La crisis económica y la dificultad de acceso a una alimentación de calidad, complejizada por la COVID-19 ha profundizado las deficiencias nutricionales de gran parte de esta población.
Empujada por el hambre y la falta de acceso a salud, *Bertha Arroyo dejó su casa en el sector El Marite, en Maracaibo, para refugiarse en Cúcuta con sus 5 hijos menores de edad, en diciembre de 2020.
Ser hija de madre colombiana supuso para Bertha una garantía para acceder a la nacionalidad, encontrar trabajo y ofrecer a sus hijos un techo, comida, ropa y educación. Sin embargo, la realidad la golpeó de frente con unas navidades signadas por el hacinamiento en un paga diario de Los Patios, municipio vecino de Cúcuta, sin más nada más que una olla de arroz con lentejas.
Han transcurrido 9 meses y no es mucho lo que ha cambiado para ella y sus hijos de 3, 5, 7, 8 y 10 años, siguen viviendo en una habitación por la cual pagan 10 mil pesos el día y las porciones de alimentos se limitan a una por día. Si tienen suerte, 2.
Ella no ha podido iniciar su proceso de nacionalización por falta de una apostilla ni tampoco iniciado el proceso de inscripción en el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), la primera fase para acceder al Permiso por Protección Temporal, que supone su eventual regularización y la de sus hijos en Colombia.
Sus hijos son los más afectados y eso a ella la carcome. “Están bajitos de peso, Josué, el del medio, a veces se me marea y me dice que le duele la cabeza y Jonathan, el mayor, está muy flaquito y pálido. Lloro todas las noches porque no los quiero ver así, no quiero tenerlos siempre a punta de arroz y frijoles”. El hambre golpea a niños y niñas en Colombia.
A medida que Bertha narra su drama, se le va quebrando la voz: “Yo trato de resolver todos los días, busco para limpiar casa, reciclo, me voy hasta el centro de Cúcuta a vender caramelos, pedir limosna, lo que sea para que pagar el cuarto y la comida. Solo quiero devolverme a Maracaibo, pero allá vamos a estar peor”.
Los comedores comunitarios muchos de ellos operados por la iglesia católica o fundaciones de base quedan muy lejos de su domicilio. Necesitaría unos 20 mil pesos solo para costear el pasaje de ida y vuelta “más de lo que pago por la habitación”.
Como medida extrema, añade ha enviado solicitudes a todos los correos y números de teléfono de organizaciones que atienden a población proveniente de Venezuela. Ninguna le ha dado una respuesta positiva. “Ya me sé de memoria el discurso: no tienen capacidad de respuesta”.
Hambre en Venezuela, hambre en Colombia
El encarecimiento de los productos de la cesta básica y la dolarización de la economía pusieron en jaque a Bertha y su núcleo familiar. Su sueldo mensual como cajera en una panadería no le alcanzaba ni para costear 5 días de alimentación en su casa, basada únicamente en carbohidratos y granos.
“Es muy arrecho (difícil) vivir así. Yo estaba desesperada, vendí la nevera y la lavadora y con eso pagué pasaje hasta Táchira y de allí en adelante nos tocó caminar hasta que entramos a Cúcuta por Puerto Santander”, rememora su trajinar.
La encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI), elaborada a finales del 2020 por la Universidad Católica Andrés Bello, le pone un número alarmante a los casos de desnutrición de niños y niñas venezolanos menores de 2 años. “Más del 30% tiene desnutrición crónica”, puntualiza el estudio.
En Colombia, principal país receptor de la migración proveniente de Venezuela, también alarma la situación nutricional de los niños y niñas refugiados, en particular la desnutrición aguda, como lo demuestran diferentes evaluaciones nutricionales publicadas por organizaciones no gubernamentales.
La crisis económica y la dificultad de acceso a una alimentación de calidad, complejizada por la COVID-19 ha profundizado las deficiencias nutricionales de gran parte de esta población que se encuentra en situación de alta vulnerabilidad. Y también de niñas y niños colombianos en departamentos como Valle del Cauca, Atlántico, Nariño, La Guajira, Norte de Santander, entre otros, según confirma un reciente informe de la situación de desnutrición en Colombia, publicado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
En Cúcuta, capital de Norte de Santander, algunas ONGs internacionales han establecido programas que ofrecen asesorías para prácticas adecuadas de lactancia materna y alimentación complementaria, acceso a alimentos nutricionales para menores de 5 años y tratamientos para combatir la desnutrición aguda.
