Cuatro presos políticos han sido desterrados por el gobierno de Nicolás Maduro luego de ser excarcelados de los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). El exilio forzado viola la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos
La jueza 22 de Control, Igledys Martínez, admitió una acción de amparo el 31 de agosto, pero la policía política se niega a informarle sobre la violación del debido proceso en el caso del diputado en el Helicoide
Alfredo Ruiz, entrevistado por la periodista Vanesa Davies, aseguró que el parlamentario sería evaluado psicológica y psiquiátricamente para determinar si se le obligó a declarar bajo coacción, para convalidar la versión oficial sobre el supuesto atentado contra el presidente Nicolás Maduro.
En boca del ministro Jorge Rodríguez, el Poder Ejecutivo ha admitido que la más reciente tanda de excarcelaciones corresponde al cumplimiento de una oferta electoral del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, la única posibilidad legal de que el presidente de la República interfiera en un proceso penal y acuerde la liberación de un reo es el indulto. En esta oportunidad se recurrió a la Asamblea Nacional Constituyente para cambiar las reglas a conveniencia del oficialismo .
Una zuliana de 22 años de edad alza su voz para denunciar el horror que sufrió en los calabozos de la policía política, donde permaneció recluida casi dos meses junto con otras mujeres criminalizadas por protestar contra el gobierno. Para proteger a la víctima, Proiuris reserva su identidad. “Si nadie habla esto nunca se va acabar», dice la joven.
El 20 de octubre de 2016 el tribunal de la causa ordenó la excarcelación del líder opositor, pero el Gobierno se niega a cumplirla
La CIDH ha exigido preservar su integridad y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU su liberación inmediata
