Deuda del estado
El Estado debe saldar las deudas
acumuladas por las FAES
Porque una de las víctimas de la masacre de El Limón era escolta de la ministra Iris Varela y ella denunció los excesos públicamente, las autoridades reaccionaron rápidamente. Sin embargo, no es un caso aislado, pues las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las FAES son sistemáticas y el organismo élite de la Policía Nacional Bolivariana cuenta con el respaldo de Nicolás Maduro. A tres meses de la tragedia que enlutó a cinco familias, las víctimas sobrevivientes legítimamente aspiran a que se reparen los daños que les han causado
Erick S. González Caldea
“Todas las mañanas me levanto con la esperanza de que los voy a volver a ver. Llego a sus cuartos y al ver sus camas vacías revivo todo lo que ocurrió esa madrugada”. El ritual cotidiano de la madre de Andri González Narváez y Roger Blanco mantiene su duelo intacto a tres meses de la masacre cometida por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana en el barrio El Limón.
La mujer de 56 años es víctima sobreviviente y testigo. Relata los hechos ocurridos el 11 de junio de 2020 desde el lugar donde reside con su familia hace más de 30 años; desde donde los funcionarios de las FAES se llevaron a sus dos hijos con las cabezas cubiertas para ejecutarlos con dos disparos en el pecho.
Ambos jóvenes, de 18 y 22 años de edad, fueron trasladados sin vida hasta el hospital Periférico de Catia aproximadamente a las 4:00 am, junto a tres vecinos que también fueron sacados de sus casas y también fueron ejecutados por las FAES: Wilmer José Yánez Carvallo, de 40 años de edad; Arquímedes Martínez Fuenmayor, de 19 años; y Pedro Salcedo Herrera, de 24.
La primera versión oficial filtrada a la prensa indicaba que estos cinco hombres formaban parte de la banda criminal “Colectivos del Plan”, que supuestamente operaba en la carretera Caracas-La Guaira. Como suele suceder en las escuetas minutas policiales, se repitió que las cinco personas fueron “abatidas” después de abrir fuego contra una comisión de las FAES.
La masacre de El Limón pudo pasar inadvertida como todas las atribuidas a las FAES. Sin embargo, adquirió connotación nacional porque una de las víctimas, Wilmer Yánez, era escolta de la ministra de Asuntos Penitenciarios Iris Varela.
A través de su cuenta en Twitter, Varela calificó la actuación de las FAES de aberrante y exigió que el crimen no quedará impune. El ministro Para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, no demoró en rendir cuentas públicamente:
…he instruido que se haga una investigación a fondo de los hechos y los funcionarios actuantes".
Néstor Reverol, Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
El fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, también actuó con excepcional celeridad. Puso el caso en manos de las fiscales Yuleidys López y Siur García, quienes el 12 de junio se trasladaron al barrio El Limón para supervisar las experticias y entrevistarse con las víctimas sobrevivientes y testigos.
Apenas tres días después de la masacre de El Limón, el Ministerio Público solicitó órdenes de aprehensión en contra de los funcionarios de las FAES asignados al comando de Caricuao Sandy Bracho, Juan Rondón, Kleiny Lemus y Antony Castellar.
Al informar que los cuatro funcionarios de las FAES fueron imputados por los delitos de homicidio calificado por motivos fútiles, uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho punible, el fiscal general explicó que no hubo el enfrentamiento señalado en la versión inicial, sino un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza.
La madre de Andri y Roger Blanco hace una legítima exigencia:
Que se limpie el nombre de mis hijos, porque ellos no eran delincuentes”.
Ante la irreversibilidad de la muerte, pone el acento en una reparación simbólica del daño que el Estado venezolano, a través de los agentes de las FAES, le causaron a ella y a toda su familia.
El penalista y experto en derechos humanos Jesús Ollarves destaca la importancia de la exigencia de la madre de dos de las víctimas de la masacre de El Limón: “Desde su intuición, esta señora está apuntando hacia uno de los componentes de la reparación integral: el derecho a la verdad. Y, a partir de este caso, independientemente de la presión que ejerció la ministra Varela porque una de las víctimas era su escolta, el Estado comienza a admitir una verdad que trasciende lo ocurrido en el barrio El Limón; es decir, que las FAES comete ejecuciones extrajudiciales de una manera reiterada y sistemática, lo cual agrava la responsabilidad del Estado”.
Las víctimas sobrevivientes de la masacre de El Limón no han tenido contacto directo con la ministra Varela, pero igual le agradecen su intervención. “Yo sé que si no fuera porque Wilmer fue asesinado con mis hijos, este caso no hubiera tenido relevancia”, dice la madre de Andry y Roger. Y agrega: “Gracias a ella pude enterrar a mis dos hijos. No tenía dinero para pagar un hueco”.
Reparar el corazón de un niño
Nació con el corazón en el lado derecho de su pecho. A los seis años de edad sus arterias ya tienen un grosor que permite realizar sin mayor demora una serie de intervenciones quirúrgicas, complicadas y costosas, para que el niño pueda restablecer su salud. Pero las FAES mataron a su padre. Es el hijo menor de Wilmer Yánez.
Nosotros planeamos una vida juntos, queríamos una mejor vida para nuestros hijos. Un carro, una mejor casa…”
“No tengo carro para hacer exámenes a mi hijo y la única forma de movilizarme es caminar hasta la Carretera Vieja, que está a medio kilómetro, o bajar a esperar una camioneta en la autopista Caracas La Guaira. Mi niño se cansa rápidamente y, bueno, tiene seis años y no puedo cargarlo todo el tiempo. Necesito ayuda”, explica la madre del niño cardiópata y viuda del escolta de la ministra Varela.
