David Matos-Prensa Proiuris
La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no demoró en reaccionar frente a las más recientes arremetidas del gobierno contra los medios de comunicación social privados, específicamente la clausura de las emisoras radiales 92.2 FM y Mágica 99.1 FM, el pasado 25 de agosto
A través de un comunicado emitido el 6 de septiembre, la Relatoría recordó que 50 medios audiovisuales han salido del aire por decisiones de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) que vulneran los principios internacionales de derechos humanos sobre la adjudicación y renovación de las concesiones radioeléctricas.
“La Relatoría recuerda al Estado venezolano que cualquier restricción a la libertad de expresión debe estar basada en una ley y resultar proporcionada y estrictamente necesaria para proteger fines legítimos en una sociedad democrática. El cierre de medios de comunicación como castigo por mantener una línea editorial crítica de un gobierno suprime de manera arbitraria el derecho que asiste a todos los venezolanos a expresarse sin temor a sufrir represalias y a recibir información plural y diversa y constituye además una forma de censura indirecta bajo el derecho internacional”, refiere el comunicado.
De acuerdo con estos principios, el espacio radioeléctrico debe estar estrictamente regulado por una ley con criterios claros, públicos y compatibles con una sociedad democrática, a través de procesos transparentes que garanticen la igualdad y la no discriminación a la hora de conceder o negar solicitudes de habilitación administrativa y renovación de concesiones.
Los últimos cierres de radios y televisoras ocurrieron en el contexto de acusaciones por parte del gobierno de Nicolás Maduro, luego de que los medios afectados divulgaran informaciones y opiniones sobre la profundización de la crisis económica, social e institucional del país, así como sobre violaciones a los derechos humanos durante y después de las manifestaciones registradas entre abril y julio de 2017.
Oswaldo Cali, abogado y Coordinador de promoción, defensa y acción pública de la asociación civil Espacio Público, considera que la administración del proceso de adjudicación y renovación de frecuencias radioeléctricas en el país debe procurar la pluralidad de contenidos informativos y de opinión. “Existe un patrón por parte de Conatel para no dar respuesta a las solicitudes de renovación a ciertos medios que posteriormente son señalados por operar de manera clandestina”, afirmó el experto.
El Directorio Nacional de la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión también rechazó las decisiones de Conatel y exhortó a garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de los representantes de 92.2 FM y Mágica 99.1 FM. El gremio de radiodifusores venezolanos expresó su preocupación ante la falta de respuesta del órgano rector frente a las solicitudes de renovación de concesiones.
La Relatoría Especial reseñó las declaraciones de William Castillo, viceministro de Comunicación Internacional del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, cuando a finales de agosto acusó a las televisoras colombianas Caracol Televisión y RCN de ser “maquinarias de agresión a la venezolanidad y las instituciones”. Ambas señales salieron de la parrilla de programación de los canales ofrecidos en paquetes de TV por suscripción en Venezuela.
En junio de 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado venezolano por incurrir en una “desviación de poder” luego de no renovar la concesión del canal privado Radio Caracas Televisión (RCTV). La Corte IDH estableció que «la finalidad real buscaba acallar voces críticas al gobierno, las cuales constituyen junto con el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, en las demandas propias de un debate democrático que, justamente, el derecho a la libertad de expresión busca proteger».
La Relatoría exhortó al Estado venezolano que restablezca la transmisión de las señales de radioemisoras y televisoras suspendidas y garantice el ejercicio pleno de la libertad de expresión.
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