Reportes, Venezuela

‘Aquí la asistencia médica es totalmente nula, en negrilla y en mayúscula’

Dilcia tiene 66 años y vive en Maracaibo. Se encarga sola del cuidado y la manutención  de sus padres de 91 y 86 años. La atención que les brinda le impide trabajar. Ella y sus papás tienen pensión de vejez, las tres no alcanzan para cubrir siquiera lo básico. El grupo familiar de Dilcia depende económicamente de sus hijos que se vieron forzados a migrar

Reporte Proiuris

Voces de los que se quedaron

Vive con su esposo y sus padres de 86 y 91 años, siempre sonríe y los cuida con todo el amor del mundo. Es una cuidadora por excelencia y sortea su día en medio de las vicisitudes del quehacer en Maracaibo, una ciudad que ha sido duramente golpeada por los racionamientos eléctricos y un servicio de agua potable que deja a sus ciudadanos hasta por casi un mes sin el servicio.

Su nombre es Dilcia Isabel Lozano de Ramos, de 66 años, una abogada y licenciada en contaduría pública a quien la diáspora migratoria venezolana le tocó la puerta, pues sus tres hijas y sus seis nietos están fuera de Venezuela.

“Mis hijas la primera que se fue hace 17 años para los Estados Unidos y tiene dos hijas nacidas allá, la otra tiene 10 años en los Emiratos Árabes, y la última que se fue vive en Atlanta, Estados Unidos”, detalla.

Ella dice que no piensa migrar, a pesar que sus tres hijas se lo han pedido, porque su prioridad es que sus padres tengan calidad de vida.

“Realmente eso es lo que ellas quieren, pero no lo tengo contemplado por mi papá y mi mamá, ya ellos no están en edades para emigrar y yo me tengo que quedar con ellos hasta que Dios lo permita”, cuenta Dilcia, quien viene de un  seno familiar migratorio, porque su madre es colombiana y su padre venezolano.

El corazón de Dilcia Isabel está dividido en dos países totalmente equidistantes, donde acogieron a sus hijas, con quienes se conecta tecnológicamente a diario para refrescar su alma y ver a sus nietos.

De Venezuela han huido 7.131.435 personas, según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela. A pesar de esto el Gobierno venezolano no publica cifras oficiales sobre estos movimientos migratorios, por lo cual por medio de esa vía existe un total desconocimiento de las dimensiones del fenómeno de movilidad humana que se viene dando tras la crisis económica y social que atraviesa el país.

Sin embargo, la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), elaborada por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), precisa que “la población emigrada se va mostrando menos joven. Constituyen mayoría los migrantes de 30 a 49 años cuando en 2017 estaba más representado el grupo de 15 a 29 años”.

Fotos: Proiuris

La salud en el país

Dilcia es hipertensa controlada desde hace 16 años atrás. Cuando tenía 50 años fue diagnosticada y desde ese entonces toma pastillas para controlar los niveles de su tensión y otros medicamentos complementarios.

Ella cubre los costos de cada uno de los fármacos que tiene que consumir. Pero, además debe estar al tanto de la salud de sus progenitores. En su caso y en el de sus padres, los controles médicos son llevados en centros de salud privados y pagados por sus familiares en el exterior.

¿La razón? Dilcia la expone así: “Aquí la asistencia médica es totalmente nula, en negrilla y en mayúscula. Aquí la asistencia médica pública es inexistente, aquí todo tiene que ser pago. En mi caso, es con el apoyo de mis hijas que están en el exterior, porque con lo que uno recibe de la pensión no alcanza para eso”.

La experiencia de ir a un hospital o ambulatorio en Maracaibo no se la desea a nadie, porque sostiene que las necesidades son muchas y la precariedad de los servicios son cada vez más notorios, con el pasar de los años.

“Por fortuna tengo a mis hijas, pero también tengo un hermano y un sobrino, que aportan cuando se trata de que hay que llevar a mi mamá al médico, que tiene que hacerse unos exámenes, esos aportes lo hacen ellos”, detalla.

En el informe integrado ‘Levantamiento de información cualitativa sobre necesidades y riesgos de violencia basada en género en los estados Apure, Bolívar, Distrito Capital, Miranda, Sucre, Táchira y Zulia’, elaborado en 2021 por el Fondo de Población de las Naciones Unidas – Venezuela, se especifica sobre cómo se ha visto afectada la salud de las mujeres venezolanas, y sobre este aparte el documento dice: “La salud física de las mujeres se ha visto deteriorada por las graves carencias económicas derivadas de la crisis y la pandemia. La baja ingesta de alimentos, la falta de atención médica a sus necesidades de salud y los esfuerzos físicos que ha significado el colapso de los servicios públicos (cocinar con leña, cargar agua, caminar largos trayectos, etc.), así como la sobreexigencia de múltiples jornadas de trabajo o no, han deteriorado de manera progresiva la salud física de las mujeres”.

Mientras que Encovi 2022 precisa que de los encuestados el 47% reportó estar asegurado por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss) o algún instituto de previsión público, 20% tiene seguro contratado por institución pública y 15% por institución privada.

Insuficiente la pensión

El pago de los 130 bolívares de la pensión que recibe Dilcia no le alcanza para comprar en la panadería. “En estos días fui a la panadería y dos pensiones fue el pago que hice ahí, solo en panadería”, detalla la mujer pensionada.

Ella ejerció la contaduría por muchos años en una empresa privada y no cuenta con jubilación, pero sí el pago de su pensión debido a los aportes que hizo al seguro social obligatorio.

En la Encuesta de Condiciones de Vida se precisa que uno de cada cuatro personas en edad de jubilación no recibe pensión. Y entre las hipótesis que plantea el estudio están: que no es atractivo su monto, el sistema no contributivo está fallando y la reducción del sector forma excluyó a los contributivos.

“Ahorita por la edad de mis padres ya no ejerzo y me dedico a los quehaceres del hogar. Pero, a un pensionado le pagan 130 bolívares mensuales, esto equivale ahorita por la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) a un poco más de 6 dólares”, refiere sobre sus ingresos mensuales.

En diciembre, Dilcia tuvo que pagar los 400 bolívares de la campaña Borrón y Cuenta Nueva, de Corpoelec, con la cual el organismo busca promocionar la cultura de pago de la facturación del sistema eléctrico. Sin embargo, ella misma hizo sus cuentas y resaltó que con tres pensiones que guardó aún no le alcanzó para saldar la deuda. “No fueron suficientes todavía tuve que colocar 10 bolívares para completar los 400 bolívares que estaban pidiendo”, dijo.

Según la Encovi del año pasado, la composición la población inactiva apuntaba a que 52,2% se quedaba en casa, 19,3% son estudiantes, 9,6% son jubilados y 7,5% personas en condición de discapacidad.

Las hijas de Dilcia le ayudan periódicamente con el sostenimiento del hogar que dejaron enclavado en Maracaibo.

Sobre el tema de los servicios cuenta que tiene acceso a todos los servicios, pero con la electricidad puntualiza que siguen los “bajones” de forma recurrente, y que el agua potable no le llega por tubería, entonces debe pagar 40 dólares por cada camión cisterna que le surte del vital líquido.

Los datos y opiniones contemplados en este reporte fueron recabados por investigadores de Proiuris de manera directa en diversas entrevistas con las fuentes mencionadas. Se reserva el derecho al anonimato para resguardar la identidad de las fuentes.

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