A lo sumo, esta mujer de 31 años de edad, que perdió el empleo que tenía, porque el restaurant donde trabajaba cerró por la pandemia de la COVID-19, ha recibido algunas bolsas de comida que reparten en el Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Ha enviado varias solicitudes de socorro a la ministra Varela a través de una de sus asistentes, pero aún no tiene respuestas concretas. Ni siquiera le han hablado de una pensión por viudedad.
“Lo que más quiero es que se le garanticen las operaciones a mi hijo. Entre los planes que tenía con Wilmer estaba adelantar trámites para que lo pudieran operar este mismo años… Pero, ahora sin él, cómo puedo pagar los exámenes de mi hijo, cómo puedo pagar la operación. Necesito ayuda”, reitera con angustia y desesperación.
Todo ello tiene que ver con un proyecto de vida truncado, que también debe ser reparado, según los estándares más favorables, como los del sistema interamericano de derechos humanos.
Por lo demás, este otro reclamo legítimo de una víctima sobreviviente de la masacre de El Limón tiene fundamento en el artículo 30 de la Constitución establece: “El Estado tendrá la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos que le sean imputables, o a sus derechohabientes, incluido el pago de daños y perjuicios. El Estado adoptará las medidas legislativas y de otra naturaleza, para hacer efectivas las indemnizaciones establecidas en este artículo. El Estado protegerá a las víctimas de delitos comunes y procurará que los culpables reparen”.
Y el ruego de la viuda de Wilmer también encuentra eco en las palabras del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y Garantías de No Repetición de las Naciones Unidas, Fabián Salvioli, en un seminario organizado por Cofavic y realizado el 3 de septiembre de 2020. “Es lamentable que estigmaticen a las víctimas por exigir indemnizaciones. Las víctimas tienen derecho a que se les repare el daño, aunque sabemos que esa reparación nunca alcanza para quitar el dolor”.
Por su parte, el ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Carlos Ayala Corao, también ponente del referido seminario, alentó la justa demanda de la madre de los hermanos Narváez, a quien lo que más le importa es que se limpie la memoria de sus hijos.
El derecho a la verdad es un derecho que tienen las víctimas sobrevivientes y la sociedad”
Salvioli puso sobre la mesa una forma de reparación simbólica que también podría satisfacer la aspiración de la madre de Andri y Roger: las autoridades del Estados venezolano deberían ofrecer disculpas públicamente por los excesos cometidos por funcionarios de las FAES, al menos en el caso de la masacre de El Limón.
Reparar la muerte
“Que no vuelva ocurrir, que ninguna otra familia venezolana tenga que pasar por esto”, expresa la mujer entre sollozos. De nuevo, por puro sentido común, la madre de los dos hermanos ejecutados por las FAES en el barrio El Limón señala lo que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha planteado como garantía de no repetición de los procedimientos policiales que concluyen en ejecuciones extrajudiciales: la eliminación de las FAES.
El constitucionalista Tulio Álvarez destaca la complejidad del proceso de reparación, en atención a lo establecido en el artículo 413 del Código Orgánico Procesal Penal, según el cual debe existir una sentencia definitivamente firme para proceder a una indemnización pecuniaria. A eso le suma la casi nula disposición del Estado venezolano a proceder a reparaciones en casos de violaciones de derechos humanos. En efecto, solo lo ha hecho en dos casos: la masacre de El Amparo y El Caracazo, y solo luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos así lo decidiera.
¿Cómo pedirle a la madre de ese niño que requiere intervenciones quirúrgicas urgentes para recuperar su salud que espere diez años o más; es decir, el lapso que puede demorar el máximo tribunal hemisférico en sentenciar un caso?
Álvarez considera que una opción puede ser solicitar medidas de protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo cual, en teoría, debería ser un procedimiento expedito. Escéptico, el jurista advierte: “Las opciones de reparación integral no son viables en Venezuela”.
Ollarves, por su parte, invoca el interés superior del niño: “Este muchachito tiene derecho a la salud, antes y después de que las FAES lo haya dejado huérfano. En ese sentido, tiene derecho a la protección de su derecho a la salud y a la vida en los términos establecidos en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Las autoridades del Consejo Municipal de Protección correspondiente deberían atender sin demoras el requerimiento de la madre”.
Ambos expertos coinciden en que las garantías de no repetición de hechos como la masacre de El Límón implican un profundo saneamiento de los cuerpos de seguridad del Estado. La sistematicidad de las ejecuciones extrajudiciales atribuidas a las FAES es una evidencia de los efectos perniciosos de la impunidad de los excesos cometidos por el cuerpo élite de la PNB y, desde hace muchas décadas, por otros organismos policiales y militares.
En el caso de las FAES ha sido peor, pues sus funcionarios cuentan con el respaldo incondicional y reiterado de Nicolás Maduro. Por allí podría comenzar la reparación. Así como Maduro se ha atrevido a vitorear a las FAES, debe atreverse a repudiar sus excesos y reconocer que no son hechos aislados. Maduro debe admitir que él, como máxima autoridad del Estado venezolano, también es responsable de este tipo de violaciones de derechos humanos, y que debe saldar las deudas acumuladas. No basta con la imputación de un grupo de funcionarios de las FAES.
“Yo no sabía que mi esposo tenía enemigos. Yo no sé si mis hijos y yo todavía estamos acechados por esos enemigos y estamos corriendo peligro. Hemos pedido protección y la fiscal García nos la ha prometido, pero como los tribunales no están trabajando, aun no la han tramitado”, advirtió la mujer al ofrecer su testimonio a Proiuris, dos meses después de la masacre de El Limón.
