A los miembros de Azul Positivo no les han permitido comunicarse con sus abogados desde su detención arbitraria. Organizaciones también exigieron el cese de la criminalización de la labor humanitaria en Venezuela
Reporte Proiuris
Jackelin Díaz
“Estamos preocupados por la salud de Yordy Bermudez, director ejecutivo de Azul Positivo, pues sufrió hace poco de un ACV. Él requiere ser atendido”.
Organizaciones no gubernamentales de derechos humanos realizaron un llamado urgente a las agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Venezuela a pronunciarse respecto a la detención de cinco miembros de la ONG Azul Positivo, en el estado Zulia.
Una comisión de 15 funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) allanó este martes 12 de enero la sede de Azul Positivo. El procedimiento duró más de seis horas.
Los activistas por los derechos humanos fueron detenidos y trasladados hasta la sede de este cuerpo policial y desde ese momento fueron aislados.
El chofer de la ONG, quien también fue detenido este martes, fue liberado un día después en horas de la madrugada.
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Los abogados de la organización no han podido constatar el estado de salud de Bermúdez ni de los otros activistas desde la detención.
«Solo se les ha permitido el ingreso de algunos alimentos y artículos personales», acotaron.
Agregan que dos días después del procedimiento, todavía se desconocen el o los cargos que aparentemente se les imputarían.
“Nos preocupa el silencio del coordinador humanitario en Venezuela sobre la detención de los directivos de Azul Positivo. Es su deber pronunciarse, al igual que la oficina de la Alta Comisionada”, expresó Feliciano Reyna, director de Acción Solidaria.
Jurisdicción militar desestimó el caso
El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) informó este jueves que los trabajadores humanitarios serán trasladados a los tribunales penales, ya que los tribunales militares declinaron la competencia.
A pesar de esto, a la directiva de Azul Positivo se les ha negado hablar con sus abogados.
«Exigimos su liberación y el cese de la criminalización de la labor humanitaria en Venezuela», indicó Cepaz en Twitter.
Tarjetas de alimentación incautadas
Según explicó el coordinador del Codhez, Juan Berríos, dentro de ese trabajo de ayuda humanitaria, Azul Positivo comenzó a brindar tarjetas de alimentación para la compra de alimentos a familias vulnerables en el estado Zulia.
«Las tarjetas son recargadas con dinero y existen convenios con algunos comercios para aceptar el pago a través de este método», explicó.
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Agregó que este lunes 14 de enero un comerciante fue detenido y a partir de ahí se realizó un seguimiento. A juicio de Berrios, esta podría ser la razón del allanamiento a la oficina de Azul Positivo.
Los funcionarios del Dgcim en el procedimiento decomisaron tres equipos de computación. Asimismo, incautaron 12 tarjetas de beneficios, el banco de datos de los beneficiarios y cinco equipos telefónicos.
«El caso de Azul Positivo es un caso de detención arbitraria por prestar asistencia humanitaria en el Zulia”, expuso Berrios.
ONG exigen el cese del hostigamiento
“Si esta va a ser la cotidianidad, la persecución penal de tipo militar solo por prestar asistencia humanitaria en el marco del Plan de Respuesta Humanitaria que está siendo auspiciado por las Naciones Unidas, pues evidentemente esto haría casi imposible la subsistencia de un espacio humanitario en Venezuela. No solo su reducción, sino que se cierre”, advirtió Berrios.
Berríos, de Codhez, Alberto Nieves, de ACSI, y Feliciano Reyna, de Acción Solidaria coincidieron en que debe cesar el hostigamiento contra las organizaciones no gubernamentales.
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«Es obligación del Estado garantizar un espacio humanitario seguro para asegurar la protección y el socorro de las personas que más lo necesitan», destacaron.
Azul Positivo es una organización que se fundó en el año 2004 y desde entonces asiste a personas que viven con el VIH. Además, desarrolla programas de educación sexual, salud bucal y otros servicios de atención social.
