Defensores de derechos humanos coinciden en advertir que el uso artificioso de la jurisdicción castrense constituye una práctica cada vez más recurrente del gobierno de Nicolás Maduro con el objetivo de inhibir las manifestaciones públicas de descontento por la profundización de la crisis política, económica y social de Venezuela.
El derecho a la participación política, a estar informado puntualmente sobre el curso de los procesos electorales y al reconocimiento de la voluntad mayoritaria del pueblo expresada a través del sufragio, han quedado en entredicho con las sentencias en materia comicial dictadas por el máximo juzgado del país
Reporte Proiuris.
Análisis de los hechos ocurridos el 11 de junio de 2020 en el barrio El Limón en el contexto de las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela
