Los privados de libertad denunciaron cobro de vacuna por parte de funcionarios para dejar libre a los manifestantes de las protestas de abril a julio.
Unas 49 personas han sido detenidas por manifestar contra el gobierno de Nicolás Maduro desde que se instaló la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el pasado mes de agosto.
Los detenidos, según el informe del ODH-ULA, fueron golpeados durante su traslado a los centros de reclusión, se les imputaron cargos falsos sin flagrancia y no tuvieron derecho a los procedimientos legales.
Los investigadores de Derechos Humanos determinaron que hubo ensañamiento en algunas detenciones, “lo que demuestra una violación a los derechos humanos, la cual es sistemática tras la tormenta represiva que significaron los días previos a la ilegal elección de la ANC” y que en Mérida cobró la vida de 15 personas, de acuerdo a lo que se señala en el informe.
El ODH-ULA determinó además que la razón de las detenciones fue la participación en las protestas de abril a julio y en otros casos, resaltó que no hubo justificación para privar de libertad a los ciudadanos, quienes aseguraron no haber participado en las manifestaciones contra el gobierno nacional.
Obligados a dar dinero o artículos
Al cumplirse un mes de funciones de la ANC y durante la investigación que en materia de derechos humanos realizó el Observatorio de la ULA, el mismo confirmó el cobro de vacuna a los detenidos por funcionarios policiales o de los organismos de seguridad.
En ese sentido, en el informe se refleja que en la ciudad de Tovar fueron detenidas y desaparecidas temporalmente por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) nueve personas, a quienes no llevaron a ningún centro de reclusión y les obligaron a cancelar altas sumas de dinero o a entregar cauchos nuevos para las camionetas de la institución.
Según las denuncias registradas por el ODH-ULA horas después de la detención ilegal los ciudadanos y tras cancelar entre 600 mil y un millón de bolívares, los mismos fueron liberados.
Dicha práctica fue común en esa jurisdicción del valle del Mocotíes entre el 28 de julio y el 16 agosto, donde aún sus habitantes denuncian ser perseguidos por los organismos de seguridad del Estado.
En la ciudad de Tovar sus pobladores protestaron activamente contra el gobierno, la Constituyente y hasta quemaron y destruyeron material electoral, días antes de los comicios de la ANC.
En la misma ciudad se registraron dos muertos y decenas de heridos tras la represión ejercida por los organismos de seguridad hacia los manifestantes.
Imputados por asesinatos en plantones
Otro de los casos reflejados en el informe del ODH-ULA es de cuatro personas imputadas por los asesinatos del Polimérida Douglas Acevedo y el estudiante Eduardo José Márquez, ocurridos en el mes de junio en el sector Pie del Llano de la ciudad de Mérida y del obrero de la ULA, Luis Alberto Márquez, el pasado 24 de abril en las inmediaciones del viaducto Campo Elías con la calle 26 donde se realizaron sendos plantones.
Entre los imputados hay un estudiante de la bicentenaria casa de estudios de quien denunciaron le atribuyen otra identidad para implicarlo en la muerte del obrero.
A decir del ODH-ULA en el caso de detenciones por las muertes ocurridas durante las protestas en el estado Mérida, siguen recibiendo denuncias de violación a los procedimientos legales para emitir boletas de citación y llevarse a las personas a declarar, así como para realizar allanamientos.
El Observatorio de Derechos Humanos de la ULA solicitó a las autoridades policiales de Mérida cesar la persecución y el ensañamiento “contra jóvenes que en el uso correcto del derecho constitucional a la protesta, manifestaron contra un régimen que los tiene oprimidos y sin oportunidades de desarrollo”.
Con información de El Universal.