Bertha no conoce ninguno de estos programas. “Los quiero (a sus hijos) poner en tratamiento, llevarlos y que me los atiendan, pero si lo hago cómo salgo a trabajar para pagar lo demás”, es su frecuente preocupación.
Acceder a medios de vida para combatir el hambre
Bertha, como muchas otras migrantes cabezas de familia en Colombia, solo pide una oportunidad laboral. “De ventas, limpieza, cuidando adultos mayores, atendiendo al público, de cajera, de lo que sea, siempre que sea un trabajo honesto”.
En un conjunto de evaluaciones de necesidades realizadas por el Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) durante 2020 en la población venezolana, se ha identificado la seguridad alimentaria y la nutrición como su principal necesidad general tras el impacto de la COVID-19 (acceso a los alimentos: 91% de los hogares, medios de vida: 54%; 73% de las personas refugiadas y migrantes se enfrentan a inseguridad alimentaria).
Incluso antes de la pandemia, los hogares tenían dificultades para acceder a niveles de ingresos suficientes para proporcionar cantidades adecuadas de alimentos nutritivos; el impacto de las medidas COVID-19 ha agravado la situación, limitando aún más el acceso.
Lo que requieren familias como las de Bertha es el acceso a alimentos diversos y de calidad, que incluya carnes blancas y rojas, vegetales, frutas, leche y demás productos que garanticen una dieta balanceada, sobre todo para niños y niñas.
Otro de los aspectos predominantes y que lo certifica la pediatra venezolana establecida en Colombia, Yelany García, es “el acceso a suplementos nutricionales para tratar la malnutrición aguda y otras formas de malnutrición, que repercute en el desarrollo físico y cognitivo de la población. En menores, provoca amplios problemas de aprendizaje, enfermedades crónicas y, en casos en casos críticos, la muerte”.
Las mujeres gestantes y lactantes, las personas adultas mayores y las poblaciones afrodescendientes e indígenas son otros perfiles en Colombia que padecen de desnutrición, priorizados en los departamentos de La Guajira, Norte de Santander, Cesar, Arauca y Nariño, debido al alto número de personas refugiadas y migrantes que residen y transitan por estas regiones fronterizas, así como los departamentos de Antioquia, Atlántico, Boyacá, Cauca, Bogotá y Valle del Cauca, dados los altos niveles de necesidades de las personas refugiadas, migrantes y retornadas y de las comunidades de acogida en esos territorios.
Construir rutas productivas de empleo y de emprendimiento es una solución que pudiera solventar esta situación. “Es algo que debe involucrar a todos los sectores de la sociedad civil y que demorará años para poder evaluar los frutos”, analiza Maybe Ávila, de la organización Salto Ángel.
Una fundación que lucha contra la malnutrición infantil
Además de la alta deserción escolar que se ha presentado entre niños y niñas migrantes en las escuelas, un conjunto de ellos asiste malnutridos a escuchar clases. Los desafíos para llevar una dieta balanceada en sus casas, ha ocasionado graves problemas de desnutrición en muchos.
Lala Lovera es la directora de Comparte por una Vida Colombia, una organización sin fines de lucro que ha puesto el foco en un programa de alimentación escolar para garantizar la permanencia de los menores en las aulas, cuyo proyecto se implementa en Villa del Rosario (municipio fronterizo de Norte de Santander) y Cartagena.
Las intervenciones en materia de nutrición incluyen el tamizaje nutricional y el suministro de micronutrientes, la remisión de casos de desnutrición aguda y el desarrollo de las capacidades de la comunidad para reforzar el acceso a agua potable.
“En nuestro modelo, basado en la restitución de derechos y enfocado en contribuir con la permanencia escolar, atendemos la desnutrición de nuestros niños y sus familias a través de las jornadas de medición antropométricas, estas para monitorear la evolución nutricional de nuestros niños, niñas y jóvenes y ajustarnos a sus necesidades de vitaminas, minerales y micronutrientes importantes para su desarrollo”, indicó Lovera.
Además, también capacitan a sus beneficiaros en seguridad alimentaria para que le saquen el mayor provecho a sus alimentos y recursos económicos.
Por otro lado, en Colombia la Unicef también trabaja para Fortalecer a las familias y las comunidades para que en su entorno más inmediato apliquen prácticas adecuadas que favorecen la nutrición, salud y desarrollo de la niñez y adolescencia, así como mejorar el acceso con oportunidad y calidad a los servicios de agua, saneamiento e higiene de la población de manera diferenciada, sin distingo de nacionalidad.
