En Hoyo de La Puerta, un sector del Municipio Baruta, estado Miranda, los vecinos están merced de las reglas que arbitrariamente imponen los miembros de los consejos comunales y los llamados “jefes de calle” para ejecutar el programa gubernamental de distribución de alimentos a precios subsidiados
14.525 personas permanecen recluidas indefinidamente en 198 calabozos donde no deberían estar más de 48 horas. Allí el derecho a la vida no está garantizado, concluye un informe de la Organización No Gubernamental Una ventana a la libertad.
Durante la “Concentración por la vida”, Codevida solicitó a la Asamblea Nacional abrir una investigación que determine la responsabilidad individual por la falta de medicamentos e insumos médicos que ha ocasionado una “devastadora crisis de salud” en el país. Más de 300.000 personas dependen de medicamentos que suministra el IVSS
¿Quién mató a Juan Pablo Pernalete? Para sus familiares y abogados no hay dudas: un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana. No obstante, la identidad del autor material del asesinato aún no se ha determinado por las fallas en esta y todas las investigaciones sobre los excesos cometidos por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado contra las personas que salieron a la calle a protestar contra el gobierno entre abril y julio de 2017.
La ayuda se tramitaría a través de los fondos de la Organización Panamericana de la Salud y permitiría la provisión de medicinas e insumos para el diagnóstico y tratamiento de muchas enfermedades. Pero es imprescindible la autorización del gobierno, recordó el presidente de Codevida, Francisco Valencia.
Freddy Bernal, coordinador nacional de los CLAP, solicitó la creación de la figura de “Fiscal Popular”, para «combatir» los factores que distorsionan la economía nacional.
Ciudadanos y representantes de la sociedad civil se movilizaron hacia la sede de embajadas en Caracas para exigir medidas humanitarias inmediatas en Venezuela ante la escasez de medicinas.
Hasta una hora puede esperar una persona en silla de ruedas para ingresar al Metro de Caracas.
Funcionarios de la Guardia Nacional reprimieron 82% de las manifestaciones convocadas por la comunidad académica.
Defensores de Derechos Humanos solicitaron la visita de la CIDH al país para que recabe información sobre la reiterada violación de derechos humanos.
El abogado Keymer Ávila advirtió que las políticas de expansión policial y militar reducen las opciones de control del Estado para hacer frente a la criminalidad.
