A los cinco miembros de Azul Positivo les imputaron los delitos de manejo fraudulento de instrumentos análogos, asociación para delinquir y legitimación de capitales
Reporte Proiuris
Erick S. González Caldea
El Tribunal Cuarto de Control del estado Zulia, a cargo de la jueza Yesiré Rincón Pertuz, acordó la detención judicial preventiva de cinco miembros de la organización no gubernamental Azul Positivo, luego de ser detenidos por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el martes 12 de enero en Maracaibo.
El Ministerio Público imputó los delitos manejo fraudulento de instrumentos análogos, asociación para delinquir y legitimación de capitales a Johan León Reyes, director general de la ONG; Yordy Bermúdez Gutiérrez, director ejecutivo; Layners Gutiérrez Díaz, director de Finanzas; Alejandro Gómez Di Maggio, asistente administrativo; y Luis Ferrebuz, promotor social.
La jueza Rincón Pertuz fijó la sede de la Dgcim en Maracaibo como sitio de reclusión.
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La ONG Espacio Público informó sobre el fallo a través de la redes sociales, la noche de este jueves 14 de enero.
Luego de que se informara sobre las medidas privativas de libertad contra los trabajadores de Azul Positivo, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) exigió la liberación inmediata de los defensores de los derechos fundamentales.
“Exigimos la liberación inmediata de los cinco trabajadores humanitarios de Azul Positivo ante este proceso írrito, que se constata como otro hecho de instrumentalización de la justicia en Venezuela que cierra el espacio humanitario”, se lee en su cuenta Twitter.
La ONG lamentó que el gobierno de Nicolás Maduro, a través de la medida judicial contra los cinco directivos de Azul Positivo, prosiguiera la persecución contra los defensores de los derechos humanos en Venezuela.
“Lamentamos este precedente en la criminalización de la labor humanitaria en el país, que se verifica mientras millones de personas en Venezuela sufren las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja”, denunció Codhez.
Codhez recordó que con la detención de los integrantes de Azul Positivo, la vida de las personas que viven con VIH atendidas por la ONG está en peligro.
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“Deja sin protección a las familias en inseguridad alimentaria y a las comunidades beneficiarias de sus programas”, enfatizó la Codhez.
Horas antes de la imputación, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) manifestó su preocupación por los ataques contra actores humanitarios en el país.
A través de un comunicado, detalló que funcionarios del Estado no le permitieron la visita de familiares y abogados a los cinco trabajadores humanitarios detenidos.
«Esta es la segunda vez, en los últimos dos meses, que funcionarios de seguridad del Estado allanan e interrogan al personal de una organización humanitaria», puntualizó la Acnudh.
