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Cinco miembros de Azul Positivo llevan más de 30 horas incomunicados en la Dgcim

A ninguno de los miembros de Azul Positivo que fueron detenidos arbitrariamente se les ha permitido el contacto con sus abogados desde su detención arbitraria. Tampoco se conoce qué cargos les serían imputados

Reporte Proiuris

Jackelin Díaz

Aislados desde hace más de 30 horas. Así se encuentran cinco miembros de la organización no gubernamental Azul Positivo tras el allanamiento en su sede por parte de funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), este martes 12 de enero en Maracaibo, estado Zulia.

Los activistas por los derechos humanos fueron detenidos y trasladados hasta la sede de este cuerpo policial y hasta las 6:40 p.m. de este miércoles no les habían permitido el contacto con sus abogados.

Hasta el momento también se desconocen el o los cargos que aparentemente se les imputarían.

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Azul Positivo es una organización que brinda asistencia desde hace más de 16 años a personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

Además, también impulsa actividades sobre salud sexual y reproductiva a comunidades de la región, así como sesiones educativas sobre prevención de enfermedades y asistencia en seguridad alimentaria.

«Hacemos un llamado de alerta a toda la sociedad, organizaciones de derechos humanos, quienes dan fe de nuestra impecable labor comunitaria», expuso Azul Positivo en un comunicado.

Se desconoce el procedimiento

Funcionarios de la Dgcim intervinieron la sede de la ONG “para realizar un procedimiento administrativo relacionado con su programa humanitario”.

En ese momento, detuvieron a cinco de sus miembros, incluyendo a su director Johan León Reyes.

Asociaciones civiles nacionales e internacionales manifestaron su rechazo a la intervención de la organización. En ese sentido, exigieron a este cuerpo de seguridad responder por la integridad física y moral de los activistas detenidos.

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La Comisión de Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) denunció este miércoles 13 de enero que los trabajadores humanitarios serán procesados bajo la jurisdicción militar.

«Azul positivo es una organización humanitaria que brinda asistencia en materia de salud a las comunidades más vulnerables y que se encuentran en el territorio zuliano», señaló Codhez en Twitter.

Y es que desde el año 2015, esta ONG ha prestado apoyo a más de 43.000 venezolanos y venezolanas en nueve municipios del estado Zulia.

Incluso, entre junio y noviembre de 2020, y a pesar de la pandemia por la COVID-19, realizaron más de 1.800 pruebas rápidas gratuitas de VIH y sifilis durante jornadas de salud realizadas en la región.

Criminalización de la labor humanitaria

Diversas organizaciones humanitaria en el estado Zulia repudiaron estas acciones y exigieron la liberación de los miembros de Azul Positivo.

Por su parte, Codhez también exhortó a las agencias de Naciones Unidas a emitir un pronunciamiento urgente ante las agresiones al espacio humanitario en Zulia.

“La cooperación internacional para la protección y socorro de las personas más vulnerables ante la emergencia humanitaria compleja debe ser garantizada por el Estado, y no obstaculizada”, indicó la ONG.

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Agencias como ONU SIDA, de las Naciones Unidas, ya se han pronunciado al respecto. En dicho mensaje reconocen la labor realizada por Azul Positivo en este estado; sobre todo en medio de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país.

La organización Front Line Defenders también emitió un comunicado. Expresó su preocupación respecto al efecto intimidatorio que estas acciones puedan tener en la comunidad de defensores de DD HH en Venezuela.

Claves: ONG perseguidas en 2020

  • Prepara Familia: Encargada de ayudar a los padres, madres y representantes de los niños internados en el Hospital J.M. de los Ríos, su sede fue allanada por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en enero de 2020.
  • Alimenta La Solidaridad: El 25 de noviembre de 2020 denunciaron haber sido víctimas de hostigamiento por parte de las autoridades del régimen.
  • Convite: El 15 de diciembre efectivos de la FAES allanaron la sede de la organización. Los agentes confiscaron tres computadoras y dos teléfonos celulares que retuvieron durante varias horas.
  • Médicos Sin Fronteras: La ONG se retiró del Hospital Pérez de León II, ubicado en Petare, por las restricciones de entrada al país al personal humanitario especializado.

 

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