Con la creación del concurso de Buenas Prácticas Policiales el gobierno busca limpiar la imagen de las fuerzas de seguridad del Estado señaladas como violadoras de derechos humanos, pero las instituciones galardonadas se han encargado de desarrollar la antítesis de los proyectos que plantean
Reporte Especial Proiuris
Erick S. González Caldea / Karina Peraza
Las fuerzas de seguridad del Estado en Venezuela no tienen credibilidad en la sociedad venezolana. Por el contrario, se les teme y con fundadas razones.
Acoso, hostigamiento, corrupción, torturas, tratos crueles e inhumanos, así como violaciones al derecho a la vida, son algunas de las etiquetas con que venezolanas y venezolanos identifican a los funcionarios policiales y militares.
Con la idea de mejorar la imagen de las policías, en 2009 el gobierno del presidente Hugo Chávez creó el concurso “Buenas Prácticas Policiales”, a través del Viceministerio del Sistema Integrado de Policía (Visipol), adscrito al Ministerio de Interior y Justicia.
En un documento publicado por el Visipol se explica que el objetivo primordial del concurso es garantizar los derechos humanos de los ciudadanos. Sin embargo, la práctica señalaría que la política del Estado en materia de seguridad ciudadana apunta, precisamente, a la violación de derechos humanos de venezolanas y venezolanos.
“El Concurso de Buenas Prácticas Policiales se comprende como un espacio más de consulta, de diálogo, de reconocimiento, de aprendizaje y participación, en el cual la conversación está guiada por las experiencias positivas que en el ámbito de la actuación policial se pueden identificar para instituciones de adscripción nacional, estadal y/o municipal”. Así lo sostiene el documento Buenas Prácticas Policiales experiencia sistematizada, publicado por el Visipol en relación con las bases del concurso.
Los objetivos principales del concurso fueron resumidos de la siguiente manera:
Lea también: “Las FAES abrían las puertas de las casas y se los llevaban para matarlos” #MasacreDeLaVega
- (i) La construcción de un sistema de registro y monitoreo de la actuación del organismo público en cuestión, en el caso que nos interesa estudiar de las agencias o cuerpos de seguridad policiales.
- (ii) La incorporación a las organizaciones de elementos que favorezcan la gestión de información y la gestión de conocimiento (ésta última con el impacto que en términos de transferencia de conocimiento e instalación de modos de intervención en las organizaciones posee, así como los impactos en términos de validación institucional de ciertas actuaciones).
- (iii) La posibilidad de aprender de la propia actuación con el registro de lecciones aprendidas y basándose en la potencialidad pedagógica del “efecto demostración”.
- (iv) El apoyo a un posicionamiento social y ante la opinión pública favorable de la actuación de un ente público determinado.
En pocas palabras, el concurso permitiría contar con un monitoreo exclusivo de la actuación policial, apegado a las leyes venezolanas y, en su momento, a la reforma policial que comenzó en 2006 y concluyó tres años después con la aprobación de “Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional” y la creación de la Policía Nacional Bolivariana.
“El objetivo general del Concurso de Buenas Prácticas Policiales es detectar, reconocer, difundir, promover y estimular buenas prácticas policiales planificadas, que impacten de manera tangible y positiva en las condiciones de vida de la ciudadanía y/o en la satisfacción de sus derechos humanos, en particular en el derecho a la seguridad ciudadana y que, comparadas con otras prácticas, resulten mejores en cuanto a principios, valores, efectividad, eficacia o eficiencia”, se lee en el documento.
Lee también: Masacre en La Vega: operativo policial dejó 15 muertos
Sin embargo, a partir de las protestas antigubernamentales que iniciaron en el país a principios de 2014 y que continuaron entre los años 2017 y 2019, sumado a la creación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la actuación policial, en muchos casos excesiva y abusiva, quedó a la vista de todos.
Las violaciones a los derechos humanos registradas no fueron impedimento para que el concurso Buenas Prácticas Policiales se siguiera celebrando cada año desde 2009.
El ganador es compensado con 1.000 unidades tributarias (1.500 bolívares es el valor de la U.T desde 2020). También recibe un reconocimiento por parte de la Visipol y la oportunidad de implementar el proyecto presentado a escala nacional.
