En varias oportunidades la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas para visibilizar esta problemática. Las regiones de frontera son las más susceptible al control territorial de grupos armados.
Reporte Proiuris
En el anillo vial oriental de Cúcuta existen varios asentamientos informales, -lo que en Venezuela se conocen como invasiones- a los que han llegado numerosas familias venezolanas en altas condiciones de vulnerabilidad. En estos espacios se han integrado con otros cientos de colombianos víctimas del desplazamiento armado en Colombia.
Las condiciones de hacinamiento, la carencia de servicios públicos y las dificultades de acceso al sistema de educación colombiano son situaciones que afectan a niños, niñas y adolescentes migrantes, convirtiéndolos en blancos de reclutamiento por parte de actores armados que operan en la frontera entre Colombia y Venezuela.
Por las tardes, en las polvorientas calles rústicas, niños y jóvenes se reúnen para jugar fútbol o pasar el tiempo. Otros se quedan en casa ejerciendo labores del cuidado, mientras que padres, madres o cuidadores están fuera de casa buscando algún ingreso para comprar alimentos.
«Por acá pasan hombres en motos de alto cilindraje. Andan bien vestidos, con iPhones y cadenas de oro. Nos dicen que trabajan fuera de Cúcuta y que si queremos, nos pueden ayudar para trabajar con ellos. Yo estuve apuntico de irme, pero esa semana vino una fundación a visitar la comunidad y nos habló de estas personas que buscan es llevarnos a las guerrillas», contó un menor de edad proveniente de Yaracuy.
Este joven venezolano, como otros cientos más, jamás había escuchado hablar del reclutamiento forzado ni del conflicto interno que todavía persiste en Colombia. Tampoco conoce qué es el ELN, Los Pelusos o el Clan del Golfo, ni de las modalidades de engaño que emplean para llevar a niños, niñas y adolescentes a sus filas.
La falta de pedagogía sobre el conflicto armado dirigida a la población migrante y capacitación a actores claves de los territorios, como líderes, lideresas y presidentes de Juntas de Acción Comunal sobre estas situaciones que afectan de manera transversal a las comunidades, también favorece a que menores de edad sean vinculados con bandas armadas bajo engaño, secuestro o coacción.
Un realidad que se extiende por Colombia
El reclutamiento forzado es una práctica que vulnera los derechos no solo de los menores que habitan en Norte de Santander. El poder territorial de estos grupos criminales se extiende por la geografía colombiana, generando tensión en lugares históricamente lastimados por el conflicto armado como los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño, Córdoba y Guaviare.
En estas regiones, niños, niñas y adolescentes migrantes y colombianos que viven en zonas urbanas marginadas, no solo son víctimas de reclutamiento y utilización, sino que también padecen en carne propia el desplazamiento, el confinamiento, las amenazas y otras formas de violencia.
Adolescentes migrantes que se encuentran en condición de tránsito, conocidos como «caminantes» son otra población que corre alto riesgo de ser reclutada durante su viaje por Colombia, debido a que desconocen las dinámicas territoriales ni de las rutas de atención ante los peligros de salud, movilidad o seguridad que puedan afectarlos.
Parte de las estrategias de algunas organizaciones que pertenecen al Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) es precisamente alertar sobre estas situaciones en la ruta. Ofrecer charlas informativas en los espacios de apoyo para población caminante, así como entregar plegables y kits de información con medidas de prevención durante el resto del viaje.
Garantía de derechos de las víctimas migrantes
En varias oportunidades la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas para visibilizar esta problemática con el propósito de que se adopten acciones para la garantía y restitución de derechos de la población afectada.
La Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011) establece en sus artículos 1 y 3 que son víctimas del conflicto, aquellas personas “que hayan sufrido un daño como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”.
Lina Arroyave, investigadora del centro de estudios jurídicos y sociales Dejusticia, ha explicado que este reconocimiento no excluye a las personas por su nacionalidad, lo que implica que a las personas migrantes víctimas del conflicto armado también se les deben garantizar de manera efectiva sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantías de no repetición, y que además deben estar incluidas en las medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas que contempla esta ley.
Campaña para prevenir la trata de personas
En el marco de la conmemoración de la Lucha Contra la Trata de Personas, este viernes 30 de julio de 2021, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), lanzó una compaña de prevención contra este delito.
En este sentido, el reclutamiento se configura también como un delito de trata de personas, debido a que a esta población se le suele obligar a realizar determinados trabajos bajo amenazas y sometimiento.
Niñas y adolescentes son inducidas a ejercer la prostitución dentro de estas organizaciones armadas; mientras que a los varones se les induce a ejercer actividades ilícitas como hurtar, robar, contrabandear, asesinar o servir de vigilantes o campaneros (lo que en Venezuela se le conoce como «moscas»).
Cuando una o un menor de edad ha sido víctima de reclutamiento, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) activa una ruta compuesta por 3 fases y una serie de acciones de atención especializada para evitar la revictimización y lograr que estos menores se despojen de la etiqueta de combatientes:
Fase 1: Activación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, para el acceso del niño, la niña o el adolescente a valoraciones de salud y educación, y consecución de documento de identidad.
1. Generar un ambiente cálido y de confianza que permita la estabilización emocional y satisfacciónde las necesidades básicas de los/las adolescentes
2. Realizar ubicación, contacto y vinculación de la familia y/o red vincular de apoyo, excepto en los casos de restricción del contacto, determinados por la autoridad administrativa competente.
Fase 2: Fortalecimiento individual y familiar
- Trabajo cercano con la familia, red vincular de apoyo y autoridad tradicional
- Acompañamiento psicosocial para abordar eventos no resueltos en la historia de vida, construcción y reconstrucción de vínculos
- Construir con las y los adolescentes el trayecto de vida, teniendo en cuenta todas las áreas del desarrollo humano, propiciando el fortalecimiento de competencias, enfocadas al establecimiento de metas a corto, mediano y largo plazo.
Fase 3: Desarrollo de estrategias y acciones encaminadas a la consolidación de aprendizajes significativos adquiridos en las fases anteriores y a promover la adaptación a su nuevo ambiente socializador.
¿A dónde acudir si un menor ha sido víctima de reclutamiento?
En estos casos, madres, padres, representantes o acudientes, pueden acercarse a:
- Personería del Municipio
- Unidad para las Víctimas
- Comisaría de Familia
- Policía Nacional
- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
- Procuraduría
