinar la responsabilidad penal de cada uno de los que auspician la actuación de los grupos de civiles armados en la represión de las protestas antigubernamentales
Reporte Proiuris
Edgar López
Aunque no los identifica como tales, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) hizo un retrato hablado de los colectivos oficialistas: “la información disponible indica que individuos a favor del Gobierno también participaron en la represión de opositores del Gobierno de Venezuela, o gente percibida como tal, principalmente actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento”.
El señalamiento forma parte del reporte de la Fiscalía de la CPI sobre la marcha del examen preliminar de la Situación Venezuela I, divulgado este 14 de diciembre, el cual corresponde a los hechos ocurridos en el país a partir de abril de 2017 y que, según ya se ha determinado corresponden a los crímenes de lesa humanidad establecidos en el Estatuto de Roma.
“Durante el período sobre el que se informa, la Fiscalía finalizó su análisis de la competencia material en relación con la situación en Venezuela I. Luego de una evaluación detallada y un análisis de la información disponible, la Fiscalía concluyó que existe fundamento razonable para creer que se cometieron crímenes de competencia de la Corte en Venezuela desde al menos abril de 2017”, se indica en el referido reporte.
Es abundante la documentación de la actuación impune de los colectivos oficialistas en la represión de las protestas antigubernamentales que se llevaron a cabo a partir de abril de 2017.
“Miembros de las fuerzas de seguridad y pandillas armadas partidarias del gobierno (llamadas “colectivos” en Venezuela) atacaron a manifestantes en las calles, empleando fuerza extrema y en ocasiones letal, provocando decenas de muertes y cientos de heridos”, se lee en un informe de Human Rights Watch y el Foro Penal titulado “Arremetida contra opositores. Brutalidad, tortura y persecución política en Venezuela”.
Ambas organizaciones documentaron 88 casos que involucran a 314 víctimas de graves violaciones de derechos humanos entre abril y septiembre de 2017. “Estos abusos fueron cometidos por miembros de distintas fuerzas de seguridad y por “colectivos”, en Caracas y en 13 estados: Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Barinas, Bolívar, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Sucre, Táchira, Vargas y Zulia”, se precisa.
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La prensa también ha hecho aportes importantes. Es destacable el reportaje fotográfico publicado en el diario El País, de España, y suscrito por Maolis Castro y Raúl Romero, a través del cual se muestra la actuación de los colectivos oficialistas y la permisividad de la policía en la represión de una protesta antigubernamental que tuvo lugar en la avenida Francisco Solano, en Caracas, el 8 de abril de 2017.
Como quiera que la Corte Penal Internacional se orienta a determinar responsabilidades penales individuales por diversos grados de participación en la comisión de crímenes de lesa humanidad, el reporte de la Fiscalía de la CPI publicado este 14 de diciembre advierte: “En relación con el presunto rol de los actores mencionados –los colectivos oficialistas- , el/los caso(s) potencial(es) identificados por la Fiscalía no estarían limitados a estas personas o grupos de personas y se procuraría examinar la presunta responsabilidad de aquellos que parezcan ser los máximos responsables por tales crímenes”.
Sobre los cuerpos de seguridad que también están involucrados en crímenes de lesa humanidad, la Fiscalía de la CPI mencionó a: la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y «ciertas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)».
Los nuevos insumos
El reporte de la Fiscalía de la CPI señala que se incorporaron al examen preliminar dos importantes insumos para la verificación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
El examen preliminar de la Situación Venezuela I ahora incluye el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, publicado el 16 de septiembre de 2020. En dicho informe se precisa en forma expresa que Nicolás Maduro, sus ministros de Defensa y de Relaciones Interiores, Justicia y Paz son responsables.
“La Misión constató que las autoridades estatales de alto nivel tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones. El Presidente Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes”, puntualizó el equipo de expertos designados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
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Además, el examen preliminar que lleva a cabo la Fiscalía de la CPI tomará en cuenta el informe de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), publicado el 2 de diciembre de 2020 y titulado Fomentando la Impunidad: El impacto de la ausencia de una investigación de la Fiscal de la Corte Penal Internacional sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
“Aunque se entiende y se reconoce que la Fiscalía debe examinar las pruebas en una manera muy atenta y prudente, la lentitud del examen parece absolutamente indiferente a los crímenes generalizados, graves y devastadores que se están cometiendo. Como consecuencia, el Régimen se siente envalentonado para cometer más crímenes, bajo la impresión que puede actuar con total impunidad”, advirtió la Secretaría General de la OEA el 2 de diciembre de 2020.
La respuesta incompleta del Estado venezolano
El examen preliminar de la Situación Venezuela I está en la tercera de cuatro fases. Luego de determinar que existen fundamentos razonables para creer que los hechos bajo examen son de la competencia de la Corte Penal Internacional, ahora debe examinar la actuación de los órganos del sistema de administración de justicia venezolano para investigar, juzgar y sancionar los crímenes de lesa humanidad que se habrían cometido.
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El reporte de la Fiscalía de la CPI da cuenta de una remisión incompleta de información oficial por parte del Estado venezolano, la cual también se incorporará al examen preliminar: “El 30 de noviembre de 2020 las autoridades venezolanas presentaron una respuesta inicial al pedido de información de la Fiscalía relativo a los procesos nacionales relevantes”.
Sin precisar detalles sobre el contenido de la repuesta estatal, el reporte de la Fiscalía de la CPI indica: “La información presentada incluye un informe de las autoridades venezolanas que dan respuesta al conjunto detallado de preguntas formuladas por la Fiscalía en su solicitud de información. Las autoridades venezolanas también presentaron cuatro voluminosos anexos que brindan datos concretos sobre los procesos nacionales llevados a cabo ante las jurisdicciones ordinaria y militar, y ante el Tribunal Supremo de Justicia, así como también copias de documentos judiciales que detallan procesos nacionales”.
La Fiscalía de la CPI informó que “las autoridades venezolanas se comprometieron a brindar el resto de la información solicitada por la Fiscalía para enero de 2021”.
Anuncian decisión para el primer semestre de 2021
Aunque las normas de la Corte Penal Internacional no establecen un lapso perentorio para la culminación de un examen preliminar, en esta oportunidad la Fiscalía de la CPI anunció una inminente decisión sobre la procedencia o no de una investigación propiamente dicha para determinar la responsabilidad penal de Maduro, sus ministros, los jefes de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano y los perpetradores directos de cada uno de los crímenes de lesa humanidad identificados en las fases previas del proceso.
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“La Fiscalía anticipa concluir el examen preliminar a fin de determinar si existe fundamento razonable para proceder a una investigación durante la primera parte de 2021”, se lee en el reporte de la Fiscalía de la CPI difundido este 14 de diciembre..
El anuncio podría corresponder con el anunciado relevo de Fatou Bensouda del cargo de Fiscal de la CPI. Es decir, antes de que sea sustituida se pronunciará sobre la Situación Venezuela I, que se refiere a los hechos ocurridos en el país a partir de abril de 2017.