Lea también: 2.312 personas fueron víctimas de la brutalidad policial en Venezuela en 2020
Desde 2009 y hasta la actualidad, las policías estadales de Bolívar, Lara, y Zulia han recibido el premio en dos ocasiones. Precisamente, estos estados destacan por sus altos índices de ejecuciones extrajudiciales , de acuerdo con el monitoreo de prensa que realiza la ONG Proiuris.
Por su parte, la policía del estado Falcón y Mérida, junto a la PNB de Táchira, recibieron el galardón una vez.
Proiuris enlistó cada uno de los ganadores de los premios del concurso de Buenas Prácticas Policiales de cada año; así como los proyectos presentados por los organismos. Pero, a la par, también recopiló denuncias de abusos por parte de los galardonados por el Gobierno.
Uno de los hallazgos de este análisis es que ninguno de los cuerpos de seguridad galardonados en el concurso Buenas Prácticas Policiales están exentos de las denuncias de atropellos, represión, ejecuciones extrajudiciales y otros tipos de violaciones a los derechos humanos.
Policía del Estado Mérida
La policía del Estado Mérida (PoliMérida) fue el segundo ganador del concurso de “Buenas Prácticas Policiales”, en 2011. En esa oportunidad presentó el proyecto “Unidad de Apoyo del Niño, Niña y Adolescente del Estado Mérida (U.A.A.A.P.E.M)”.
El proyecto consistía en dirigir el servicio de la policía “a la atención de una población especialmente vulnerable (niños, niñas y adolescentes) desde la perspectiva de la protección, pero con un potencial preventivo destacado, lo que se corresponde con el Nuevo Modelo Policial Venezolano”.
Esta misma institución se ha visto involucrada en denuncias por abusos policiales y violaciones a los derechos humanos.
En 2017, los funcionarios de la Policía de Mérida, junto a otros agentes de seguridad del Estado, participaron activamente en la represión de las manifestaciones antigubernamentales.
Denuncias contra la Policía de Mérida
- El 11 de mayo de 2016, funcionarios de Policía del Estado Mérida, junto a grupos armados adeptos al gobierno, dispararon contra manifestantes de la Universidad de Los Andes con metras y otros objetos metálicos.
- El 6 de septiembre de 2017, la organización no gubernamental Movimiento Somos, acusó a los funcionarios de la policía andina de prácticas transfóbicas institucionalizadas en su delegación.
- El 5 de junio de 2017, funcionarios de Polimérida, junto a oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana, reprimieron violentamente una manifestación pacífica con perdigones y gas lacrimógeno. Niños, niñas y maestros del preescolar Las Ranitas (El Porvenir), en el sector El Molino, de Ejido, se vieron gravemente afectados.
Policía del Estado Bolívar
La Policía del Estado Bolívar ganó consecutivamente el premio de Buenas Prácticas Policiales en 2012 y 2013.
En el último certamen el proyecto que presentó fue: “Centro de Coordinación Policial Gran Sabana”, que abordó a las comunidades indígenas de este municipio, como parte de las actividades del Servicio de Policía Comunal.
El documento no fue suficiente para que la policía respetara los derechos humanos de las comunidades indígenas. Por el contrario, se han registrado severas denuncias por parte del pueblo pemón señalando acoso policial en su comunidad.
Denuncias contra la Policía de Bolívar
- El 30 de octubre de 2019, líderes del pueblo Pemón denunciaron acoso y hostigamiento hacia las comunidades indígenas en la frontera de Brasil con Venezuela por parte de funcionarios de la Policía del Estado Bolívar. Los hechos ocurrieron luego de una serie de allanamientos sin bases legales y la detención arbitraria de miembros de su comunidad.
- El 24 de mayo de 2017, mientras estudiantes de la Universidad de Oriente, núcleo Ciudad Bolívar, protestaban, funcionarios de la Policía del Estado Bolívar reprimieron la manifestación con armas de fuego. Dispararon a los estudiantes a quema ropa. Augusto Puga, estudiante de Enfermería de 22 años, falleció a causa de una herida de bala, producto de la represión.
- En noviembre de 2015, Nelson Carpio, de 17 años de edad, desapareció luego de ser detenido por funcionarios de la Policía del Estado Bolívar, según testigos. La denuncia sigue en Fiscalía pero sin ninguna respuesta. Ya suman cinco los años que Eladia de Carpio lleva sin información sobre el paradero de su hijo.
