Colombia

El desalojo afecta a más de 83% de las personas refugiadas y migrantes venezolanas

Desalojo

El desalojo compromete el derecho a una vivienda adecuada. La R4V determinó que 42,2% de las personas refugiadas y migrantes venezolanas han sido desalojadas y 41,5% está en riesgo de desalojo

Reporte Proiuris

Como huyen de Venezuela, mayoritariamente en condiciones precarias, la vivienda adecuada es uno de los derechos comprometidos en la migración forzada de venezolanos y venezolanas.

La Encuesta regional de desalojos de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela, elaborada y aplicada por la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), confirma que el arrendamiento es la primera opción de los que escapan de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela.

Entre el 8 de octubre y el 11 de noviembre de 2020, se realizaron 1810 entrevistas personas refugiadas y migrantes venezolanas en Colombia, Perú y Ecuador; y, en menor medida, (5,78%) en Panamá, Guyana y República Dominicana. Después de una depuración de datos, la muestra quedó limitada a 1.220 entrevistas, equivalentes al mismo número de hogares. De estos hogares, 42,2% habían sido desalojados y el 41,5% estaba en riesgo de desalojo.

En otras palabras, más de 83% de las personas refugiadas y migrantes venezolanas está afectada por el desalojo.

El estudio, realizado “…los contratos verbales son la gran mayoría con un 73,7%; 12.9 % tienen contratos de arrendamiento escritos; y el 11.5% habitan sus viviendas sin tener acuerdos o contratos”, indica el documento publicado en febrero de 2021.

Y más adelante, el sondeo de opinión precisa el mayor riesgo asociado al contrato de arrendamiento verbal: “Los contratos verbales en la región (73%), se asocian con una menor seguridad de la tenencia de las viviendas y pueden producir, más fácilmente, interpretaciones diferentes del alcance de lo acordado y producir conflictos entre las partes. Los contratos verbales, además, por lo general, no llegan a resolverse por las entidades encargadas de impartir justicia o encontrar alternativas de mediación”.

Sin contrato de arrendamiento escrito, la intervención de las autoridades colombianas es más difícil y la indefensión ante el riesgo de desalojo es mayor.

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Obviamente, el riesgo es extremo cuando las personas refugiadas y migrantes y venezolanas no cuentan con autorización alguna para disponer de la vivienda o el territorio que ocupan.

“Las personas refugiadas y migrantes de Venezuela que participaron en la encuesta, y que no tenían contratos o autorizaciones sobre sus alojamientos o viviendas, fueron desalojados en más de un 60%, mientras quienes tenían contrato escrito, lo fueron en cerca de un 30%”, revela la encuesta.

“Lo anterior, está posiblemente asociado con que las personas sin contratos y autorizaciones, que son casi el 12% de la encuesta, pueden ser hogares que vivían en asentamientos informales en tierras privadas o bienes de uso público como parques, vías, terminales, entre otros”, se añade.

¿Cómo son las viviendas que ocupan?

“El 50% de los hogares de refugiados y migrantes de Venezuela vive en viviendas con una habitación y el 18% en alojamientos que no tienen habitaciones; esto contrasta con el número de personas que conforman los hogares: cerca del 85% de los hogares tienen más de tres personas y el 32% de los hogares encuestados, tienen cinco o más.

“Un dato adicional que da cuenta de la precaria situación de habitabilidad en que viven los refugiados y migrantes de Venezuela –prosigue el documento-, es que el 44% de los hogares tiene un solo baño que debe ser compartido. En Colombia y Ecuador el porcentaje de personas viviendo en la misma vivienda o alojamiento, con cuatro o más miembros, es cerca del 75%. En Perú y Brasil esa cifra es un poco más del 50%”.

Quedar en la calle y en medio de la pandemia

Los tres principales temores manifestados por las personas en riesgo de desalojo son: quedar en la calle (74.7%); contagio del nuevo coronavirus (60.5%); y falta de acceso a los servicios públicos (45.7%).

Con la pandemia de COVID-19, los ingresos económicos de muchas personas refugiadas y migrantes, sobre todo la mayoría vinculada a la economía informal, se vinieron a pique.

