El Consejo Noruego para los Refugiados (NCR) determinó que la pandemia de COVID-19 ha aumentado los riegos y las necesidades humanitarias de las y los caminantes que huyen de Venezuela o retornan al país
Reporte Proiuris
El hambre los expulsó de su país y la COVID-19 los obligó a retornar. Las y los venezolanos que huyen a Colombia a pie por la emergencia humanitaria compleja en Venezuela, así como los que retornan de la misma forma por los efectos de la pandemia, no cuentan con lo más elemental para sobrevivir: alimentación y salud.
A partir de cinco jornadas de asistencia a personas venezolanas refugiadas y migrantes en tránsito en Bogotá y las vías de acceso de Cundinamarca, llevadas a cabo en el contexto de la pandemia de COVID-19, el Consejo Noruego para Refugiados ( NRC por sus siglas en inglés) determinó que han aumentado las necesidades humanitarias de las personan que van y vienen caminando.
98% de las personas asistidas por NCR tenían una situación migratoria irregular, lo cual les dificulta aún más el acceso a servicios esenciales como alimentación, agua potable y saneamiento y salud.
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En el informe del NCR, publicado este 3 de febrero de 2020, se recuerda que precisa más de 1,7 millones de personas venezolanas están en Colombia y que 57% tienen estatus migratorio irregular.
“El aislamiento preventivo debido a la pandemia de COVID-19 ha agravado la situación humanitaria para migrantes con estatus migratorio regular e irregular. En la encuesta realizada en mayo de 2020 por el Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos los ingresos obtenidos de un trabajo formal disminuyeron del 91 por ciento, antes de la pandemia, al 20 por ciento durante el aislamiento preventivo; por su parte, los hogares que no tenían ningún tipo de ingresos aumentó del 4 por ciento antes del aislamiento, al 48 por ciento”, indica el informe del NCR.
En el reporte se precisa que “antes del aislamiento, 5 de cada 10 hogares consumían 3 comidas al día, durante el aislamiento preventivo solo 1 de cada 10 hogares. Aquellos hogares que comían una única comida o menos al día pasaron de ser el 3 por ciento al 25 por ciento durante el aislamiento; y 1 de cada 10 hogares informaron estar en riesgo de desalojo por no contar con los recursos para pagar su alojamiento”.
Salud, trabajo y educación
NCR determinó que a la totalidad de las personas venezolanas obligadas a retornar a Venezuela por el impacto de la pandemia “se le negó el acceso regular a salud, incluyendo a personas con enfermedades crónicas y a mujeres gestantes; y únicamente recibieron atención primaria cuando se presentó una urgencia”.
El derecho al trabajo también habría sido violado y la dificultad de obtener un empleo digno causó “episodios frecuentes de informalidad y explotación laboral”, advierte el NCR.
El acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes atenidos por el NCR se limitó a la condición de “asistentes” en planteles públicos de Colombia. “En ocasiones, las escuelas fueron escenarios de xenofobia y discriminación institucional con casos de: exclusión por parte de docentes y otros estudiantes, repetición de grados sin tener exámenes de clasificación, impedimento de certificar grados y para obtener títulos académicos o limitaciones para entrar en algunas instituciones educativas”, detalla el NCR.
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Según el NCR, las necesidades en salud de la población en tránsito están ligadas a:
a) la falta de acceso a agua segura para consumo e higiene en las rutas o en la calle, lo que genera enfermedades diarreicas principalmente en niños y niñas y aumenta el riesgo de contagio por COVID-19;
b) la carencia de calzado y elementos apropiados para el frío de la sabana, las lluvias y los cambios de clima exponen a las personas a enfermedades respiratorias severas -la mitad de las personas en tránsito entrevistadas (…) plantean que las temperaturas extremas representan un problema para su viaje -;
c) la larga exposición al sol y a bajas temperaturas durante jornadas de caminata de 10 y 17 horas generan quemaduras en piel y heridas, de leves a graves, en los pies;
d) la imposibilidad de consumir una dieta rica en nutrientes y suficiente agua que soporten las extenuantes jornadas de trabajo físico, principalmente para niños y niñas; y
e) la falta de elementos de protección personal ante riesgos de contagio por COVID-19.
El NCR reitero la gravedad de la violación del derecho a la salud de las y los caminantes: “Los migrantes en tránsito o en retorno no tienen ninguna garantía de acceso a salud, a algunas personas -incluyendo mujeres embarazadas– les ha sido negado el acceso a servicios médicos durante su recorrido. El 18% de los encuestados (…) reportaron que ellos o alguno de los miembros de su grupo de viaje se habían sentido enfermos en el recorrido: 4 de cada 10 personas no buscaron asistencia médica por no estar afiliados al sistema de salud y 2 de cada 10 por imposibilidad de pago de los costos que acarrearía su tratamiento.
El NCR destaca que, en el contexto de la pandemia por COVID-19, las embarazadas, los niños y niñas recién nacidos, y adultos y adultas mayores “enfrentan mayores riesgos de enfermar ante las extensas jornadas de camino y la escasez de una dieta adecuada”.
Peligros en la vía
Los más recientes accidentes de tránsito con resultados fatales constituyen evidencias de la advertencia formulada por el NCR en su informe sobre los peligros que corren las y los caminantes venezolanos.
“…en las vías se presenta un alto riesgo de caer al viajar sobre los camiones y de atropellamiento por vehículos en carretera. NRC conoció el caso de un migrante en tránsito que falleció tras ser arrollado y casos de personas que han sobrevivido. Aunque recibieron atención de urgencias en salud, no recibieron indemnización alguna”, indica el informe.
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La delincuencia común acecha a las y los caminantes venezolanos, según la documentación realizada por el NCR: “…muchos han sido víctimas de la delincuencia común a través de hurtos (a mano armada o mientras duermen en calle) y de lesiones personales. Además de perder sus pertenencias, también pierden sus documentos de identidad y sus únicos medios de comunicación, incrementando sus riesgos de protección”.
Además, las personas que huyen de Venezuela o retornan al país son víctimas del crimen organizado. “En las zonas rurales de frontera se presentan riesgos de reclutamiento forzado de menores y adultos, robos, amenazas y homicidios en el marco del conflicto armado colombiano; así como riesgos de explotación laboral, explotación sexual y violencia sexual al que las niñas, niños y mujeres son más vulnerables”, alerta el NCR.