Policía del Estado Zulia
La Policía del Estado Zulia fue ganadora en dos ocasiones del primer lugar en el concurso de Buenas Prácticas Policiales, en 2015 y 2019.
En la primera oportunidad, por consolidar el proyecto “Programa Integral de Alerta Temprana en el Desempeño Policial”. Con este trabajo se minimizó el número de expedientes disciplinarios y mejoró el trabajo en equipo dentro de los centros de coordinación policial.
Cuatro años después, la institución se llevó nuevamente el primer lugar con el proyecto “Servicio de Comunicación Policial, Preventivo y Emergente”. El objetivo era “desarrollar competencias para motivar, liderizar, utilizar adecuadamente y eficientemente las herramientas tecnológicas, los recursos materiales y el talento humano perteneciente a los cuerpos de policías”.
El doble reconocimiento no logró desdibujar la imagen represiva y arbitraria que a pulso se ganado la policía estatal. Los trabajadores de la prensa han presenciado en primera fila los abusos.
Denuncias contra la Policía de Zulia
- El 11 de mayo de 2017, el fotógrafo Iván Ocando fue agredido por un funcionario de la Policía del Estado Zulia mientras documentaba los hechos ocurridos en una manifestación antigubernamental.
- En 2019, durante una protesta en el Mercado de Las Pulgas, en Maracaibo, funcionarios de la Policía del Estado Zulia agredieron a la periodista Nataly Ángulo, de El Pitazo y el Diario La Verdad. La amenazaron con quitarle su teléfono celular si no dejaba de grabar.
PNB del Estado Táchira
La Policía Nacional Bolivariana del Estado Táchira fue el sexto ganador del Concurso de Buenas Prácticas Policiales, por el proyecto “Plan de Formación Integral del Funcionario Policial y la ciudadanía en atención del personal con discapacidad”, en 2016.
La propuesta apuntaba a la protección integral de las personas con discapacidad, así como a la asistencia integral sobre la base de sus necesidades.
Tres años después el mismo cuerpo policial participó activamente en la represión de manifestaciones antigubernamentales registradas en Táchira en 2019. En esa ocasión, el adolescente Rufo Chacón perdió la vista tras recibir disparos de perdigones en el rostro.
Denuncias contra la PNB de Táchira
- El 1 de julio de 2019, Rufo Chacón, de 16 años de edad, perdió la vista luego de que funcionarios de la PNB de Táchira le dispararan perdigones en la cara. Ningún funcionario de la PNB fue sancionado por los daños irreversibles causados al adolescente.
- El 24 de febrero de 2015, Kluivert Roa, de 14 años de edad, fue asesinado durante una manifestación en la Carrera 15 de Barrio Obrero, en San Cristóbal. Ese día Roa salió de clases y coincidió con una protesta estudiantil en los alrededores de la Universidad Católica del Táchira. Su muerte es atribuida a funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana.
- Durante la pandemia por la COVID-19, dos funcionarios de la PNB de Táchira, en La Fría, le robaron una caja de refresco a un joven motorizado, además, decomisaron su motocicleta. En el video difundido por las redes sociales se observa el procedimiento delictivo por parte de los funcionarios. Ninguno fue sancionado.
Policía del Estado Falcón
En 2018, la Policía del Estado Falcón se llevó el primer lugar del concurso Buenas Prácticas Policiales por su proyecto “Brigadas Infantiles y Juveniles Integrales Preventivas del Delito».
El objetivo de este proyecto era implementar una estrategia de intervención social que contribuyera “al rescate de los valores para un mejor perfil ético, moral del hombre y la mujer del futuro al servicio de la familia y la comunidad”.
El proyecto se implementó en Falcón pero las denuncias de violencia de género y hostigamiento a las comunidades no cesaron. Al mismo tiempo, la agresión por parte de los funcionarios se mantuvo.
Denuncias contra la policía de Falcón
- El 15 de mayo de 2020, Lorenis Deyanin Benites fue víctima de los abusos de funcionarios de PoliFalcón, quienes la golpearon en la cara tras recibir una notificación de una pelea en el urbanismo Terrazas La Pastora. Los oficiales arremetieron contra la mujer porque esta discutía con un comerciante. Luego de la golpiza, los habitantes de la zona salieron a defender a la mujer; esto hizo que los funcionarios los apuntaran con sus armas de reglamento.
