*Maribel tiene a su cargo a su propio bebé, además de cuatro niños en edades entre seis y 11 años, ella tiene solo 16. Confluyen en su caso, múltiples vulneraciones de sus derechos esenciales, desde explotación laboral hasta violencias basadas en género
Reporte Proiuris
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Eran los duros días de confinamiento durante el inicio de la pandemia. No hacía mucho, *Maribel había llegado a Colombia desde Venezuela; menos tiempo atrás, ya había parido un bebé. Con 15 años, en ese entonces, con hambre y desesperación, tuvo que aceptar una oferta engañosa: ir a bailar con poca ropa frente a una cámara. Así, fue víctima de explotación sexual comercial en modalidad virtual.
“Eso fue una vez que no teníamos nada que comer, ya había nacido mi bebé y tuve que irme a un lugar en Cúcuta. Ahí me dijeron que bailara frente a la cámara, que yo no los veía a ellos, pero ellos sí me veían a mí. En una semana, me pagaron 10 mil pesos, cuando salí, que fue un sábado, porque yo decidí venirme”, cuenta la joven venezolana.
“Cuando yo llegué, me dijeron que tenía que cumplir la semana, y que hasta que no cumpliera ese tiempo no me podía salir, porque era nueva. Pero las que estaban ahí, sí se tenían que quedar hasta que ellos decidieran. Eso era como una casa y en esa casa habían cuartos divididos y cada quien se metía, que si dos mujeres en un cuarto, dos hombres en otro cuarto y, así”, describe.
“Me sentía avergonzada porque era la primera vez que lo hacía. Y también me dijeron que si yo quería, me iban a pagar algo más, si yo me entregaba a los hombres. Esa semana fue fea, casi no nos dieron comida”. Le habían prometido vestirlas y tres raciones diarias de alimentación, además de un teléfono celular, pero no cumplieron.
La huida
*Maribel salió desde Caracas, junto a su pareja en 2019. “Ya en Venezuela se estaba poniendo la cosa muy fea y decidimos venirnos para acá para ayudar a nuestra familia o poder traerlos para acá”. Pero hasta este momento, su historia ha estado signada por la precariedad económica, ha sido imposible para ella poder colaborar con su madre y su padrastro que se quedaron en su país.
“Nos vinimos poco a poco caminando. Después nos dieron una cola, creo que hasta Valencia y de allí seguimos caminando. Después nos dieron otra cola, hasta que llegamos aquí. Y aquí no nos dejaban pasar, porque nos vinimos con unos trocheros y los trocheros nos querían cobrar caro para pasarnos las cosas que teníamos”. Así resume *Maribel la travesía del viaje.
En el camino, “nosotros hablábamos con los policías y nos dejaban pasar”. Si le pedían cédula, les decía que no tenía o que estaba refundida en las maletas que traían. En realidad, ella sí cuenta con su cédula, incluso, es el único documento de identificación que tiene actualmente. Dice que ya hizo todo el proceso para acceder al Estatuto Temporal de Protección para migrantes venezolanos y que se encuentra en espera del plástico.
Desde hace alrededor de un año, cuenta que su pareja se encuentra “en condición de discapacidad”. Describe que “se fracturó dos discos de la columna cargando pollos desde aquí hacia San Antonio”, estuvo en silla de ruedas y luego en muletas, ya puede caminar con lentitud, pero sigue lesionado.
La responsabilidad y las cargas
Además de convivir con él y asumir sus cuidados generales y atender al bebé de los dos, tiene cuatro niños más a su cargo, que son hijos de él: dos varones de 11 y 10 años, y dos niñas de nueve y seis.
