Reporte Especial Proiuris.
Durante los últimos meses la organización ha podido obtener los testimonios de Juan Beltrán, Eliyireth y Reina que ante el déficit en el sistema educativo en su país, han optado por cruzar a diario la frontera colombo-venezolana para poder asistir a colegios colombianos. A lo largo de los próximos dos reportes, analizaremos cuáles han sido los avances del Estado de Colombia para permitir el acceso a la educación a los niños, niñas y adolescentes de nacionalidad venezolana, así como dónde se encuentran las principales barreras para asegurar de manera integral dicho derecho.
La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia en su último informe precisó que hasta el momento ha registrado un total de 1’742,000[1] venezolanos y venezolanas en Colombia dentro de los cuales 404,298 son menores de edad. Esta cifra cubre únicamente aquellos que deciden migrar y establecerse en territorio colombiano y no toma en cuenta la migración pendular, es decir, aquellos y aquellas niños y niñas que a diario cruzan la frontera, pero cuyo domicilio sigue siendo Venezuela.
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Aún cuando no hay cifras oficiales, lo cierto es que muchos menores de edad cruzan a diario la frontera en búsqueda de educación de calidad, a pesar de la pandemia y del cierre fronterizo. Esta decisión atiende a los múltiples beneficios que encuentran en el sistema educativo colombiano. Por ejemplo, en los reportes de la organización los menores relatan que, a diferencia de las instalaciones venezolanas, los colegios en Colombia contaban con infraestructura que permitía estudiar dignamente como aire acondicionado, agua potable, útiles escolares e incluso computadores.
De igual manera, exponen que el poder estudiar en Colombia les garantiza alimentación diaria. Adicionalmente, mencionan que a diferencia de lo pensado no se han encontrado dinámicas de xenofobia que dificulten su proceso de integración. Al respecto, Yeison Espinoza Villamizar, profesor de ciencias naturales en la sede Jaime Cárdenas del Colegio Jorge Gaitán (ubicado en el departamento de Norte de Santander) manifiesta,
“En esta zona de frontera se les abraza como a hermanos y los educadores luchan para que el colegio se mantenga libre de expresiones xenofóbicas. Les expresamos que aprender aquí en Colombia no es diferente a aprender en Venezuela. Solo cambiamos algunas expresiones pero el conocimiento sigue siendo el mismo”[2].
Estas circunstancias reflejan varios factores. En primer lugar, la porosidad que históricamente se ha presentado en las fronteras terrestres de países como Venezuela[3] permite que desde hace años se presente una migración pendular los Estados y departamentos de estos dos países vecinos que facilita la integración de las dos nacionalidades.
Un ejemplo de ello es la expedición de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza, un documento de tránsito que facilita el paso de los ciudadanos venezolanos que desean ingresar únicamente al territorio en frontera con el fin de poder abastecerse o de acceder al sistema de salud y educativo colombiano de manera temporal y transitoria.
En segundo lugar, el ordenamiento jurídico colombiano ha reconocido la educación como un derecho universal, sin restricción de nacionalidad que funge en calidad de servicio público. Este obliga al Estado a contener cuatro obligaciones estructurales: el deber de garantizar la existencia de infraestructura, docentes y programas de enseñanza en cantidad suficiente y a disposición de todos los niños, niñas y adolescentes; el deber de garantizar el acceso de todos en condiciones de igualdad al sistema educativo; el deber de implementar acciones tendientes a garantizar la permanencia de los menores en el sistema educativo y el deber de promover mecanismos que contribuyan a aseguren la calidad de los programas, contenidos y métodos de educación[4].
En tercer lugar, durante los últimos años se ha desarrollado un sistema normativo enfocado en garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes provenientes de Venezuela. En razón a lo anterior, fueron expedidas las Circulares Conjuntas 1/2017 y 16/2018 por parte del Ministerio de Educación Nacional en colaboración con la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia. Las entidades exhortaron a los gobernadores, alcaldes, secretarios de educación, rectores y directivos docentes de las entidades certificadas y directores regionales de Migración Colombia a permitir el acceso a la educación de dicho grupo poblacional que se encuentre en el territorio colombiano, sin importar su nacionalidad o estatus migratorio.
Las circulares reconocen que dadas las dinámicas migratorias que enfrenta actualmente Colombia, se requirió que “la autoridad competente actúe de manera diferenciada ante casos particulares, puntualmente frente a los menores de edad para proteger su derecho a la educación preescolar, básica y media”[5]. Así entonces, Migración Colombia se obligó a abstenerse de iniciar cualquier actuación administrativa en contra de los colegios cuando el niño, niña o adolescente extranjero no contara con una medida de regularización migratoria.
A los rectores de las instituciones educativas si bien se les prohibió negarle el cupo a un estudiante en razón a su nacionalidad o estatus migratorio, si se les impuso el deber de llevar a cabo “el reporte ante la autoridad migratoria a través de la plataforma virtual SIRE (Sistema para el Reporte de Extranjeros) de Migración Colombia, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la matrícula y terminación definitiva de los estudios”[6]. La norma ofrece una opción de registro para aquellos estudiantes que no cuentan con un documento de identificación válido en Colombia y permite que se registren con el Número Establecido por la Secretaría-NES.
Las circulares conjuntas además se pronuncian sobre la convalidación de títulos académicos y aclaran que los estudiantes podrán acreditar la terminación y aprobación de los estudios de preescolar, básica y media realizados en su país de origen, siempre y cuando aporten al establecimiento educativo en un plazo no mayor a seis meses los certificados y documentos debidamente legalizados y apostillados. Los factores mencionados anteriormente demuestran una serie de incentivos que realzan los incentivos que a diario tienen los menores de edad venezolanos para desplazarse hasta Colombia en búsqueda de un sistema educativo digno y de calidad. En el próximo artículo analizaremos cuáles son los peligros y dificultades que en la actualidad se están presentando para estos jóvenes a la hora de lograr ingresar al territorio colombiano
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[1] Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, “Distribución de Venezolano Colombia 2020”, consultado el 1 marzo de 2021. Disponible en: https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias/distribucion-venezolanos-en-colombia-corte-a-31-de-diciembre
[2] Proiuris, “De Guarumito (Venezuela) a Guaramito (Colombia) para estudiar”. Consultado el 29 de junio de 2020. Disponible en: proiuris.org/?p=63467
[3] Alejandro, Bonil, “Venezuela, migra aspectos sensibles del éxodo hacia Colombia: Análisis de policía pública de recepción de venezolanos en Colombia”, ed.,comp, Alexandra Castro, (Bogotá: Universidad del Externado,2019), 104
[4] Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-660 de 2013. Recuperado de: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-660-13.htm#_ftnref9
[5] Colombia, Circular Conjunta No.16 del 10 de abril de 2018. Recuperado de: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-368675_recurso_1.pdf
[6] Ibídem.
