Por Vanessa Moreno Losada. Efecto Cocuyo.
Gilber Caro, Carlos Graffe, Efraín Ortega, José Luis Santa María, Venus Medina y José Gámez. Estos son algunos de los más de 30 presos políticos que están en riesgo de muerte debido a su condición de salud que no ha sido atendida por el Estado, de acuerdo con defensores de derechos humanos que contactó Efecto Cocuyo.
La preocupación de sus abogados creció al ver materializada su advertencia a las autoridades: el concejal Carlos García murió en prisión el 17 de septiembre, pese a que un juez le dictó un arresto domiciliario el 15 de septiembre.
Estuvo preso desde diciembre de 2016 y en agosto de 2017 fue trasladado a las celdas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el estado Apure. Era hipertenso y durante su reclusión sufrió un Accidente Cardiovascular (ACV), además de contagiarse de toxoplasmosis cerebral, que se pudo haber complicado por una presunta enfermedad infecciosa inmunodeficiente, según indicó el Tribunal Supremo de Justicia.
Pero esta no es la primera vez que un venezolano muere por la sordera del Estado. El pasado 30 de agosto se cumplieron siete años de la muerte de Franklin Brito, un hacendado venezolano al que el Gobierno de Hugo Chávez le expropió sus tierras ubicadas en Bolívar. Para reclamar por su derecho al trabajo, el productor agropecuario duró cuatro meses en huelga de hambre. Chávez no atendió su protesta y Brito murió por un paro cardíaco, con 35 kilos de peso.
Brito no estuvo preso, pero Rodolfo González sí. En marzo de 2015 él murió presuntamente luego de haberse ahorcado en la celda del Sebin (en El Helicoide) a la que quedó confinado desde 2014 cuando fue detenido bajo la acusación de asociación para delinquir, tenencia de explosivos y tráfico de armas de fuego. Miguel Rodríguez Torres, exministro de Interior y Justicia, lo señaló públicamente de “articulador logístico” en las protestas de ese año.
Sobre el caso se cierne la duda, pues otros privados de libertad informaron en su momento que los custodios estuvieron días amenazándolos con trasladarlos a una cárcel común, donde compartirían celdas con presos por diferentes delitos.
“Carlos García es una raya más para el tigre. No en vano el sistema interamericano y universal de protección de derechos humanos tiene su vista puesta en Venezuela. El ingresar a una cárcel sea bien por disidencia política o no es una pena de muerte”, sentenció el abogado penalista y activista de derechos humanos, Joel García, quien además es defensor de varios presos políticos de 2014 y 2017, incluyendo a Rodolfo González.
Explicó que los riesgos a los que está sometido un privado de libertad son la violencia carcelaria, en la que son los mismos presos quiénes tienen el poder armado del recinto; el hacinamiento, que hace cuesta arriba la atención integral de los detenidos; y las condiciones de insalubridad en la que permanecen las instalaciones. “Salir con vida de una cárcel es un milagro”, dijo.
30% mueren por condiciones de salud
Para 2016, el Observatorio Venezolano de Prisiones, dirigido por Humberto Prado, contabilizó que en las cárceles venezolanas murieron 173 personas. “30% de los privados de libertad que fallecieron el año pasado murieron por tuberculosis, complicaciones por el VIH, paros cardiácos y con síntomas de desnutrición“, informó el abpgado defensor de derechos humanos.
Una Ventana para la Libertad, dirigida por Carlos Nieto Palma, en ese mismo año monitoreó 87 centros de detención preventiva en los cuales 17 personas murieron y ocho fueron producto de enfermedades vinculadas a la falta de alimentos y por condiciones higiénicas y sanitarias inadecuadas. “Uno de los casos fue por desnutrición y amibiasis y otra por desnutrición y tuberculosis”, detalla el informe.
Las celdas del Sebin, donde murió el concejal y donde permanecen recluidos 74 presos políticos, son consideradas centros de detención preventiva; es decir, una persona no debería pasar allí más de 72 horas.
“Tenemos un Estado con garantías de derechos humanos de micrófono. Venezuela es el país que tiene más cárceles con medidas provisionales en el hemisferio (ocho recintos carcelarios). Estamos por encima de Brasil que tiene 500 mil privados de libertad y de México que tiene 300 mil”, indicó Prado y agregó que para 2016 la población penitenciaria era de 55 mil personas.
Estado con cuentas pendientes
43, 44, 46, 55, 272. Estos son los artículos constitucionales que el Gobierno actual incumple. Todos ellos se refieren a los derechos de una persona tener acceso a la salud y alimentación, a recibir tratos dignos y que se le garantice el debido proceso, aún cuando esté privado de libertad o sea objeto de una averiguación penal.
“El Sebin es un estado paralelo, es un paraestado. Una vez que el Estado dicta una orden de excarcelación, medida cautelar o sustitutiva no hay ente que pueda revertir esto, tal como lo garantiza el artículo 55 de la Constitución. Pero aquí no hay juez que se atreva a emitir una privación de libertad en contra de un funcionario del Sebin o su director por no acatar las órdenes judiciales”, señaló García y recordó que existen varios presos políticos que deben ser liberados por la policía política.
Sobre este tema, Gonzalo Himiob, director del Foro Penal, apuntó que incumplir una liberación y negarle atención médica es considerado un delito que atenta contra la Ley para Prevenir las Torturas, Tratos Crueles e Inhumanos.
“Si se ejecutaba el arresto domiciliario de García quizás se pudo evitar su muerte. Pero en este caso, los funcionarios esperaban que se giraran instrucciones de arriba, pese a que había una orden judicial. Esto demuestra que no hay independencia de poderes en el país”, señaló el abogado.
Su organización registró hace seis meses que 36 personas padecían de condiciones de salud graves mientras permanecían recluidos como presos políticos. Aseguró que ese número aumentó para la fecha.
