El informe de la misión de la ONU publicado el 16 de septiembre identifica a los integrantes de la cadena de mando del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) señalados como responsables de los crímenes de lesa humanidad documentados
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Reporte Proiuris
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela estableció que el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) es responsable de detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales que constituyen crímenes de lesa humanidad.
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Sobre la cadena de mando y comunicación del Cicpc, el informe de la misión de la ONU, publicado el 16 de septiembre de 2020, señala: “La Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional de 2008 y la Ley Orgánica del CICPC establecen el ejecutivo nacional, a través del Ministerio del Interior, como el órgano rector de la policía y del CICPC”.
“El Órgano Rector –prosigue el documento- es responsable de dictar y supervisar la aplicación de las políticas policiales, diseñar la capacitación, vigilar las actividades y asegurar que estén en consonancia con los derechos humanos. La Ley Orgánica del CICPC establece un Director, designado por el Ministro del Interior, como titular del CICPC. El Director se encarga, entre otras cosas, de planificar, coordinar, dirigir, controlar y supervisar las actividades y de velar por que las fuerzas policiales actúen con estricta observancia de los derechos humanos y las leyes en el desempeño de sus funciones”.
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“Los directores de la PNB y del CICPC, así como el Director Nacional de la FAES, tenían conocimiento de esos mismos crímenes y contribuyeron a su comisión”, señala el informe de la misión de la ONU.
Las responsabilidades individuales por los crímenes de lesa humanidad atribuidos al Cicpc se extienden a los altos mandos del organismo: «La Misión tiene motivos razonables para creer que tanto el Presidente como los Ministros del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y de Defensa, ordenaron o contribuyeron a la comisión de los delitos documentados en el presente informe, y teniendo la capacidad efectiva para hacerlo, no adoptaron medidas preventivas y represivas», argumentó la misión de la ONU.
