La implementación del Estatuto de Protección Temporal para los Migrantes Venezolanos (ETPV) implica desafíos de articulación de actores para la lograr la integración de los venezolanos y venezolanas que huyen a Colombia. El Instituto de Políticas Migratorias (MPI, por sus siglas en inglés) formula alertas tempranas
Reporte Proiuris
El Estatuto Temporal para los Migrantes Venezolanos (ETPV), anunciado por el presidente de Colombia, Iván Duque, implica enormes desafíos de articulación de todos los actores involucrados para lograr una autentica integración e inclusión de los venezolanos y venezolanas en las comunidades de acogida, en beneficio propio y en beneficio de la sociedad colombiana.
En un análisis del Instituto de Políticas Migratorias (MPI, por sus siglas en inglés), suscrito por Natalia Banulescu-Bogdan y Diego Chaves-González, destacan el mérito del ofrecer protección a casi 1.800.000 personas venezolanas que han huido a Colombia por la profundización de la emergencia humanitaria compleja en el país.
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Los analistas consideran que mantener abiertas las puertas de Colombia (a pesar de que persiste el cierre de la frontera terrestre por la COVID-19) es un ejercicio pragmático: “…es el primero en reconocer que los venezolanos llegaron al país para quedarse y que, por lo mismo, el país obtendrá mejores beneficios si acepta esta realidad y se prepara para un proceso de integración en el largo plazo”.
Sin embargo, se enumeran varios desafíos de la implementación del ETPV.
Información y orientación accesible
“En una primera fase, que comenzaría en abril, los migrantes deberán mostrar documentos para comprobar su elegibilidad. Teóricamente, alrededor de la mitad de ellos y quienes hoy están en condición regular, podrán hacerlo, incluidos los migrantes que ingresaron a Colombia con pasaporte, los que ya tienen un PEP, los solicitantes de asilo y quienes estén tramitando o tengan una visa otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
“Sin embargo, existe la posibilidad de que no estén al tanto de los pasos que deben seguir o de los plazos (por ejemplo, quienes no cuentan con acceso fácil a telefonía celular o Internet)”, advierte el MPI.
Dificultad para acreditar ingreso y permanencia
El ETPV se ajusta a la idea de migración ordenada, regular y segura. Está prevista la regularización de casi un millón de venezolanos y venezolanas que están en Colombia en situación migratoria irregular. Y, por otra parte, restringir el ingreso al país por pasos ilegales (trochas) que, generalmente, están controlados por el crimen organizado.
Al respecto, el análisis de MPI indica: “Los migrantes en situación irregular tendrán un camino más difícil. Tendrán que demostrar que estuvieron en Colombia antes del 31 de enero, y no queda claro, qué tipo de documentos podrán usar o cuáles son los mecanismos y dispositivos de verificación que utilizará el gobierno al momento del proceso de pre registro que se realizará en línea.
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“Se necesitará una estrategia masiva y personalizada de comunicación y divulgación –prosigue el análisis- para garantizar que los migrantes conozcan los requisitos y tengan los conocimientos técnicos y prácticos para poder aplicar. Los funcionarios del gobierno también deberán evitar el fraude inevitable de «intermediarios» que cobran para entregar permisos. Todo esto deberá además hacerse siguiendo los protocolos para evitar el contagio del COVID-19”.
Muchas de las personas que huyen de Venezuela no tienen documentos de identidad, por las dificultades de obtenerlos en su país, y ello podría dificultar la inscripción en el Registro único de Migrantes Venezolanos, que constituye el primer paso para optar a la protección del Estado colombiano.
Coherencia en la garantía de derechos
La oferta que hace el gobierno colombiano a través del ETPV es de suma importancia en la medida que incluye garantías de derechos para las personas refugiadas y migrantes venezolanas en Colombia.
El MPI advierte que una de las tareas pendientes tiene que ver con la formación de todos los actores, públicos y privados, involucrados: “…también será necesario un acercamiento dentro del gobierno (especialmente a nivel local) para que los funcionarios comprendan cuáles son los derechos que cobijan a los beneficiarios de esta medida y garantizar que las reglas se apliquen consistentemente.
“Las lecciones del PEP –prosigue el análisis- muestran que esta no será una tarea fácil. Aunque el gobierno declaró que los migrantes con PEP podían, por ejemplo, acceder a productos y servicios financieros, los bancos continuaron exigiendo tarjetas de ciudadanía o pasaportes y prueba de un historial crediticio para abrir una cuenta bancaria”.
Educación y trabajo lo antes posible
Parece claro que la integración e inclusión de venezolanos y venezolanas en comunidades de acogida en Colombia es un proceso a largo plazo. Entre los desafíos que plantea el ETPV, el MPI considera que el acceso a los derechos a la educación y el trabajo es prioritario.
“Distintas investigaciones -sostienen los analistas- han demostrado durante mucho tiempo que el mecanismo más propicio para la inclusión es lograr que los migrantes y refugiados vayan a la escuela y trabajen lo antes posible. De igual manera, también ha quedado demostrada la importancia de evitar que se conformen sistemas paralelos para brindar servicios a migrantes y refugiados, pues estos resultan en un mecanismo de exclusión que solo deben utilizarse como último recurso”.
Justificar la acogida
El MPI toma nota de algunos estudios que revelan opiniones hostiles sobre la migración venezolana. En ese sentido, señala como otro de los desafíos que plantea el ETPV invertir esfuerzos en la construcción de una narrativa positiva sobre la migración venezolana, sin desconocer las tensiones que se producen en las comunidades de acogida por la llegada de nuevos vecinos.
“Muchos colombianos se solidarizan con los venezolanos, pero tienen miedo a que aumenten las tasas de desempleo, los índices de delincuencia y la sobresaturación de los servicios públicos. En efecto, ya circula información imprecisa de que los venezolanos recién regularizados podrán votar en las elecciones de 2022.
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“Contrariamente a la intuición, la mejor manera de disipar estos temores es reconocer su existencia. En otras palabras, en lugar de tratar de explicarle a las personas punto por punto por qué están equivocados, los hacedores de política pública deberían escuchar la esencia de lo que hay detrás de estas preocupaciones y estar abiertos a discutir los costos de la migración, así como sus beneficios”, propone el MPI.
A modo de conclusión, Natalia Banulescu-Bogdan y Diego Chaves-González sostienen: “La integración tiene más éxito si no se enmarca como algo que hacemos “por ellos”, sino en algo que resulta beneficioso para toda la sociedad. Los líderes deben aprovechar los sentimientos de solidaridad, dándoles a las personas un espacio para actuar bajo su propio interés, haciendo que también sirva a los intereses de la comunidad”.