Su vivienda es “un cuarto que tiene su baño, no tiene cama, nosotros dormimos en dos colchonetas”. Para poder cocinar, debe pagar tres mil pesos diarios (aproximadamente 75 centavos de dólar) por cada vez que la usa. “Vas a cocinar una pasta son tres pesos, un arroz son tres pesos y así”, relata la joven. Ella vive bajo esta modalidad de arriendos, muy normalizada en la zona de frontera. Se trata de casas grandes con habitaciones de tamaño regular, donde viven hacinadas familias enteras y con acceso restringido a servicios públicos y áreas comunes.
Para mantenerse, *Maribel recicla. “A veces hacemos hasta 30 mil pesos, porque hay muchos recicladores, nos vamos caminando de aquí hasta Los Patios o de aquí a San Antonio”.
Una organización religiosa local denominada Iglesia para la frontera, la apoya con los desayunos y almuerzos. Pero frecuentemente la hora del mediodía llega lejos de allí y tiene que resolver: “a veces la gente nos regala para comer o pedimos colaboración”. Lo que *Maribel gana reciclando le alcanza para “algo en la noche y pagar la pieza en la que estamos, nada más”.
Foto: Proiuris
El contexto y el panorama
La joven vive en una zona de alta vulnerabilidad económica de la frontera colombo venezolana compartida entre el estado Táchira y el departamento de Norte de Santander. De hecho, funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) han estado cerca de *Maribel, “ellos me ayudaron a presentar al bebé”. También recuerda que estuvieron en una jornada de vacunación para niños, que los revisaron para ver cómo estaban de peso y talla. Pero nada más allá.
Ve su futuro “complicado, porque no sé qué haría”. Piensa seguir “aquí en la frontera, porque no sé para dónde irme, pues”. Aspira a tener próximamente el PPT (Permiso por Protección Temporal) para “poder trabajar haciendo cosas de peinados”.
Pese a su resiliencia, admite que le gustaría estar haciendo otra cosa, “porque de reciclar me canso y ya hay muchos recicladores y la gente siempre que nos ve revisando la basura nos regaña”.
Ese cansancio del que habla *Maribel guarda lógica con sus circunstancias: “Es una menor a cargo de menores, hay una inversión total de roles”, apunta Carlos Miranda, abogado venezolano y trabajador humanitario en Colombia.
Por otra parte, “podemos decir que es una sobreviviente de violencias basadas en género que ha tenido situaciones diferentes de explotación, en el reciclaje y en lo sexual también, confluyen en ella otras victimizaciones, hay múltiples afectaciones en un solo perfil, incluso lo del embarazo adolescente”.
Asimismo, el trabajador humanitario observa que “hay unas prácticas laborales negativas como estrategias de afrontamiento”. En efecto, *Maribel sale con su bebé en brazos y su pareja, le toca caminar decenas de kilómetros para poder subsistir en el riesgoso oficio del reciclaje.
Al abogado también le preocupa que ninguno de los niños está dentro de un proceso de escolarización formal, puesto que lo que ella denomina como “escuela” no es tal, sino un espacio de cuidados generales infantiles. Sobre todo le inquieta que a *Maribel le haya tocado asumir ese “rol de sostén familiar”.
Se evidencia una suerte de romantización de la precariedad económica, que parte de “la naturalización de la violencia”, un fenómeno propio de entornos socio culturales como el que vive la joven.
Considera que *Maribel no ha sido sujeto de un “proceso de verificación de derechos” que permita determinar las vulneraciones a las que ha estado sometida y así emitir medidas de protección.
“En el contexto en el que se encuentra hay riesgos latentes y recurrentes, puede ser identificada por alguien, puede recibir ofertas negativas, además de los riesgos de trata, porque todo esto puede trascender desde esas prácticas virtuales a ser forzada a otro tipo de prácticas sexuales. Son riesgos muy fuertes”, sentencia Miranda.
Los datos y opiniones contemplados en este reporte fueron recabados por investigadores de Proiuris de manera directa en diversas entrevistas con las fuentes mencionadas. Se reserva el derecho al anonimato para resguardar la identidad de las fuentes.
