Por Daniel Lozano
«La crisis social de hoy no tiene precedentes y el Estado no cuenta con herramientas para responder con soluciones frente a esa crisis. Como esa crisis ha generado conflictividad [protestas generalizadas y enérgicas], la respuesta ha sido la represión para imponer el silencio y acallar las voces disidentes», resume Nizar El Fakih, abogado defensor de presos políticos y director de la ONG Proiuris.
De 13 presos políticos durante la era de Hugo Chávez, se ha pasado a 620 prisioneros políticos con el actual presidente.
La OEA ha confirmado la noticia: las mazmorras de Nicolás Maduro mantienen encerrados a 620 presos políticos venezolanos, un récord que pulveriza las cifras del castrismo (alrededor de un centenar) y las propias de la revolución bolivariana. Desde la llegada al poder del «hijo de Chávez» en 2013, la persecución contra disidentes y manifestantes ha multiplicado por 47 los 13 que el «comandante supremo» dejó encarcelados antes de morir.
«Un aumento dramático», como resumió Luis Almagro, secretario general de la OEA, tras conocer los listados elaborados por el Foro Penal Venezolano, ONG que asiste a los detenidos. «Un paso más hacia la libertad de todos los injustamente encarcelados. Seguimos», se felicitó en medio de la tormenta Gonzalo Himiob, director del Foro Penal, tras entregar sus investigaciones a la OEA y también al Parlamento Europeo.
Desde 2013, los encarcelamientos fueron aumentando paulatinamente hasta los 115 que contabilizaba el Foro Penal al comenzar las protestas antigubernamentales el pasado abril. Pero desde hace cuatro meses crecen día a día sin parar y con el agravante de que se desconoce todavía el destino que jueces militares y jueces chavistas civiles depararán a las más de 1.000 personas, de un total de 5.000, detenidas desde abril.
«La crisis social de hoy no tiene precedentes y el Estado no cuenta con herramientas para responder con soluciones frente a esa crisis. Como esa crisis ha generado conflictividad [protestas generalizadas y enérgicas], la respuesta ha sido la represión para imponer el silencio y acallar las voces disidentes», resume Nizar El Fakih, abogado defensor de presos políticos y director de otra ONG Proiuris.
A más protestas, más represión; a más detenidos, más presos políticos. Estos son algunos de los 620 que el Gobierno bolivariano mantiene en sus cárceles.
Dirigentes opositores
Leopoldo López y Antonio Ledezma volvieron a la fuerza a la prisión militar de Ramo Verde tras el operativo esta semana del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en un claro mensaje del chavismo tras el fraude de la Constituyente. Más mano dura en un guante de hierro y púas. «El régimen no permite que los abogados entren a ver a Leopoldo. No sabemos cómo está, nadie lo ha visto», denunció ayer jueves Lilian Tintori.
Además del líder de Voluntad Popular y del alcalde metropolitano de Caracas, el chavismo eligió a un grupo de políticos para ejemplarizar al resto. Daniel Ceballos, alcalde de San Cristóbal, sigue encarcelado desde las protestas de 2013, con un corto periodo de tiempo en arresto domiciliario. Otro alcalde es Delson Guarate, casi un año preso acusado de una rebelión imposible. Uno de los últimos en incorporarse a la lista fue el técnico Roberto Picón, un sabio de la tecnología electoral detenido para dificultar la consulta popular de julio.
Diputados
El Comando Nacional Antigolpe se estrenó en enero con la detención del diputado suplente Gilbert Caro, y de su novia, la activista Steicy Escalona. Los agentes del Sebin sembraron armas en su vehículo, una táctica habitual para inculpar a los opositores. De nada le sirvió a Caro contar con inmunidad parlamentaria. Siete meses después ambos siguen en prisión.
La historia de Renzo Prieto es distinta: fue capturado por participar en un campamento de protesta en 2014 y pese a ser elegido diputado suplente en 2015, todavía permanece en prisión. Wilmer Azuaje, diputado por Barinas, solo lleva desde mayo encarcelado, pero el Supremo decretó que le mandaran a su casa. Nadie ha cumplido la orden, pese a la denuncia internacional por permanecer encadenado a una tubería.
Los 19 «rehenes» del Estado
Catorce policías municipales de Chacao y varios dirigentes permanecen encarcelados desde hace meses en la siniestra sede del Sebin, pese a que los jueces han decretado su libertad y pese a los llamamientos de la Fiscalía General, de Naciones Unidas y de gobiernos extranjeros. Entre ellos, a punto de cumplir un año de suplicio, está el hispanovenezolano Yon Goicoechea, acusado falsamente de portar explosivos. «Soy un secuestrado», aseguró a EL MUNDO desde su celda.
Tuiteros
«PNB [Policía Nacional Bolivariana] ladrones, delincuentes, robando comida a gente pobre». Este tuit, donde relataba una estampa de la Venezuela de hoy, precedió a la detención en abril de Dan Zambrano. En cambio, Leonel Sánchez ya cumple tres años en prisión por instigación al odio, ultraje y conspiración a través de la red social. Otros tuiteros fueron liberados tras meses e incluso años de prisión.
Los tres magistrados de la Corte paralela
Los jueces juramentados por el Parlamento figuran en la lista negra del Sebin, que ya ha capturado a tres de ellos. El magistrado Ángel Zerpa permanece en huelga de hambre, mientras cuatro de sus compañeros se han refugiado en la Embajada de Chile en Caracas y otro ha conseguido exiliarse a EEUU.
Y muchos más, atrapados en las cárceles de la Venezuela bolivariana: militares como el general Raúl Isaías Baduel, otrora ministro; su hijo Raúl y Alexander Tirado, que cumplen tres años por hablar por un megáfono; el estadounidense Joshua Holt, a quien se le ocurrió echarse novia en Caracas…
Disponible en El Mundo.
