Reporte Proiuris
Foto : Diario La Semana
Desde el pasado 8 de octubre el Ministerio de Salud colombiano dio inicio al proceso de vacunación de la población migrante y refugiada irregular venezolana. Según las cifras presentadas por la organización “Médicos del Mundo” se ha estimado que el 70% de la población migrante regular no está todavía incorporada en el esquema de aseguramiento en salud y que el 98% de las personas que se encuentran situación migratoria irregular tampoco cuentan con dicha garantía.
En esa medida, el Ministerio de Salud planteó en la Resolución 1255 de 2021 que el Plan Nacional de Vacunación era un evento de interés público que impactaba la salud y el bienestar de toda su población. Por esta razón, los municipios, distritos y departamentos debían encargarse de realizar un censo que permitiera “identificar la población habitante de su jurisdicción que no cuente con un documento de identificación expedido por el Estado colombiano” para así lograr aumentar la capacidad de cobertura de las personas a vacunar, con independencia de su nacionalidad.
A parte del censo y como parte del proceso de flexibilización de la población migrante y refugiada venezolana a vacunar, el ministerio permitió incluir también el Permiso por Protección Temporal (PPT) como un documento válido de identificación de los migrantes venezolanos en los sistemas que integran el Sistema de Protección Social. De hecho, plataformas como la Bitácora Migratoria celebraron esta decisión, pues consideraron que ella contribuía a materializar las ventajas del PPT para el acceso a derechos de los migrantes.
A pesar de ello, continúan persistiendo algunas barreras que no solo ralentizan el proceso de vacunación de la población, sino que también limitan la garantía del acceso al derecho a la salud. De una parte, las Entidades Prestadoras de Salud y algunas entidades territoriales no han podido avanzar a la velocidad esperada en el proceso de vacunación por falta de vacunas o falta de coordinación y claridad frente a quiénes pueden acceder al biológico y quiénes no.
El Ministro de Salud, Fernando Ruíz resaltó en días pasados que había que hacerse un mayor esfuerzo para lograr la vacunación de toda la población venezolana con independencia de su estatus migratorio y dijo “bien sea porque estén en un censo, o hacer que vengan a los servicios y en el momento de la vacuna llenarlo. Si no tiene identificación, no importa”.
Esta situación es preocupante, pues en días pasados Proiuris pudo comunicarse con María Lacruz, una migrante venezolana que en el reporte “La travesía de María para vacunarse contra la COVID-19 en Colombia” explicó que para finales del mes de septiembre todavía no había sido vacunada debido a que en los puestos vacunación a los que se acercó no le permitieron vacunarse, debido a que tenía un Permiso Especial de Permanencia (PEP) vencido. En esta última ocasión, María volvió a manifestarle a la organización que todavía no había podido acceder al esquema de vacunación, aún cuando la orden a nivel nacional es que puedan ser vacunados todos con o sin documento de identificación que acredite su estatus migratorio.
Por otro lado hay un problema de desinformación que afecta especialmente a la población migrante y refugiada más vulnerable y que carece de acceso a internet. Debido a las circunstancias que la pandemia de la COVID-19 han ocasionado en los países, muchos procedimientos administrativos se han digitalizado. Además, dadas las facilidades que la distribución masiva de información permiten con el internet, infortunadamente impiden que un alto porcentaje de venezolanos puedan conocer con mayor claridad a dónde acudir o qué hacer para poder acceder a la vacuna.
Analistas como Julián Solórzano problematizan estas limitaciones, pues aseveran que afectan negativamente la posibilidad democrática de exigir derechos, la cual a su parecer, involucra el que la población venezolana cuente con acceso a dispositivos tecnológicos que tengan calidad de conexión tanto en las zonas urbanas como en las zonas más alejadas del país. Desde esa mirada, la mera promoción de información relacionada con los puntos de vacunación disponibles en cada una de las alcaldías, así como de los requisitos de acceso por medio de plataformas masivas se vuelve inocuo si los receptores de dicho contenido no tienen cómo acceder al mismo.
