Con las armas que el Estado les suministra para proteger a la ciudadanía, policías y militares venezolanos controlan negocios criminales, como la extorsión y el contrabando.
El ex representante de Venezuela ante la ONU, Víctor Rodríguez Cedeño, planteó la posibilidad de que los Estados parte del Estatuto de Roma emitan una declaración conjunta para que la Fiscal de la Corte Penal Internacional tome en cuenta el informe de la misión de la ONU
La misión de la ONU considera que el gobernante, los ministros de Defensa y de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, así como los directores de los cuerpos de seguridad del Estado deben responder penalmente por las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales cometidas sistemáticamente en Venezuela