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“Si se compara el impacto que ha tenido la pandemia de la COVID-19 con los motivos por los cuales se consideran en riesgo de desalojo, se puede establecer una correspondencia, ya que el principal impacto de la COVID-19 es la acumulación de deudas y los dos principales motivos por los que los hogares encuestados se consideran en riesgo de desalojo son: la incapacidad de pago de la vivienda con un 87% y los servicios básicos de ésta con un 36,7%”, reveló la encuesta.

Necesidades específicas de protección

“Del total de la población de refugiados y migrantes de Venezuela que respondió la encuesta –indica el reporte-, 21,7% tienen una condición médica o crónica, el 20,3% de la población son mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, el 17,1 % son padres o madres solas con hijos e hijas menores de edad, el 10,6% son personas que padecen una discapacidad física, el 5,9% son personas adultas mayores con 60 o más años, el 3,3% son niños o niñas o adolescentes que están separados de su familia y/o cuidadores, y finalmente el 3,1% son personas sobrevivientes de violencia o abuso físico, psicológico y/o sexual”.

¿Quiénes protegen?

“El 81% de los encuestados que han sido desalojados, afirman que no hubo ninguna presencia de autoridades civiles de orden local durante los desalojos. Solo en el caso de Brasil, se identificó que las autoridades civiles locales tuvieron presencia, por lo menos, en el 50% de los casos de desalojo”, indica el estudio de la R4V.

De nuevo, mientras más informal sea el contrato de arrendamiento, menores son las posibilidades de negociación con el propietario o arrendatario y mayor es el riesgo de desalojo.

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“Sobre los actores que brindaron apoyo al momento del desalojo, las personas refugiadas y migrantes de Venezuela que respondieron a la encuesta, identificaron a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) o las Agencias de las Naciones Unidas, como los principales actores que brindaron algún tipo de apoyo durante el desalojo (58,3%); las Organizaciones de Sociedad Civil o religiosa con un 9,7,1%. Las autoridades estatales sólo aparecen en cuarto lugar, con un 6.6%.”, precisa el reporte de resultados de la encuesta.

¿Cómo proteger?

Entre las recomendaciones formuladas por la R4V destacan:

– “Garantizar el acompañamiento de organismos de control y de garantía de los derechos humanos, a las personas refugiadas y migrantes de Venezuela que están en riesgo de ser desalojadas. Capacitar a los funcionarios de estas entidades sobre los derechos de refugiados y migrantes sobre el derecho a una vivienda adecuada, prohibición de desalojos forzados y técnicas de mediación en casos de conflictos en los que estén involucrados refugiados o migrantes”.

-“ Garantizar el acceso efectivo de las personas refugiadas y migrantes al sistema judicial, mediante campañas de información sobre las rutas de acceso para la presentación de acciones constitucionales en defensa de los derechos humanos y los mecanismos existentes en cada país para garantizar sus derechos a no ser desalojados sin garantías constitucionales”.

-“En el caso de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela que son arrendatarios, y están en riesgo de desalojo, se debería considerar su acceso a líneas temporales de subsidios para el pago de arriendo y/o de servicios públicos, como medidas para evitar los desalojos, y que no queden en situación de calle o en una situación que los haga más vulnerables o los ponga en una situación de riesgo en los lugares donde habitan”.

-“En los asentamientos informales en los que habiten personas refugiadas y migrantes de Venezuela, las autoridades deben garantizar que se respeten sus derechos humanos, y que el estatus migratorio, la falta de documentos o regularización de su estatuto migratorio, no sea un factor para ponerlos en mayor riesgo de desalojo, generar presión o intimidación».

-«Las personas refugiadas y migrantes de Venezuela, deben hacer parte de los censos y caracterizaciones, y sus necesidades especiales contempladas en los procesos o planes de reubicación o integración local que se adelanten en los asentamientos que habitan”.

-“Ante cualquier situación de desalojo ordenada por una autoridad judicial o administrativa, en las que estén involucrados hogares de refugiados y migrantes de Venezuela, las autoridades locales deberían promover procesos de mediación entre las partes involucradas. Estas mediaciones deben tener en cuenta las condiciones de vulnerabilidad que viven los refugiados y migrantes en relación a su estatus migratorio, falta de medios de vida y de documentos, manifestaciones de xenofobia, discriminación o amenazas, y considerar las necesidades específicas de niños, niñas y adolescentes; mujeres y personas LGBTIQ+; las personas mayores; personas que viven con discapacidad y con tratamientos médicos”.

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