OTRA MASACRE
IMPUNE
En enero de 2020, el Cicpc mató a cinco hombres en Turumo. La Fiscalía olvida, los familiares no.
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CAPÍTULO I
Indignación en la calle
La mañana del martes 14 de enero de 2020, la autopista Petare-Guarenas, en el sector Turumo, amaneció trancada por una protesta de vecinos.
No protestaban por la falta de agua o gas, como ocurre usualmente, sino por la muerte de cinco hombres a manos de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas (Cicpc).
Luis Carlos Torres Bello, Armando Torres Bello, Gabriel Bohórquez, Luis Bohórquez y Edilberto Blanco, habrían sido ejecutados la tarde del lunes 13 de enero.
La versión oficial indica que estos cinco hombres habían secuestrado a unas personas en San Agustín. Maira Martínez, tía de los hermanos Torres Bello, desmintió la especie y aseguró que sus sobrinos, junto a sus amigos, fueron ejecutados.
Sin mediar palabras, los agentes del Cicpc habrían disparado al automóvil de Armando, un Ford Fiesta color blanco. Dentro estaban los cinco hombres que finalmente murieron.
En el pavimento quedó una gran mancha de sangre.
Armando, Luis Carlos, Luis y Gabriel fallecieron dentro del automóvil. Edilberto falleció mientras se bajada con las manos en alto, indican testigos.
Al lugar se apersonó la fiscal 32º del Ministerio Público, Dusay del Carmen Dueñas González. Aseguró que no iba a dejar el caso impune. La duda quedó plantada en la carretera.
Capítulo II
Del cementerio al cementerio
A tres meses de la masacre de Turumo, no hay imputados, no hay justicia. Así lo denuncia Arminda Bello, madre de los hermanos Torres Bello.
Los hermanos Torres Bello nacieron y crecieron en el sector El Cují, en Turumo, en la casa que construyó su padre, Miguel Bello.
Armando Torres Bello falleció por traumatismo craneoencefálico por un impacto de bala en la cabeza, y su hermano, Luis Carlos Torres Bello, por shock hipovolémico.
Para Arminda esta experiencia es inédita. Es la primera vez que en su familia hay una muerte violenta; es la primera vez que da una entrevista. Tiene miedo de las consecuencias de denunciar.
Armando dejo 14 hijos, mientras que Luis Carlos era padre de dos niños, que actualmente viven con los abuelos Arminda y Miguel.
La falta de atención por parte de la fiscal del Ministerio Público se traduce en impunidad para las victimas.
Pocas cuadras más arriba está la casa de la familia Bohórquez. Luis y Gabriel Bohórquez estaban junto con los hermanos Torres Bello y Edilberto Blanco.
Los hermanos Bohórquez tenían dos meses de haber regresado de Colombia, donde trabajaban como obreros de construcción…
El día que fueron asesinados estaban visitando la tumba de un amigo de la infancia, que falleció un año antes. Con ellos estaban varios vecinos de la comunidad.
Jorge Bohórquez, hermano de las dos víctimas fatales, relató que todos salieron del cementerio “en caravana”. Los hermanos Bohórquez fueron los primeros en abandonar el camposanto.
Todos los que fallecieron eran vecinos y amigos de la infancia. El luto se apoderó del sector.
Tras la entrega de los cadáveres, comenzó la peregrinación hacia el cementerio El Cercado y el Cementerio del Este, donde fueron enterrado los fallecidos.
Gabriel Bohórquez recibió un disparo en la cabeza, mientras que Luis tenía múltiples impactos de bala en el cuerpo. Ninguno de ellos se enfrentó a la policía, asegura su hermano Jorge.
Las pertenencias de los hermanos Bohórquez nunca fueron devueltas a sus familiares, dijo Jorge.
Eduardo Bohórquez dice que todos los domingos va a visitar la tumba de sus hijos.
Gabriel dejó una hija huérfana. Ella vive ahora con sus abuelos y su tío.
La comunidad de Turumo acompañó el sepelio de los cinco vecinos asesinados por funcionarios del Cicpc.
Capítulo III
La falsa promesa de la Fiscalía
Desde enero de 2020, los familiares de los asesinados no tienen comunicación directa con la fiscal 32º del Ministerio Público, Dusay del Carmen Dueñas González.
Las dudas sobre la actuación fiscal no eran infundadas a pesar de que la fiscal Dusay del Carmen Dueñas aseguró que no dejaría el caso impune.
Los rastros de sangre en la autopista Petare-Guarenas desaparecieron pero los dolientes no olvidan la masacre.
Desde diciembre de 2019 hasta marzo de 2020 han ocurrido 30 ejecuciones extrajudiciales en el Área Metropolitana de Caracas. La mayoría de las víctimas sobrevivientes han perdido contacto con la Fiscalía.
Los asesinatos a manos de los cuerpos de seguridad del Estado quedan impunes
Créditos
Fotografía y edición de fotografía
Alan Márquez
Investigación y acompañamiento a las víctimas
Erick S. González Caldea
Edición
Marialin Lacourt Juliac
Coordinación editorial
Edgar López
