Luego de agotar todas las vías judiciales, familiares de los trece presos políticos pemones señalados de asaltar el Batallón 513 de Infantería de Selva de la Gran Sabana, en el estado Bolívar, en diciembre de 2019, denunciaron la violación de sus derechos humanos y exhortaron a la comunidad internacional a interceder
Reporte Proiuris
Erick S. González Caldea
La vida del pemón Salvador Fernando Franco Pérez, de 44 años de edad, está en riego. Así lo denunciaron familiares de los treces presos políticos pemones detenidos en el centro de reclusión Rodeo II, desde julio de 2020.
Luego de agotar todas las instancias judiciales nacionales, los familiares emitieron un comunicado dirigido a organismos internacionales como la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet; la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Estados Americanos (OEA).
Los familiares de los pemones detenidos por su presunta participación en la denominada Operación Aurora denunciaron que algunos corren peligro de muerte.
En la misiva, firmada por 73 familiares y defensores de derechos humanos, publicada este 28 de diciembre, se detalló que el estado de salud del indígena pemón Salvador Franco comenzó a deteriorarse rápidamente desde su traslado de la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Caracas, a la cárcel Rodeo II, hace seis meses.
“Hoy nuestro hermano Salvador Franco (…) se encuentra en peligro de perder la vida, motivado a la negación de atención medica especializada, aun siendo ordenada el pasado 27 de noviembre de este año por disposición del Tribunal”, se lee en el comunicado.
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Los trece pemones fueron detenidos el 22 diciembre de 2019, por funcionarios de la Dgcim, tras ser señalados de participar en el asalto al Batallón 513 de Infantería de Selva de la Gran Sabana en el estado Bolívar.
Los pemones detenidos son Óscar Albeniz Pérez, Leomar Delgado, Alfredo Fernández, Frank Fernández, Fiacencio Meya, Amilcan Pérez, Frederick Fernández, Lisandro González, Carlos García, Pantaleón Pérez, Willy Martínez, Ronny Sánchez y Salvador Franco.
Días después de la detención, el juez del Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia en Terrorismo, convalidó la imputación de la fiscalía por los delitos de terrorismo, sustracción de armas de fuego o municiones en resguardo.
Alerta internacional
En septiembre de 2020, el coordinador de Pueblos Indígenas de la organización no gubernamental Foro Penal, Olnar Ortiz, denunció desde las puertas del centro penitenciario que los indígenas estaban aislados y no recibían la debida alimentación.
Los familiares de los presos políticos pemones también hicieron un llamado a la Federación Indígena del Estado Bolívar (FIDB), al Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón, a la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) a que se pronuncien contra las violaciones de los derechos humanos de los detenidos.
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“Al secretario General de la OEA, Luis Almagro, así como a la CIDH y la relatora de pueblos indígenas, Antonia Urrejola Noguera, los cuales a través de sus diferentes canales formales hagan un exhorto al Estado venezolano de que de cumplimiento a la medida cautelar de fecha 28 de febrero, para que cese el hostigamiento inmediato contra los 13 indígenas presos políticos miembros de la comunidad Kumarakapay”, se lee en el documento.
Finalmente, se exhortó a los miembros de la sociedad civil a que denunciaran la situación de los derechos humanos de los trece indígenas detenidos.
