Proiuris se suma a las manifestaciones de solidaridad con Efecto Cocuyo y el resto de las organizaciones de la sociedad civil que han sido atacadas por funcionarios del Estado venezolano, y recuerda la obligación estatal de proteger la integridad de los periodistas y defensores de derechos humanos
Reporte Proiuris
Informar, formar y estar cerca de la gente. Efecto Cocuyo reafirmó su compromiso con la democracia y la promoción de los derechos humanos, a través de un comunicado en respuesta a los ataques sufridos por este medio de comunicación, de los cuales se han hecho eco autoridades del Estado venezolano.
“Ejercemos un periodismo apegado a la rigurosidad ética y orientado al derecho de las sociedades a estar informadas. Todo en el marco de la legislación venezolana”, indica el documento publicado este 12 de enero de 2020.
Efecto Cocuyo, así como otras organizaciones de la sociedad civil venezolana, fue atacado por recibir recursos del Reino Unido, a partir de la publicación de un artículo en Daily Maverick, en el que se señala que existe un contrato entre el gobierno británico y varios medios venezolanos para supuestamente “derrocar a Maduro”.
En el referido artículo de Daily Maverick también se mencionan a: el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), el Consejo Nacional de Promoción de Inversiones (Conapri), el Instituto Radiofónico Fe y Alegría, el Sindicato Nacional de Trabajadores de La Prensa (SNTP), la asociación Civil Éxodo, Westminister Foundation for Democracy, Provita, C.A., la asociación civil Centro Iberoamericano de Formación en Derecho Internacional y Derechos Humanos (Cifodidh) y la asociación civil Transparencia Venezuela.
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Las autoridades británicas reaccionaron al respecto, igualmente a través de un comunicado: “La libertad de expresión y los medios de comunicación libres son necesarios para la democracia. Su defensa es una prioridad para el Reino Unido. El Reino Unido seguirá apoyando a la sociedad civil en la promoción de los valores democráticos y los Derechos Humanos”.
El comunicado de Efecto Cocuyo indica: “Los recientes ataques contra nosotras y otras organizaciones de periodistas, a través de campañas de descrédito, difamación, manipulación, tergiversación, amedrentamiento y hostigamiento, por altos funcionarios del gobierno venezolano, reafirman un patrón de persecución y criminalización contra el trabajo periodístico identificado con la defensa de los derechos humanos”.
Al recordar que es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad y la integridad física de los ciudadanos y de los miembros de las organizaciones que hacen vida en Venezuela, se insiste en que “los ataques ponen en riesgo a los trabajadores y trabajadoras que honramos el mandato de nuestra misión defendiendo el derecho a la información libre y oportuna de la sociedad venezolana”.
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Efecto Cocuyo también refirió que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha advertido que en Venezuela “los periodistas y defensores de derechos humanos que critican al Gobierno siguen siendo objeto de intimidación y difamación pública”.
El comunicado es enfático al señalar: “Nuestra organización, fundada y dirigida por un equipo de mujeres periodistas, es independiente. Ninguna institución o ente condicionan o intervienen en la línea editorial”
La cooperación internacional es un derecho
Proiuris, organización no gubernamental de promoción y defensa de los derechos humanos, se suma a las manifestaciones de solidaridad con el equipo de comunicadores sociales que integran el equipo de Efecto Cocuyo y, reitera la obligación estatal de garantizar su integridad, como la de todos los miembros de las organizaciones que han sido víctimas de ataques en esta oportunidad.
Proiuris considera necesario recordar que la cooperación internacional está consagrada como un derecho humano desde hace más de 20 años, en los términos establecidos en el artículo 13 de la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos.
Dicha norma indica: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto expreso de promover y proteger, por medios pacíficos, los derechos humanos y las libertades fundamentales, en concordancia con el artículo 3 de la presente Declaración”.
Y Efecto Cocuyo tiene en cuenta el marco jurídico aplicable, al señalar en su comunicado que su actividad periodística está enmarcada en la legislación venezolana, de acuerdo al artículo 3 de la referida declaración de las Naciones Unidas: “El derecho interno, en cuanto concuerda con la Carta de las Naciones Unidas y otras obligaciones internacionales del Estado en la esfera de los derechos humanos y las libertades fundamentales, es el marco jurídico en el cual se deben materializar y ejercer los derechos humanos y las libertades fundamentales y en el cual deben llevarse a cabo todas las actividades a que se hace referencia en la presente Declaración para la promoción, protección y realización efectiva de esos derechos y libertades”.