- Durante la cuarentena radical en 2020, en Coro, vecinos de la urbanización Las Velitas denunciaron repetidas veces abuso de autoridad por parte de funcionarios de PoliFalcón, quienes de forma violenta entraron a los edificios a detener a las personas por violar la cuarentena radical.
- El 28 de junio de 2017, durante una protesta pacifica antigubernamental, funcionarios de la Policía del Estado Falcón atacaron con bombas lacrimógenas a los manifestantes. En la jornada de protesta siete jóvenes fueron detenidos y otros ciudadanos resultaron heridos. Entre ellos, una mujer sufrió lesiones en el rostro al intentar salvar a su hijo de los cuerpos de seguridad.
Policía del Estado Lara
Finalmente, y no precisamente menos violento cuando de ejecuciones extrajudiciales se refiere, figura el estado Lara. La policía de esta entidad fue la ganadora de la más reciente edición del concurso Buenas Prácticas Policiales, celebrado en octubre de 2020.
La Policía del Estado Lara presentó el proyecto “Manual y protocolos de bioseguridad de los procedimientos extraordinarios”. De acuerdo con funcionarios de ese cuerpo policial, fue ideado para atender la emergencia sanitaria por la COVID-19 en los nueve municipios de la entidad centroocidental.
Uno de los policías consultados -quien prefirió mantener su identidad oculta- explicó que este proyecto se realizó con base en el decreto presidencial sobre el estado de alarma establecido en marzo de 2020.
Lea también: Policías mataron a 197 personas en Lara durante 2020
La implementación de este proyecto se traduce en hacer cumplir las medidas dictadas en el marco de la llamada cuarentena social. La labor de la policía se concentra en las semanas de radicalización, a través de la instalación de alcabalas entre los municipios y en las salidas del estado.
Curiosamente, ninguno de estos protocolos de bioseguridad de procedimientos extraordinarios, ni tampoco alguno de los proyectos presentados en esta X edición del concurso, apunta al respeto de los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas. La tarea de velar por el cumplimiento de la cuarentena ha estado asociada a denuncias por abusos policiales, tratos crueles e inhumanos por parte de funcionarios de seguridad del Estado y hasta corrupción entre otros atropellos.
Denuncias contra la Policía del Estado Lara
En la documentación directa que realizó Proiuris durante 2020 en el estado Lara, se registraron ocho procedimientos por parte de PoliLara. La actuación de la policía dejó como saldo tantas víctimas fatales como cantidad de procedimientos.
Los familiares de estas ocho víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales denunciaron a los funcionarios actuantes como violadores de derechos humanos.
Las víctimas sobrevivientes desmintieron la versión oficial que hacía referencia a enfrentamientos y aseguraron que sus seres queridos fueron ejecutados extrajudicialmente.
Esta misma policía laureada por el Visipol es la titular de una acusación por parte del Comité de Víctimas Contra la Impunidad del estado Lara. En ella se señala a la institución como responsable de ejecuciones extrajudiciales cometidas entre los años 2000 y 2011
Lea también: OVV: la policía mató más que la COVID-19 y la delincuencia en 2020
Por otro lado, la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) hace referencia a un informe de la Fiscalía General de la República que incluye estadísticas desde el 2000 al 2007. Allí se registran 1.133 casos de violaciones de derechos humanos en el estado Lara con un saldo de 1223 víctimas.
Lesiones, privación ilegítima de libertad, violación de domicilio, abuso de autoridad, torturas, acoso u hostigamiento, amenazas y desapariciones forzadas, son las violaciones registradas en los casos, siendo las tres primeras las más perpetradas por la Policía del Estado Lara.
Al menos 641 funcionarios de las policías estadales fueron señalados como responsables de las vulneraciones a los derechos humanos. El mismo informe sostiene que de las 50 imputaciones que se hicieron contra los funcionarios solo dos fueron arrestados.
PoliLara también fue el cuerpo de seguridad que más ejecuciones extrajudiciales habría cometido entre los años 2000 y 2007 en el estado. De los 278 casos registrados a PoliLara se le atribuyen 160 muertes en supuestos enfrentamientos.
Tal como el nombre lo señala, este concurso apunta a la promoción y reconocimiento de buenas prácticas policiales; pero los cuerpos de seguridad galardonados se han encargado de desarrollar la antítesis de los proyectos que plantean, y en algunos casos, sus aportes a la sociedad no son suficientes ni mucho menos reparan los daños causados.
