El 23 de junio de 2017, el último día del lapso de postulaciones de aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el abogado Adriano Ruiz Guillén terminó la odisea que implicó su traslado desde Maracaibo hasta Caracas en la parrilla de un mototaxi, para presentar sus credenciales ante la Asamblea Nacional. Fue uno de los sobresalientes en el grupo de 99 preseleccionados por el equipo técnico del Comité de Postulaciones Judiciales. Sin embargo, no pasó el filtro político y quedó excluido en la selección definitiva que hicieron los diputados.
La anécdota, referida por el vicepresidente del Comité de Postulaciones, Perkins Rocha, permite verificar que el mecanismo establecido en la Constitución Nacional para garantizar la independencia del Poder Judicial no es suficiente para que la magistratura del país sea ejercida por los más calificados juristas. Rocha participó en el proceso como representante de la sociedad civil, específicamente del Bloque Constitucional Venezolano, que reúne a académicos y ex funcionarios judiciales del país, y que el 8 de enero de 2017 había solicitado a la Asamblea Nacional la anulación de la designación de los magistrados del TSJ, realizada el 23 de diciembre de 2015, en los estertores del dominio absoluto que detentó el chavismo en el Parlamento.
La solicitud del Bloque Constitucional Venezolano se fundamentó, precisamente, en la violación de las normas constitucionales que regulan la organización y funcionamiento del Comité de Postulaciones Judiciales. Desde mucho antes, el ex juez de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, que fuera el segundo tribunal más importante del país, ha sido protagonista del debate sobre la autonomía del sistema de administración de justicia en Venezuela.
En los convulsos años 2002 y 2003, dictó sentencias que contrariaron los intereses del oficialismo; por ello el presidente Hugo Chávez lo tildó de delincuente y rápidamente fue destituido. Con sus colegas Juan Carlos Apitz y Ana María Ruggeri, demandó al Estado venezolano ante el sistema interamericano, y el 5 de agosto de 2008 la Corte Interamericana de Derechos Humanos fallo a su favor. La sentencia del máximo tribunal hemisférico fue declarada inejecutable por la Sala Constitucional, que además instó al Ejecutivo a denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo cual se concretó el 12 de septiembre de 2012. Rocha resume su participación en la selección de los “nuevos” magistrados del TSJ como un proceso a través del cual se intentó equilibrar lo técnico y lo político.
“Nos esforzamos para que se hiciera valer la efectiva participación de la sociedad civil en la escogencia de los magistrados. Nuestra prioridad fue que se respetara el rigor constitucional, mientras que la prioridad de los políticos fue lograr una designación de magistrados en función de las demandas del sector mayoritario de la sociedad que representan”, dice el ex juez.
Explica que hubo tres fases clave: el período de postulaciones, que se redujo al mínimo posible (5 días); el lapso de 15 días para las impugnaciones, que se preservó a toda costa para abrir la participación de la sociedad civil más allá de sus representantes en el Comité; y la preselección de aspirantes.
“Al principio, las postulaciones fueron un tanto erráticas. Pero el presidente Maduro nos ayudó mucho, porque cuando hizo la amenaza pública de que iba a meter preso a quienes se postularan, hubo un acto de rebeldía tan importante que en dos o tres días se duplicó la cantidad de postulados que se tenía para ese momento, entre 20 y 30 personas. En definitiva se recibieron 159 postulaciones”.
– ¿Cómo se hizo la preselección de 99 postulados?
-Mediante la aplicación de un baremo, elaborado sobre la base de los requisitos para ser magistrado del TSJ establecidos en el artículo 263 de la Constitución. Ese baremo estuvo constituido por tres módulos. En el primero, el aspirante debía acreditar que era venezolano y que no tenía otra nacionalidad. En el segundo, que no tenía prontuario policial, sino más bien el comportamiento de un buen padre de familia. Y en el tercero, suficientes credenciales académicas y profesionales.
– ¿Qué peso tuvo la carrera judicial acreditada, pues no todos los abogados están formados para ser jueces?
-Fue muy importante el ejercicio de la carrera judicial pero la Constitución no precisa los distintos niveles del ejercicio del Derecho; solo especifica como requisito 15 años en el ejercicio de la abogacía.
– ¿Los 33 magistrados definitivamente seleccionados por la Asamblea Nacional son profesores universitarios con rango de titular?
-Ese no es un requisito congruente con la Constitución. Lo que hicimos fue darle una importante ponderación al doctorado. De tal forma que una persona que fuese doctor en Derecho y adicionalmente tuviera una función pública iba a tener el mayor puntaje.
– ¿Qué consideraciones se hicieron sobre las filiaciones político partidistas de los postulados?
-Después de las entrevistas, en la poda de los 159 a 99, algunos fueron excluidos por sus vinculaciones directas o indirectas en factores políticos.
