Reporte Especial Proiuris.
En el artículo pasado se habló acerca de los incentivos y estímulos que muchos niños, niñas y adolescentes venezolanos reciben para ir a estudiar a diversos colegios que se encuentran en el territorio fronterizo de Colombia. Se explicó que ante la precariedad de los sistemas educativos en Venezuela, muchos menores de edad prefieren arriesgarse a cruzar diariamente la frontera que a quedarse sin la posibilidad de asistir al colegio.
Si bien se expuso que el sistema educativo ha venido realizando diferentes acciones positivas para garantizar el derecho a la educación de la población migrante proveniente de Venezuela, también vale la pena exaltar algunos de los riesgos y dificultades a los que están expuestos estos menores para poder ingresar con facilidad al país.
La organización recopiló las experiencias de varios niños, niñas y adolescentes que cuentan sus travesías para estudiar en Colombia, dentro de las cuales vale la pena resaltar, por ejemplo, los testimonios de Eliyireth y Reina. Ellas indican que ir a estudiar en Colombia puede ser “una travesía de alto riesgo”, ya que en algunas temporadas implica cruzar un río que en ocasiones aumenta su caudal impidiendo el paso de los estudiantes. Al no haber puentes, manifestaron que para cruzarla deben usar una balsa con el miedo de que pueda volcarse[1].
Además de ello, existe otro factor a tener en cuenta y es la falta de presencia estatal en la zona. El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello narró en su informe “Pequeños en movimiento: situación de los niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados procedentes de Venezuela” que el paso por trochas se encuentra controlado por diferentes grupos como guerrillas (Ejército Popular de Liberación – EPL, Ejército de Liberación Nacional – ELN, disidencias de las FARC) y otros grupos delictivos entre los que destacan Los Pelusos y Los Rastrojos. Esto, en palabras de los investigadores, convierte a los menores en presa fácil de reclutamiento para ser usados en diferentes actividades ilegales[2].
Todos estos peligros se han exacerbado durante el último año, debido a que el gobierno colombiano decidió cerrar la frontera colombo-venezolana, como una estrategia para reducir el impacto de la propagación de la COVID-19. Al cerrar los puestos de control migratorio, cerró los pasos seguros para los niños, niñas y adolescentes, así como la posibilidad de adquirir documentos como la Tarjeta de Movilidad Fronteriza, documento que facilita a las personas que viven en la frontera ingresar periódicamente al territorio de Colombia para llevar a cabo actividades como ir a centros educativos.
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El pasado 1º de junio por medio de la Resolución 1175 reabrió las fronteras pero bajo ciertas condiciones, las cuales pueden resultar imposibles de cumplir para algunos y algunas venezolanas tales como lo es contar con un pasaporte ya sea válido o vencido durante los últimos dos años. Trabajos como los realizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifiestan que la crisis humanitaria compleja ha exacerbado, entre otras cosas, la dificultad de las personas venezolanas para “acceder a documentos oficiales de identificación, tales como pasaportes, cédulas y actas de registro civil, así como el certificado de antecedentes penales”[3]. Prueba de ello es que al menos el 55%[4] de los niños, niñas y adolescentes que cruzan la frontera sin ningún tipo de documentación alguna.
Aunado a lo anterior, la Resolución 1175 expone que será posible el ingreso de manera excepcional únicamente con los documentos de identidad nacional, siempre y cuando se demuestre que la persona está ante una situación de extrema urgencia o urgencia humanitaria, sin específicar a qué se refiere con ello y sin dejar en claro que si estas situaciones cobijarían la migración pendular relacionada con el acceso a la educación de los menores de edad hacia Colombia.
El camino hacia el acceso a la educación de los niños, niñas y adolescentes provenientes de Venezuela hacia Colombia no se ciñe únicamente a garantizar dicho derecho dentro del aula de clases, sino que además abarca la obligación de generar los medios suficientes para permitir que todos y todas las niñas y niños puedan llegar a estudiar. Si bien los testimonios recaudados demuestran que, al menos en frontera, la infraestructura en materia de educación es óptima, esta breve reflexión hace una invitación también a poner sobre la lupa estatal diferentes acciones que puedan controlar la frontera y ayudar a disminuir los peligros a los que los menores y demás migrantes deben enfrentarse para llegar a Colombia.
[1] Proiuris, “Para escucharlas”, Consultado el 29 de junio de 2021. Disponible en: https://www.venezolanasquehuyen-proiuris.org/voces/
[2] Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, “Pequeños en movimiento: situación de los niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados procedentes de Venezuela”. Consultado el 15 de abril de 2021. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/193VqnBBAPF7OhY6-sFMyKQnk84_vUuCE/view
[3] Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “Violaciones de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin”. Consultado el 10 de junio de 2020. Disponible el: https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/VenezuelaReport2018_SP.pd
[4] Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, “Pequeños en movimiento: situación de los niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados procedentes de Venezuela”. Consultado el 15 de abril de 2021. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/193VqnBBAPF7OhY6-sFMyKQnk84_vUuCE/view