“Fue muy importante el ejercicio de la carrera judicial, pero la Constitución no precisa los distintos niveles del ejercicio del Derecho”
– ¿Usted puede garantizar la independencia de los partidos de los 33 aspirantes que fueron designados magistrados?
No lo puedo garantizar, pero sí te puedo garantizar que hicimos todo lo humanamente posible para indagar sobre las relaciones partiditas de los magistrados.
-Elenis Rodríguez, designada magistrada principal de la Sala Constitucional, se desempeñaba como secretaria nacional de derechos humanos del partido Primero Justicia.
-Para el análisis de credenciales generales nos subdividimos en 5 equipos. Probablemente no todos tuvimos a la vista todos los elementos valorativos. La militancia partidista con signos exteriores como carnet, la inscripción en algún registro especial por este tipo de cosas, si la apartarían de la trasparencia y de la neutralidad que se aspira para un funcionario judicial.
“Hicimos todo lo humanamente posible para indagar sobre las relaciones partiditas de los magistrados”
-Antonio Marval, designado magistrado de la Sala Político Administrativa fue abogado defensor del presidente del Comité de Postulaciones Judiciales, Carlos Berrizbeitia en el caso de la demanda que en su contra interpuso el ministro Carlos Osorio.
-No sabía de este hecho. Cualquiera de los postulados podía tener una actividad profesional libre. Eso no perturba el criterio para su escogencia. Antonio Marval es de los que más cumple con los requisitos formales para ser un magistrado del TSJ.
– ¿Cómo se ponderó que Ángel Zerpa fuese el abogado defensor de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz?
La fiscal general de la República es una ciudadana que tiene el derecho de escoger al mejor abogado que ella considere. A partir de su designación todos los magistrados deben separarse de sus compromisos como abogados en libre ejercicio de la profesión. El doctor Zerpa cumple con todos los requisitos para ser magistrado.
-Ángel Zerpa es penalista ¿Qué hace un penalista en la Sala Político Administrativa?
Yo estoy en desacuerdo con esa decisión. Debió haber sido propuesto para la Sala Penal, pero mi criterio técnico no fue el que privó, privó un criterio político. Una cosa es la fase técnica donde se aprecian los elementos estrictamente constitucionales, legales y reglamentarios de acuerdo a un perfil técnico del cargo a ocupar, y otra cosa es la fase política que es, en definitiva, cuando se toman decisiones basadas en mérito y oportunidad. El constituyente diseñó estas dos fases, estableciendo un filtro técnico y luego una decisión política. Nos enfrentamos a una situación inédita de riesgo institucional que ameritaba que en la fase política se hiciera una valoración no convencional en tiempos de emergencia, aunque siempre dentro del orden constitucional.
-¿Con la designación definitiva de estos nuevos magistrados del TSJ se logró un equilibrio entre lo técnico y lo político?
– “Hay bemoles. No todos los que fueron designados fueron los más sobresalientes. Pero en general, los que fueron designados están capacitados para ejercer el cargo de magistrado del TSJ.
-Los que fueron designados lo están pagando caro, entre ellos Ángel Zerpa, procesado en tribunales militares y recluido en los calabozos de la policía política. ¿Ustedes previeron que eso podía ocurrir?
-Se trata de una represalia típica de los peores regímenes dictatoriales que ha tenido la historia de Suramérica, poner a civiles a la orden de tribunales militares, en flagrante violación al debido proceso. Con la persecución de magistrados, el gobierno pasó a una segunda etapa de tiranía. Estamos frente a una tiranía que no respeta la institucionalidad ni los derechos humanos.
-La respuesta del Consejo Moral
El artículo 264 de la Constitución establece que el Comité de Postulaciones Judiciales debe presentar ante el Poder Ciudadano una preselección de candidatos a magistrados, para que el Poder Ciudadano realice una segunda preselección antes de la selección definitiva por parte de la Asamblea Nacional.
Perkins Rocha asegura que se cumplió con el primero de estos tres pasos, pero que el procedimiento establecido en la carta magna se truncó por la respuesta que dio el Consejo Moral Republicano.
“La secretaria ejecutiva encargada del Consejo Moral Republicano (Aramita Moraima Padrino de López), motu propio, sin consultarle a las máximas autoridades de esa instancia, entre ellas la fiscal general de la República, que se ha opuesto a la designación de los magistrados del TSJ en diciembre de 2015, suscribió una comunicación dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, a través de la cual argumentó que el procedimiento para la designación de nuevos magistrados era extemporáneo”, precisó Rocha.
Sin embargo, el experto en Derecho Administrativo explicó que la renuencia del Poder Ciudadano a participar en la selección de los nuevos magistrados del TSJ no vicia el proceso, pues previamente la Asamblea Nacional, en ejercicio del principio de autotutela, había anulado la designación de magistrados que se hizo cuando el oficialismo constituía la mayoría del Parlamento.
